doi.org/10.17141/urvio.42.2025.6446

De guerrilleros a civiles citadinos: proceso de paz en Colombia 2016-2024

From peasant guerrillas to urban civilians: the peace process in Colombia peace process in Colombia 2016-2024

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Recibido: 28 de diciembre de 2024
Aceptado: 2 de marzo de 2024
Publicado: 31 de mayo de 2025

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(*) Universidad de Santiago de Compostela, España, ojsierram@unal.edu.co, orcid.org/0000-0001-9217-3512

(**) Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, aumoto9316@gmail.com, orcid.org/0000-0002-9772-8297

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Resumen

Introducción: la implementación del acuerdo de paz en Colombia ha representado un desafío significativo para sus firmantes, quienes han debido enfrentar una realidad distinta a la que conocían en el ámbito campesino o en la clandestinidad. Objetivo: analizar los cambios que han experimentado los firmantes del acuerdo de paz en su vida cotidiana. Metodología: se realizaron entrevistas a 15 firmantes del acuerdo entre 2017 y 2024, diseñadas para explorar aspectos de su cotidianidad y las problemáticas relacionadas con el proceso de reincorporación. El análisis de estas entrevistas permitió identificar tres desafíos principales que afectan su día a día: la falta de empleo, los problemas de seguridad y la precariedad en el acceso a vivienda. Estas dificultades han impactado directamente su calidad de vida, han limitado su integración plena como ciudadanos y han afectado a los resultados esperados del proceso de reincorporación. Conclusiones: es necesario replantear el modelo de reincorporación, alejándolo de una visión centrada en la desmovilización, para garantizar la efectiva integración de los firmantes como ciudadanos dentro del país.

Palabras clave: cotidianidad; firmantes del acuerdo de paz; reincorporación; seguridad; trabajo

Abstract

Introduction: the implementation of the peace agreement in Colombia has posed significant challenges for its signatories, who have had to adapt to a reality far removed from their previous experiences—whether in rural life or in hiding. Objective: this study examines the transformations in the daily lives of the peace agreement’s signatories following its implementation. Methodology: between 2017 and 2024, interviews were conducted with 15 signatories of the agreement, focusing on their everyday experiences and the challenges encountered during the reincorporation process. The analysis revealed three major obstacles affecting their daily lives: unemployment, security concerns, and inadequate housing access. These challenges have significantly diminished their quality of life, hindered full societal integration, and undermined the anticipated success of the reincorporation process. Conclusions: the current reincorporation model, which remains overly focused on demobilization, must be re-evaluated. A more comprehensive approach is needed to ensure the signatories’ effective integration as citizens and the long-term sustainability of peace in Colombia.

Keywords: Everyday life; Peace agreement signatories; Reincorporation; Security; Work

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Introducción

El Acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo) se firmó el 24 de noviembre de 2016, en el teatro Colón de Bogotá. Es uno de los acontecimientos más destacados dentro del orden nacional y regional en el siglo XXI.  Anteriormente, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un proceso de desmovilización entre 2003-2006 con el gobierno (Función Pública 2005).

La guerrilla comunista FARC-EP hasta ese momento era considerada la más grande del continente, y se extendía por casi toda la geografía nacional, con capacidad de fuego. Esto implicaba que se considerara a algunas regiones teatro de operaciones por los enfrentamientos contra el Estado y los grupos de paramilitares que operan como una fuerza aliada del Estado (Echavarría Álvarez et al. 2023) y muchas veces actúan como parte del establecimiento en operaciones en la sombra (Centro Nacional de Memoria Histórica 2018).

Las negociaciones entre el gobierno y las FARC terminaron el 24 de agosto de 2016, momento en el cual se firmó el documento de 310 páginas: el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016). En la página 310 firman el presidente de la República y el jefe máximo de las FARC. El Acuerdo fue celebrado en ceremonia protocolaria en la ciudad de Cartagena de Indias, el 26 de septiembre, pero tuvo que ser reformado tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre del mismo año.

Una de las principales innovaciones del Acuerdo Final de Paz (AFP) radica en su enfoque sobre la reincorporación de los firmantes. A diferencia de procesos de paz anteriores (como los del M-19, EPL y MAQL en la década de 1990), donde no se contempló explícitamente la reincorporación colectiva, el AFP con las FARC-EP estableció un modelo distintivo. Las FARC-EP, a través de su Estado Mayor Central (EMC, 26 de agosto de 2017), enfatizaron que su transición a la vida civil trascendería el mero cambio de estatus de guerrilleros a civiles y propusieron, en cambio, una reincorporación de carácter colectivo y con un enfoque estructural más que asistencial. Esto lo comentó José1 en la entrevista: “La permanencia en comunidad era la garantía de que el proceso de implementación se diera como se había firmado y con la posibilidad de participar en política de forma legal”.

Los gobiernos de Santos y Duque le dieron mayor importancia a la reincorporación individual (Estrada 2019). Esta aproximación se materializó en un mayor apoyo a emprendimientos individuales, mientras que los proyectos colectivos enfrentaban dilatados procesos de aprobación y financiación. Al respecto, Juan2 afirma: “Preferíirme con mi capital semilla e iniciar un emprendimiento de reparación de computadores, poner en práctica lo estudiado, me dio miedo que me maten, a todos los que están en cooperativas los están matando”.

Conceptualizar la reincorporación únicamente como dejar las armas constituye un enfoque reduccionista. Las negociaciones de La Habana (Torres 2019) establecieron un modelo multidimensional que integraba componentes económicos (Estrada 2019), políticos (Jiménez y Toloza 2019) y colectivos (Delegación de Paz de las FARC-EP 2015). Este diseño buscaba preservar la identidad colectiva de los excombatientes, arraigada en la trayectoria histórica de las FARC-EP como organización guerrillera. La dimensión política, en particular, implicaba la continuidad de su lucha por vías institucionales. Stina Torjesen (2013) caracteriza los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) mediante dos transformaciones clave: 1) el cambio identitario de combatientes a civiles, y 2) el abandono de la violencia para adoptar prácticas socialmente legitimadas. No obstante, esta investigación se centra específicamente en excombatientes que permanecen en sus zonas originales de dejación de armas pero que, por diversas razones, quedaron al margen de los mecanismos formales de reintegración.

Este modelo de participación fue creado en la década de 1990 bajo el marco del proceso de DDR, implementado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como estrategia para mantener la paz, con el objetivo de lograr estabilizar, controlar y desmantelar a los grupos armados (Agencia Colombiana para la Reintegración 2013). El proceso de DDR puede entenderse también como un mecanismo de participación política en escenarios locales y regionales, que facilita el involucramiento activo de excombatientes en la toma de decisiones y reconoce su rol como sujetos políticos en la construcción de paz.

En medio de las negociaciones, las FARC-EP plantearon que no iban a seguir el modelo del gobierno de DDR, debido a que estaba basado como una táctica de guerra para disminuir su cohesión interna. Además, lo que buscaba era una reintegración individual y no de un colectivo; la reintegración busca establecer medidas legales, económicas y sociales para que cada uno se integre a la vida civil (Sundh y Schjørlien 2006).

Las FARC-EP manifestaron que su proceso de reincorporación a la vida civil trascendía la simple transición de combatientes a civiles. Propusieron una reincorporación de carácter colectivo, no individual, y orientada más hacia una transformación estructural que hacia un enfoque asistencialista (FARC-EP 2016). Asimismo, utilizaron una terminología específica para expresar su visión del proceso: no se desarmaban, sino que dejaban de usar las armas para continuar su lucha por medios exclusivamente democráticos; no se desmovilizaban, sino que desmontaban sus estructuras armadas manteniéndose como un colectivo político; no se reinsertaban en la sociedad, sino que se reincorporaban al sistema político que habían cuestionado históricamente (Zambrano Quintero 2019).

Por lo anterior, la reincorporación es el término más apropiado para esta investigación, debido a que la implementación de la reincorporación surge de un acuerdo de paz entre las dos partes y no de la ejecución de una política de guerra. Aunque el Estado no ha dejado de lado su práctica de DDR, este no ha comprendido el significado de lo colectivo en las organizaciones guerrilleras. Para el Estado colombiano, la reintegración tradicionalmente ha apuntado a lo individual y una despolitización de lo colectivo. Sin embargo, como parte de lo acordado, la Agencia Para la Reintegración cambió de nombre y ahora es Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN). De acuerdo con lo anterior, se ha encontrado evidencia de que los procesos de DDR cuya idea ha sido reintegrar a los excombatientes de manera colectiva han sido casos exitosos, donde no se han reiniciados las hostilidades; en cambio, los procesos de reintegración que apuntan hacia lo individual empujan a la criminalidad o a la conexión con estructuras no organizadas (Kreutz 2020).

Este escrito pretende indagar cómo ha sido la vida de quienes abandonaron las zonas Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y se desplazaron hacia las ciudades, e inician una vida diferente a la que estaban acostumbrados, en la que ahora se integran con todas las complejidades de las grandes ciudades, así como las limitaciones que deben afrontar como la pobreza, falta de empleo, vivienda y solventar su día a día. En la primera parte de esta investigación se analizan desde diversas perspectivas los estudios surgidos luego de la firma de los acuerdos de paz.

En la segunda parte, la metodología de análisis exploratorio cualitativo se basa, en un primer momento, en visitas a los ETCR entre los años 2017-2020, para indagar sobre la nueva vida lejos de las armas y el trasegar de la guerra de quienes firmaron el acuerdo. Luego, se explora cuando los firmantes empiezan a abandonar las zonas y se ubican en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán. En este tránsito perdimos el contacto de varios entrevistados y uno de ellos fue asesinado. Las conclusiones permiten establecer que es muy poco lo que se ha avanzado en materia de implementación, y que la violencia sigue persiguiendo a los firmantes. Las entrevistas se realizaron bajo consentimiento informado, y se protegió la identidad de los participantes mediante el uso de seudónimos.

Marco teórico

Según Certeau (2007), lo cotidiano constituye un proceso de producción de espacios propios que implica necesariamente la resistencia a contaminaciones físicas, cognitivas y políticas que puedan alterar su integridad. Para los excombatientes, su transición hacia entornos urbanos representó un desafío adaptativo fundamental: la necesidad de apropiarse de códigos urbanos complejos, lo que supuso un constante proceso de reinterpretación y negociación de un sistema espacial-social con exigencias particulares de interacción. Como señala Certeau (2007, 108), la ciudad se configura como un espacio estructurado a partir de propiedades estables y articuladas, lo cual genera una curva de aprendizaje significativa para sujetos acostumbrados a otras lógicas territoriales.

Los motivos de los firmantes para trasladarse a las ciudades incluyen la búsqueda de anonimato para evitar que su origen sea conocido. Adaptarse a la vida urbana implica conseguir vivienda, repartir gastos y enfrentar dificultades económicas, pues la mayoría carece de empleo fijo y depende de la renta básica, insuficiente para cubrir servicios, alimentación, transporte y educación.

Heller (1994) define la vida cotidiana como el conjunto de actividades que permiten al individuo reproducirse y cumplir su función en la sociedad. En este contexto, los firmantes deben integrarse a lo colectivo, y acceder a necesidades básicas como educación y movilidad. Muchos iniciaron emprendimientos con el capital semilla de ocho millones de pesos colombianos y se enfocaron en proyectos productivos colectivos. Sin embargo, hasta ahora no han logrado ser autosostenibles. Hasta ahora, 1500 excombatientes trabajan en la Unidad Nacional de Protección (UNP), contratados como escoltas por prestación de servicios, principalmente para proteger a firmantes amenazados o con rangos en la guerrilla.

Los estudios que surgen a partir de la firma del AFP buscan explicar cómo va el proceso de implementación; si los firmantes están cumpliendo con lo pactado, y cómo son las zonas donde estos inician su camino hacia la vida civil. Otros estudios buscan explicar el proceso de reincorporación a través de los emprendimientos que muchos iniciaron con el capital semilla que recibieron por parte del Estado.

Aya Smitmans (2017), en un estudio, recorre los procesos de paz que han existido en Colombia. Una de las partes fundamentales del Acuerdo con las FARC-EP es la Reforma Rural Integral: la deuda que el Estado colombiano ha tenido con el campesinado, excluido de las políticas de los gobiernos. Cerrar la brecha con el campesinado, principal afectado por el conflicto armado, es fundamental para avanzar hacia la paz en Colombia. Este enfoque explica por qué la reforma agraria fue el primer punto de la Agenda de Negociación con las FARC. Para esta guerrilla, el problema agrario justificaba su lucha (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 1964).

La implementación efectiva de este componente del acuerdo permitiría no solo mitigar conflictos sociales latentes, sino también abordar estructuralmente el fenómeno de los cultivos ilícitos, cuyo crecimiento exponencial ha funcionado como combustible para perpetuar el conflicto armado y la violencia regional. Según la Comisión de la Verdad (2022), el narcotráfico ha permeado progresivamente las estructuras de poder institucional, generando una simbiosis entre crimen organizado y Estado que algunos analistas caracterizan como “narcoestado”. Esta situación ha justificado la intervención de actores internacionales, particularmente Estados Unidos, bajo el discurso del combate al narcotráfico, aunque con impactos controvertidos en la soberanía nacional.

El AFP aborda temas cruciales como el fin del conflicto (punto 3) y los derechos de las víctimas (punto 5), pero su implementación ha enfrentado numerosos obstáculos. Según Saffon Sanín y Güiza Gómez (2019), el plebiscito que resultó en el triunfo del “no” marcó un punto de inflexión, pues generó retrasos significativos, incluyendo dificultades para adecuar las zonas veredales destinadas a reincorporar a los firmantes.

El periodo presidencial de Iván Duque (2018-2022) marcó un giro significativo en la implementación del AFP. Su gobierno adoptó una posición de distanciamiento institucional, alegando no estar jurídicamente obligado a cumplirlo, al no haber sido signatario original del acuerdo (Ríos 2022). Este enfoque se manifestó particularmente en el retraso en la operativización de la Justicia Especial para la Paz (JEP), cuya implementación formal se inició el 6 de junio de 2019 (JEP 2019) con notables demoras procedimentales.

Estas circunstancias generaron dos fenómenos paralelos: por un lado, el rearme de segmentos de excombatientes (especialmente en los Frentes 1, 7 y 40, que nunca se acogieron al proceso de paz según el CICR [2019]), y, por otro, una ola de violencia sistemática contra firmantes del acuerdo. Entre las disidencias organizadas se destacan estructuras como la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques, junto con el emergente Ejército Bolivariano. Se manera paradójica, pese a este contexto adverso, el movimiento político surgido de las FARC-EP logró constituirse formalmente como partido político, con lo cual demostró la coexistencia de caminos divergentes en la implementación del acuerdo: la reincorporación política institucional y el recrudecimiento del conflicto.

El asesinato de firmantes, líderes sociales y el desplazamiento forzado reflejan el incumplimiento del gobierno. Alméciga, García y Álvarez (2019) sostienen que estas violencias responden más a una falta de capacidad política que institucional. La figura de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creada para facilitar la transición a la vida civil, desapareció formalmente en 2019. Aunque algunas zonas como Policarpa, Nariño, habían sido desmanteladas debido a amenazas y ataques (Fundación Paz y Reconciliación 2018).

Las Zonas Veredales Transitorias (ZVT), inauguradas el 15 de agosto de 2017 (CINEP 2017), fueron espacios donde entidades gubernamentales y universidades impulsaron cursos y proyectos para que los excombatientes de las FARC-EP iniciaran emprendimientos y lograran ingresos propios. Jaramillo (2023) analiza tres ZVT (Agua Bonita, Llano Grande y San José de León), y explora las relaciones sociales entre excombatientes, entidades nacionales e internacionales, y comunidades aledañas. Este proceso colectivo de reincorporación busca integrar a los exguerrilleros en la sociedad y fomentar la construcción de paz a través del desarrollo comunitario (Scuticchio 2016).

En Nariño, Mouly et al. (2019) estudiaron comunidades que albergan excombatientes, paramilitares y desertores. Estas comunidades de paz, declaradas neutrales frente al conflicto armado, mantienen una posición autónoma y han logrado generar entornos relativamente libres de violencia, incluso en zonas de alta conflictividad.

Los estudios sobre la reincorporación política de las FARC-EP evidencian que, pese a las garantías institucionales del Acuerdo Final de Paz (AFP) –incluidas 10 curules transitorias (cinco en Senado y cinco en Cámara)–, el desempeño electoral del partido FARC –luego Comunes– fue limitado. Esto ocurrió, sobre todo, en zonas urbanas y en regiones históricamente afectadas por el conflicto, como Catatumbo, Teorama y Norte de Santander, donde persiste la presencia de grupos armados y la desconfianza hacia la transición política (Echandía Castilla y Cabrera Nossa 2021). Esta brecha entre el diseño normativo del AFP y la realidad territorial refleja los desafíos de convertir capital bélico en capital político en contextos de violencia persistente, marcados por la estigmatización, la competencia con actores armados y la débil penetración institucional en antiguos bastiones guerrilleros (Scuticchio 2016).

El estudio de Jiménez (2023) sobre la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y la comisión de diálogo en el Catatumbo (2017-2022) revela obstáculos estructurales que han limitado su efectividad y han generado descontento tanto en excombatientes como en comunidades locales. La investigación evidencia una percepción generalizada de incumplimiento, donde los avances en la construcción de paz son evaluados como marginales (Fajardo 2019). Esta situación ha derivado en tres fenómenos críticos: 1) algunos firmantes han abandonado las comunidades, 2) se registran casos de rearme en respuesta a la precariedad institucional, y 3) se depende de una renta básica insuficiente para garantizar condiciones de vida digna, lo que cuestiona la sostenibilidad del proceso de reincorporación económica previsto en el Acuerdo Final de Paz. Para Pablo, “tener que irme para la ciudad ha sido difícil, acomodarme en una pieza, pagar arriendo todos los meses, la renta no alcanza; vivir en la ciudad es muy duro, para un campesino que he sido”.

Según Alméciga, García y Álvarez (2019), muchos emprendimientos de los excombatientes no han sido exitosos, especialmente aquellos relacionados con actividades agropecuarias debido a la falta de tierras. Los ETCR son espacios arrendados, no propiedad del Estado ni de los exguerrilleros, lo que impide usarlos para proyectos a largo plazo (Valencia 2019). Esto deja a los ex-FARC sin un lugar seguro donde reiniciar sus vidas civiles y los enfrenta con dificultades para cubrir gastos básicos como vivienda, educación y manutención familiar, sobre todo para quienes tienen hijos menores (Ríos 2024). Un, fueron los firmantes ubicados en la zona conocida como el Diamante.  Esto lo comenta Liliana3, quien estuvo de paso en este lugar:

En el Diamante, este proyecto había crecido en agricultura con maíz, se construyeron cinco cabañas para turistas, había un restaurante que funcionaba cuando llegaban turistas, las amenazas hicieron que se acabara el lugar, todo quedó abandonado, por el asesinato de varios firmantes en la zona.

En 2021, muchos excombatientes seguían sin claridad sobre su futuro, además de la pandemia han enfrentado altos niveles de inseguridad laboral y personal. El asesinato de firmantes es un problema recurrente: 463 firmantes han sido asesinados, de estos 13 en 2025 (Indepaz 2025).4 Esta situación ha forzado a algunos a desplazarse hacia ciudades capitales, donde deben sobrevivir con la renta básica del Estado, insuficiente para cubrir sus necesidades (menos de un salario mínimo). Para Juan, “es imposible que alguien pueda vivir solo con la renta básica, toca pagar arriendo, en barrios pobres donde lo que abunda es delincuencia y violencia”.

Investigaciones recientes (Vargas Reina, Ortiz Camargo y López Ortiz 2023) revelan que, según datos censales de la Universidad Nacional, el perfil sociodemográfico de los excombatientes se compone predominantemente de hombres (77 %) frente a mujeres (23 %), con una marcada procedencia rural. El estudio detecta un fenómeno crítico: el abandono progresivo de los ETCR, ya sea mediante retornos individuales a sus lugares de origen o mediante procesos de migración colectiva hacia centros urbanos como Bogotá, donde se organizaron en la Asociación Nuevo Agrupamiento para la Paz Distrito Capital (ANA DC). No obstante, la investigación advierte una grave limitación: la ausencia de mecanismos institucionales para el seguimiento sistemático de esta población reubicada en capitales, lo que evidencia fallas estructurales en el modelo de reincorporación, particularmente en su componente urbano y de género. Pablo5 afirma:

A pesar de vivir en la ciudad, ninguna organización nos ha preguntado cómo estamos viviendo, solo nos reunimos para hacer seguimiento si estamos cumpliendo nada más, no sé cómo es el tema de hijos, enfermos o personas de la tercera edad en la  ARN [Agencia de Reincorporación Nacional].

Nuevos conflictos

Otros estudios analizan los nuevos conflictos, actores armados y disidencias, así como el crecimiento de estos grupos y las zonas donde los combates persisten. También examinan las regiones ocupadas por grupos armados tras la salida de las FARC-EP, ahora con denominaciones como Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, Frente Primero, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo, entre otros armados.

Según Díaz Galán (2021), el AFP es el mecanismo más adecuado para poner fin a décadas de guerra en Colombia. Sus seis puntos permiten prever que, al implementarse, el país se alejará de la confrontación armada y avanzará hacia una transformación estructural de las regiones afectadas; destaca la importancia de su implementación para lograr una paz estable y duradera. En el último informe de la ONU en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, se subraya como muestra de éxito que la gran mayoría de los excombatientes sigan involucrados en su proceso de reincorporación y comprometidos con la paz. Aproximadamente el 99 % (27 % mujeres) está inscrito en el programa de reincorporación (Organización de Naciones Unidas 2025). Francisco afirma: “Para mí este proceso ha sido muy difícil, empezando por la vida en comunidad, en la ciudad la vida es muy sola, pero me comprometí con la paz y aquí estaré hasta que tenga vida”.

Cairo y Ríos (2019) desarrollan el concepto de paz territorial, derivado de la paz liberal que, aunque no se aplica directamente al caso colombiano, complementa el enfoque de derechos, sobre todo en la Reforma Rural Integral del Acuerdo. Este enfoque busca promover asociatividad, integración comunitaria y desarrollo sostenible, superando el conflicto armado y transformando estructuralmente las regiones. Lo más lamentable, afirma Mireya, es que “han venido asesinando a todos los firmantes que dirigen algún proyecto, lo que casi siempre implica que se pierda, la gente no sigue o se desplaza, ese proyecto queda abandonado”.

En su último informe (octavo), comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, el Instituto Kroc, en su análisis cuantitativo sobre la implementación del acuerdo, destaca que los niveles más bajos, sigue siendo la implementación de la reforma rural integral. Además, como otro tema importante, señala la baja ejecución presupuestal de los recursos destinados para la implementación (Echavarría Álvarez et al. 2024).

La investigación de Gutiérrez (2020) ofrece una crítica fundamental al concepto de paz exitosa. Demuestra cómo el asesinato sistemático de excombatientes, el retorno parcial al conflicto armado y el incumplimiento progresivo de los acuerdos representan fallas estructurales en el proceso de implementación. El análisis revela que durante la fase de aprobación parlamentaria se introdujeron modificaciones sustanciales al texto original sin consenso con el gobierno ni participación efectiva de las FARC desmovilizadas, lo que generó un desbalance institucional desde el inicio.

Estos hechos permiten prever que el gobierno, después de que la insurgencia entregó las armas, dejó de interesarse en la implementación, factor fundamental para consolidar la paz. No creó condiciones dignas para que los firmantes no pensaran en volver a las armas. Muchos de ellos llegaron a sus lugares de origen y encontraron las mismas condiciones de pobreza, falta de empleo y de nulas garantías para su seguridad.

De guerrilleros a civiles

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la vida de los excombatientes cambió drásticamente, pasando de un estilo nómada a uno más sedentario en entornos urbanos. En esta transición inicial, intentaron conservar prácticas de su vida guerrillera, como la organización interna y actividades culturales relacionadas con su experiencia militar. Para Camila6,

este paso ha sido difícil. En un principio queríamos mantener el orden interno, mantener actividades culturales, no abandonar lo que nos formó como colectivo, pero la ciudad tiene otros códigos y formas de relacionarnos, aunque en las reuniones de partido tratamos de hacer actividades culturales y pues la dirección del partido siempre tiene la palabra.

Sin embargo, al integrarse en las ciudades, estas prácticas se transformaron y afectaron a hábitos como horarios, relaciones vecinales, interacción con antiguos compañeros, y aspectos como vestimenta, lenguaje y comportamiento. Según Bourdieu, citado por Jacintho (2002), la vida cotidiana confronta a los individuos con su identidad y contexto social, y puede reforzarla o generar profundas dudas sobre su posición en la sociedad.

El censo de la Universidad Nacional sobre reincorporación (2017) realizado en los ETCR reveló datos significativos sobre el perfil socioeducativo de los excombatientes: de las 10 015 personas registradas en proceso de reincorporación, el 77 % eran hombres y el 23 % mujeres, con predominio de origen rural (66 %). Aunque el 90 % demostraba competencias básicas de lectoescritura, solo el 8 % había completado la educación media y una minoría contaba con formación superior. La investigación también identificó condiciones materiales precarias: el 77 % carecía de vivienda propia y sus aspiraciones laborales claramente se orientaban al sector agropecuario. Estos hallazgos sugieren que la mayoría de los firmantes proyectaban su reinserción en actividades rurales y manifestaban intención de permanecer en los ETCR. Pablo dice: “El día que tuve que venirme para Bogotá sentí una tristeza, pensé en regresar pronto, pero han pasado los años y no he podido”.

El anuncio formal de los diálogos de paz por parte del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en 2012, tras un proceso exploratorio iniciado en 2010, marcó un punto de inflexión para numerosos combatientes de las FARC-EP. Según los testimonios recogidos en esta investigación, muchos comenzaron a visualizar por primera vez un futuro alternativo al conflicto armado, y manifestaron aspiraciones diversas que incluían desde el desarrollo de proyectos propios hasta el anhelado reencuentro familiar en sus territorios de origen.

Los relatos de los entrevistados coinciden en señalar el momento específico en que sus mandos comunicaron el inicio formal de las negociaciones en La Habana como un momento de dignificación de su lucha y de esperanza por un nuevo futuro. Según Francisco7, solo se enteraron sobre los diálogos exploratorios quienes fueron designados para esta tarea. Según el informe de la ONU (2024), 10 265 firmantes de paz dejaron los ETCR y se trasladaron a más de 600 municipios, incluidas ciudades capitales y zonas urbanas cercanas; muchos de los que se quedaron en estas zonas han sido desplazados (Redacción Colombia +20 2025a). No obstante, abandonar la lucha armada no implicaba romper los lazos creados durante años de convivencia; por eso se planteó crear los Territorios Especiales para la Construcción de Paz (TERREPAZ), que buscaban garantizar una reincorporación colectiva, y fortalecer la identidad, la convivencia y el sentido de pertenencia en las comunidades (Delegación de Paz de las FARC-EP 2015).

Esta investigación analiza la vida cotidiana de los firmantes a través de sus narrativas, y explora cómo construyen y resignifican su existencia en la reincorporación, mientras enfrentan los desafíos derivados del AFP y las fallas en la política de reincorporación.

Metodología

Para elaborar esta investigación se toma un enfoque cualitativo exploratorio mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas a firmantes de paz en Bogotá, Cali y Popayán. En el estudio se buscó analizar las nuevas formas de vida de los excombatientes de las FARC, quienes eligieron reincorporarse en ciudades; se explora su identidad como habitantes urbanos, su relación con las comunidades receptoras y las situaciones cotidianas que enfrentan.

El trabajo de campo se dividió en dos fases: entre 2017 y 2020 se visitaron los ETCR La Elvira (Cauca), Mariana Páez y El Diamante (Meta). Se investigaron las expectativas sobre la implementación del acuerdo de paz y las nuevas dinámicas de vida, sin armas y lejos de sus zonas rurales. Estas primeras entrevistas se efectuaron con un grupo de 20 personas, uno de ellos fue asesinado en el 2021. A cuatro restantes fue imposible ubicarlos por sus traslados de zona y cambio de teléfonos.

Posteriormente, en Cali, Bogotá y Popayán, se llevaron a cabo encuentros informales en eventos públicos, y se profundizó en sus experiencias urbanas y el grado de adaptación al proceso de transición en 2024. Esta metodología permitió identificar problemáticas en el paso de la vida insurgente a la civil en contextos urbanos, aportando un análisis crítico sobre la reincorporación en las ciudades. Las respuestas cambiaron con respecto al avance del tiempo y surgimiento de dificultades en la cotidianidad.

Participantes

La muestra inicial incluyó 20 firmantes del Acuerdo Final de Paz (AFP), 15 hombres –uno de ellos es lisiado de guerra– y cinco mujeres mayores de 40 años, con más de 20 años de militancia en las FARC-EP. Debido al asesinato de un participante y la pérdida de contacto con cuatro firmantes, la muestra final quedó conformada por 15 participantes (10 hombres y cinco mujeres), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Ellos accedieron voluntariamente al estudio. Del total, tres eran profesionales (dos hombres, una mujer), cinco estaban en formación académica (tres hombres, dos mujeres), y los siete restantes no tenían vinculación con procesos educativos formales.

Instrumento

Las entrevistas se realizaron entre 2017 y 2020, y luego en 2024 para reconocer los efectos de la implementación del acuerdo en la vida cotidiana de los firmantes.8 La idea de estructurar así la investigación es de analizar las diferentes problemáticas que surgen en la cotidianidad con el avance de la implementación del acuerdo de paz.

Resultados

De acuerdo con las entrevistas, se construyeron tres categorías que engloban la vida cotidiana de los firmantes del acuerdo a partir de la nueva realidad de los firmantes, debido a que se encontraron con una realidad casi distópica en la que no tenían seguridad ni vivienda, y el trabajo no es una fuente de subsistencia. Estos temas son una preocupación constante, en donde se evidencian fallas de la reincorporación en la implementación del AFP.

Para interpretar los resultados se utilizó el análisis de narrativas, que permite construir categorías para comprender fenómenos y vivencias cotidianas. De acuerdo con las comunalidades de los entrevistados, se construyeron las categorías de trabajo, seguridad y vivienda, que son las situaciones por las que atraviesan en su cotidianidad como habitantes de ciudad.  

Trabajo

Muchos integrantes de las FARC ingresaron a la guerrilla por falta de oportunidades laborales. Ser desempleado significa contar con muy pocas posibilidades de desarrollar una vida digna. Al ingresar a la guerrilla, tenían cubiertas las necesidades básicas de todo ser humano, como comida, ropa, zapatos, lugar donde dormir y, en la medida de lo posible, atención médica. Afirma Liliana: “En la guerrilla se vivía en campamentos, se permanecía pocos días, cada uno cargaba su equipo de campaña donde llevaban sus objetos personales y avituallamientos, se dormía en caletas construidas por nosotros”.

Esta fue una de las primeras preocupaciones de los firmantes del acuerdo al entregar las armas y disolverse la unidad de mando. El mando no solo era quien daba las órdenes, sino quien proveía las necesidades básicas; se preocupaba porque su tropa estuviera alimentada y tuviera siquiera dos cambios de ropa, fuera del camuflado.

Una de las primeras preocupaciones de los firmantes fue sobre quién les iba a proveer esas necesidades básicas. En un primer momento, como parte del proceso de dejación de armas, el gobierno les entregó a todos dos cambios de ropa y un par de tenis de tela y algunos ajuares para los recién nacidos. José comentó: “Uno no puede estar mal vestido para atender reuniones con el gobierno y no puede comprar ropa de marca; encontré un sitio en Bogotá donde venden ropa de segunda, los zapatos me los dio mi hijo para el día del padre”.

Los firmantes entrevistados fueron abandonando las zonas, y tuvieron que empezar a solventar su vida con la renta básica; muchos de ellos se agruparon en cooperativas con el fin de iniciar emprendimientos con los ocho millones de pesos que recibieron como capital semilla. Los primeros inconvenientes que encontraron fueron que sus proyectos debían ser aprobados por la oficina del alto consejero para el posconflicto, además de la poca capacidad para gerenciar proyectos productivos. Si bien, todos tenían vocación agrícola o temas del campo, es diferente cuando se crea un proyecto productivo con miras a producción para comercializar. Pablo, al llegar a Bogotá, se alojó en un barrio donde “no puedo sembrar ni una mata, hasta un tomate y cebolla tengo que comprar en la tienda. Si las condiciones cambian, me regreso para mi tierra a cultivar, así sea solo cultivo de pancoger”.

Las mujeres, algunas de las cuales participaron en esta entrevista, están vinculadas a la Corporación Reencuentros y aparte tienen una tienda de artesanías (Las Manuelitas), donde comercializan sus productos. Para Camila y Yanira9, una de sus mayores preocupaciones es no tener empleo ni saber en qué emplearse; no quieren depender de sus maridos ni tampoco dedicarse al hogar. Helena10, estudiante de Medicina en Cuba, afirma: “Por estar lejos no me han tendido en cuenta para vincularme a algún proyecto productivo, al regreso como profesional pienso vincularme en alguna zona y ejercer mi profesión. Fue el compromiso con el gobierno de Cuba”.

Otro tema que han afrontado los firmantes es el estigma. Juan hizo su proceso de formación laboral en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Cuando le tocaba hacer su práctica laboral, no fue recibido debido a sus antecedentes, y hasta el día de hoy no la ha podido realizar. Luego de muchos intentos, ha sido rechazado. Esto le ha imposibilitado una vinculación laboral, lo que lo lleva a depender de la renta básica. En este momento es gestor de paz y recibe un pequeño ingreso.  

Pablo recibió un curso de capacitación para comercializar productos cosméticos, participó de algunas ferias, pero su emprendimiento dependía del espacio que le dieran en estas. Dado que los cosméticos son productos con fecha de vencimiento, no pudo continuar, y está dedicado a actividades de partido y solo depende de la renta básica.

Uno de los grandes inconvenientes que anotan los entrevistados es la falta de una profesión u oficio para integrarse al mercado laboral; lo otro no menos importante es la edad y carecer de experiencia. No cumplir con los requisitos mínimos. Vale decir que, en momentos de la firma del acuerdo, muchos empresarios se comprometieron en vincular firmantes e integrarlos en un empleo formal, cosa que no ha sucedido en estas situaciones particulares.

De los entrevistados tres tienen un empleo formal: uno trabaja como contratista tercerizado con el Estado en temas de seguridad y los otros trabajan en la Unidad Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso, en el partido Comunes. Estos empleos forman parte de lo que el gobierno se comprometió en el acuerdo de paz: vincular a los firmantes y prestar protección a sus compañeros cuya seguridad corre riesgo, mediante la Unidad Nacional de Protección hasta que finalice el segundo mandato presidencial después de la firma del acuerdo de paz.

El principal problema de los entrevistados es depender de la renta básica, pues no siempre se paga en los primeros días del mes (Redacción Colombia +20 2024), lo que implica no poder pagar el arriendo. Algunos de ellos comentaron que lograron que en alguna tienda de barrio les fíen11 algunos productos, por lo que su preocupación es mayor (Castillo 2025). La inestabilidad económica, que anotan ellos, es no tener un empleo fijo que les permita contar todos los meses con un ingreso seguro. Todos afirmaron no querer depender de la renta básica, y que las personas lisiadas deberían recibir otro tipo de apoyo y asistencia psicosocial. Saben que no la van a tener por tiempo indefinido.

Las cooperativas solidarias pueden ser una opción de trabajo. Sin embargo, han afrontado inconvenientes internos sobre la forma como deben funcionar, lo que implica que no se haya consolidado el proyecto. El propósito es recibir una renta en la medida que estas cooperativas sean rentables y puedan generar ingresos para el conjunto de los asociados. Hasta el momento, solo uno de los entrevistados pertenece a una cooperativa, sin que esta represente alguna ganancia.

Seguridad

Luego del AFP se han registrado hasta 2024 más de 463 firmantes asesinados (Redacción Colombia +20 2025b). Algunos han sido secuestrados o desaparecidos; otros han sido sacados de los ETCR y asesinados al frente de sus comunidades; otros han sido detenidos sin que sobre ellos haya un proceso judicial más allá de su pertenencia a la guerrilla FARC. Se tiene el antecedente del firmante de paz Dimar Torres, quien fue detenido por militares que estaban custodiando la zona de agrupamiento y torturado. Este suceso generó un impacto para los firmantes, lo que los motivó a desplazarse a las ciudades. Los entrevistados manifestaron que ver a sus compañeros muertos les genera desconfianza en el Estado, sienten que ese camino que iniciaron es incierto y que el Estado sigue siendo el mismo que hace poco combatían (El Espectador 2025).

Los firmantes tampoco han estado exentos de violencia en las ciudades; en estos ocho años de firma del acuerdo han asesinado a tres firmantes de paz en Bogotá, entre ellos una mujer. Estas son razones suficientes para que los firmantes tengan temor por sus vidas y las de sus familias. Pablo comenta que a su celular y correos electrónicos le llegan amenazas de muerte, a veces va a algún sitio a cumplir una tarea de la Corporación Reencuentros o de Partido, y de inmediato lo llaman y le profieren amenazas e insultos.

Por ejemplo, José, Pablo, Simón12, Camila y Sergio13 han recibido amenazas, han sentido seguimientos, y sus teléfonos y los de su familia están interceptados, lo que genera cierto temor. Algunas personas entrevistadas cuentan con un esquema de protección, pues consideran que sus vidas están en riesgo. Uno de ellos, comentó que ha sufrido tres atentados, lo que lo obliga a vivir cambiando de casa.

Los entrevistados manifestaron ser conscientes de que su reincorporación a la vida civil tenía riesgos para su seguridad y sus formas de vida. Pablo afirma que tantos años de conflicto dejan huella y cuenta que el hijo de un firmante de paz había sido asesinado saliendo del ETCR, “los hijos no deberían ser perseguidos”. Esas fue una de las razones que lo llevaron a instalarse en la ciudad. Los entrevistados comentan que ellos toman ciertas medidas de seguridad como no llegar a sus hogares tarde en la noche, no caminar por lugares poco concurridos, si es posible llegar en grupo a sus casas.

Juan fue guerrillero urbano y ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad, ahora vive en Cali, en una comuna donde nadie conoce su pasado, solo su núcleo familiar. Este lugar tiene problemáticas sociales de delincuencia organizada y pandillas, que hacen violento al sector, lo que ha impedido que su emprendimiento de reparaciones técnicas de computadores funcione, por falta de clientes. Comenta: “A este lugar no llega nadie, todos creen que si pasan por aquí los roban, si tuviera una ayuda para montar un local en otro lugar, sería mejor”. Hasta ahora él prefiere seguir clandestino, pues sabe que años de lucha armada dejan huella, prefiere romper con todo lo que implique militancia en el Partido o actividades que lo vinculen con los exguerrilleros.

Liliana siente que su seguridad se vio comprometida cuando tuvo que ir a buscar los restos de su compañero de vida. Vive en Bogotá, no está vinculada con militancia del Partido y, aunque participa de algunas actividades, no lo hace de forma abierta, prefiere la vida clandestina. “Decir de dónde se viene puede ser una sentencia o un estigma que he venido conociendo”, afirma.

La mayoría de los entrevistados han recibido alguna amenaza a su integridad, algún insulto o un estigma por parte de alguna entidad pública o privada, lo que impide que ellos puedan gozar de una libre movilización. Además, muchos han sido detenidos y llevados a estaciones de policía por no haber recibido el indulto o tener pena cumplida.

A ocho años del AFP, el Estado no ha avanzado en temas de seguridad y desmonte de organizaciones criminales. Si bien este gobierno ha iniciado diálogos con diversos grupos armados, lo que se ha llamado la paz total, los ex–FARC siguen siendo estigmatizados (Redacción Colombia +20, 2025c). Sus proyectos de vida se han truncado no solo por la muerte de uno de sus integrantes, sino por no poder gozar de condiciones de libre movilización, visitar sitios públicos o permanecer en sus lugares de origen sin temer por su vida o la de sus familias. Liliana indica:

Todavía estamos lejos del estigma de la guerra y desde el Estado tampoco se hace mucho para lograr que se elimine. Lo otro son los medios de comunicación que desinforman y comentan sobre los firmantes lo que incide en la opinión pública.

Otra situación es lo que hacen los políticos y congresistas, que todo el tiempo insultan y denigran de los firmantes, a quienes llaman de asesinos, violadores de niños, criminales que deben estar en prisión y no libres.

De los entrevistados, algunos tienen un grupo de escoltas asignados por (UNP). Si bien, algunos sienten la tranquilidad de estar acompañados, también que su vida privada se ve obstaculizada, deben informar hacia dónde se dirigen. Yanira comenta:

Con escoltas la búsqueda de empleo es casi imposible, nadie va a contratar a alguien que tiene escoltas. Se entiende que las personas con escoltas son porque tienen un estatus económico o, sino que algo tuvo que hacer para andar con escoltas.

Los entrevistados sienten que los que no estuvieron de acuerdo con la firma del AFP los odian; por consiguiente, sus vidas no tienen un valor para la sociedad. Esto implica que los organismos encargados de brindar alguna protección minimicen sus situaciones, lo cual puede implicar que en cualquier lugar alguien intente algo en contra de ellos, que las medidas de protección lleguen tarde.

Vivienda

Uno de los grandes interrogantes de los firmantes es dónde iban a vivir, no contaban con vivienda y los ETCR fueron concebidos por el gobierno como un lugar de tránsito. Es decir, en estos lugares eran considerados como un paso hacia la vida civil. Estas zonas fueron acomodadas con algunos enseres, baterías sanitarias y una cocina muy similar a la que se tenían en la guerrilla.

No tener asegurado un lugar de vivienda implica que los firmantes deban buscar dónde ubicarse. En un primer momento, lo hicieron en casa de algún familiar o alguien cercano que le dé la posibilidad de instarse por un corto tiempo. De los entrevistados, Juan regresó a la casa donde vivió antes de ingresar a la guerrilla. Paúl no cuenta con una casa, pero su esposa e hijos viven en Cali y no tuvo inconvenientes en regresar. Lo mismo ocurrió con Jacinto, que regresó al lado de su familia. El proceso de Bolívar fue diferente, pues vivía en un barrio marginal de Cali, y las disputas entre pandillas y los conflictos de estos lugares lo obligaron a salir a la fuerza. Comenta que una noche casi lo linchan y debió salir por la terraza de un vecino, ahora se ubicó en otro lugar y ha contribuido con los procesos sociales del lugar junto con Sergio; ambos estuvieron vinculados a las FARC-EP.

Del grupo de entrevistados que fueron guerrilleros urbanos (cinco personas, tres hombres, dos mujeres), cuatro conservan sus familias y regresaron a sus lugares. La mayor preocupación es que no cuentan con una vivienda propia, y el sueldo o la renta básica no les alcanza para pagar arriendo, servicios públicos y alimentación. Todos están ubicados en barrios periféricos, pues no disponen del dinero suficiente para vivir en otros lugares. Todos los entrevistados de Cali han hecho gestiones para que el gobierno les otorgue un subsidio de vivienda donde puedan alojarse en mejores condiciones. Luego de casi ocho años, los firmantes no han recibido un visto bueno para recibir el subsidio, lo que para ellos significa un incumplimiento por parte del gobierno que se comprometió con la vivienda a los firmantes.

Se sienten discriminados cuando van a las oficinas de Planeación para averiguar si sus nombres han salido en el grupo de beneficiados. Hasta hoy ninguno de los entrevistados tiene casa propia. El gobierno se ha comprometido a otorgar unos terrenos en diferentes zonas del país para construir ciudadelas, para quienes han permanecido en estos lugares y tienen algún emprendimiento.

En las grandes ciudades se comprometió con un subsidio, pero hasta el momento no se ha mencionado si les han otorgado la posibilidad de adquirir vivienda. El no tener vivienda propia implica que los excombatientes destinen una parte importante de sus ingresos en el pago de arriendo y, en consecuencia, paguen más transporte para movilizarse a sus lugares de reuniones, emprendimientos o trabajo.

Aunque los entrevistados no tienen hijos menores de edad, la mayoría de quienes se trasladaron a vivir a las grandes ciudades se encargan de sus hijos en edad escolar. Esto supone que, ante un cambio de vivienda o barrio, se ven obligados a modificar el lugar de estudio de sus hijos, lo cual genera desafíos adicionales en su proceso de adaptación. Para Helena, quien actualmente se encuentra estudiando en Cuba, su mayor preocupación es no contar con un lugar al cual regresar. La zona de La Elvira, Cauca, donde llevó a cabo su proceso de dejación de armas, ha desaparecido, y sus padres han fallecido, dejándola sin una red de apoyo familiar. Esto significa que deberá buscar un lugar donde vivir y distribuir los recursos provenientes de la renta básica para cubrir gastos como el arriendo, la alimentación y los servicios públicos, mientras logra establecerse laboralmente.

Pablo y José hicieron su dejación de armas en el ETCR de Icononzo; hasta ahora hay un proyecto por parte del gobierno de comprar unos terrenos que sean productivos, donde los firmantes se ubiquen en estos lugares e inicien algún proyecto productivo. Los terrenos van a ser de propiedad colectiva, no se pueden vender ni arrendar a terceros, por consiguiente. Si alguien a quien le otorgan un terreno no se posesiona inmediatamente, pierde su derecho a la propiedad, igual si alguien abandona la zona. Pese a esto, hasta ahora no se ha consolidado este proyecto.

Lo anterior implica que ellos sigan en la ciudad pagando arriendo, sin tener la posibilidad de arreglar sus lugares, porque no son de su propiedad, viven de acuerdo con lo que diga el arrendatario. Para Pablo esta condición es muy difícil; tiene solo lo necesario y el lugar donde vive es muy pequeño, los vecinos hacen bulla y él no puede decir nada.

Francisco vive con un grupo de firmantes en una casa, lo que da cierta independencia, porque no tienen otras personas a su alrededor y cuentan con más espacio para compartir entre ellos. Entre todos han reunido para comprar muebles en común como la sala, comedor y los enseres de cocina, conservan la comunidad para cocinar, se reparten los oficios entre todos, la comida es para todos y la remesa igual. El mismo caso lo relata Rafa, quien vive con un grupo de mujeres y se distribuyen los oficios; tuvo suerte, según cuenta, de que al sacar una casa en arriendo le permitieran ir con su gata.

Lo que todos los entrevistados han señalado es lo difícil y engorroso de sacar en arriendo una vivienda, no solo por el contrato de arriendo, cumplir con los requisitos que exige el arrendador, tener una cuenta de ahorros, lo que algunos de ellos no han podido por permanecer en la lista Clinton. En ciertos casos han tenido que buscar un familiar o alguien cercano para realizar esos trámites. Ellos relatan esta situación como bastante compleja, porque les piden adelanto en meses de arriendo y firmar una póliza de cumplimiento. 

Vivir en la ciudad implica para los entrevistados pagos cumplidos, entender sus nuevas dinámicas lo que concierne a lo cotidiano, comprar en una tienda, tomar transporte público, desplazarse a pie a determinados sitios, hacer filas para sacar una cita médica, para pagar en un banco, comprar remesas solo para su grupo, igual su vestimenta, y la forma como deben ir a determinado sitio y su presentación personal.

Discusión

El proceso de reincorporación es una nueva estrategia diseñada en el acuerdo de paz de La Habana, con la idea de prevenir el retorno de los firmantes del acuerdo a las armas, garantizándoles la solvencia de sus necesidades básicas hasta un tiempo determinado en el que ellos puedan sostenerse de manera independiente.

El problema es que, hasta el momento, los firmantes siguen dependiendo de la renta básica debido a que las políticas aplicadas son iguales a las que se tenían en los años 2000, con la desmovilización, en las que se volvían dependientes de una renta, sin trazar una ruta de reincorporación a la vida civil. Lo anterior cuestiona si el Estado ha equiparado la reincorporación con la reintegración propuesta para desmovilizar individualmente a guerrilleros a cambio de información estratégica, sin ofrecer una verdadera inserción a la vida legal. La desmovilización solamente prevé un apoyo económico por cumplir ciertas actividades, algo que está ocurriendo en el proceso de reincorporación con firmantes del AFP. Se está relegando al tema económico y no en otras esferas como la seguridad, vivienda y trabajo, que son derechos que permiten la ciudadanía plena en la sociedad. Para Camila, “el no poder emplearme en algo que me generé un salario y, además, contribuir con la implementación, nos deja dependientes de la renta, lo que es muy preocupante cuando el gobierno diga hasta aquí hay renta”.

Pasar de la vida guerrillera a la vida civil genera cambios en la cotidianidad que dejan en evidencia lo trágico de la guerra. En estos momentos no hay discusiones acerca de la salud mental de los firmantes, ni los efectos que deja la incertidumbre por depender de la renta básica para sobrevivir.  Antes vivían con la inseguridad de morir en medio de combates o en bombardeos; sin embargo, tenían sus necesidades básicas resueltas y su ideal por la nueva Colombia mantenía su moral en la continuación de la lucha armada. Ahora ya no viven con el temor de ser bombardeados, sino con el miedo a ser asesinados y olvidados en la historia, mientras piensan cómo harán para sobrevivir. En algunas situaciones se encuentran solos, debido a las dificultades de consolidar proyectos colectivos y su ideal de construir la paz es la que ha prevenido su retorno a las armas. Para Francisco y Pablo, la ciudad es el mayor impedimento de lo colectivo, casi no se encuentran con sus antiguos compañeros, “lo colectivo ya no existe ni para compartir penas”.

La investigación sugiere que la reincorporación no ha surtido los efectos esperados del acuerdo de paz, debido a que como nuevos ciudadanos han tenido casi las mismas problemáticas que cuando estaban alzados en armas; la única diferencia es que ya no viven con la zozobra de las operaciones militares, que amenazan sus vidas, pero la muerte ha sido una constante desde el inicio de la reincorporación. El Estado no ha cumplido con la protección de la vida, la garantía de no repetición está condenada si no hay medidas de protección para ejercer su ciudadanía plena.

El proceso de paz falla si la violencia política sigue siendo constante. No solamente se trata de una dejación de armas, sino de implementar el acuerdo que permita resolver la desigualdad estructural del país y priorice a las víctimas en la reparación; esto no se puede lograr si siguen asesinando firmantes. La reincorporación tiene que ir más allá del papel y de la aplicación de proyectos burocráticos que no mejoran sus condiciones de vida, porque no les garantizan seguridad, vivienda y trabajo.

El cambio de vivienda de una rural a una urbana transforma el modo de vida de los firmantes. Se encuentran con otro “mundo” al que deben adaptarse para poder sobrevivir. En la vida en las zonas rurales, los ciudadanos pueden obtener fácilmente su alimentación por su cercanía al trabajo agrario, aunque las formas de movilidad son atrasadas, se hacen por caminos de herradura o carreteras destapadas, A pesar de vivir  sin trancones y sin temores a que los roben, cambiar sus  modos de vida, les puede generar una carga de estrés. Ellos no recibieron una formación para la vida en la ciudad, lo que puede influir en nuevos malestares con la reincorporación, debido a que quedan solos sin ningún conocimiento. Las ciudades son hostiles para los migrantes del campo a la ciudad.

El desempleo es una de las problemáticas más difíciles por las que atraviesa un firmante (y cualquier ciudadano del país), pues de eso depende su existencia. Uno de los problemas del AFP es que le dejó la potestad al Estado para cumplirlo y la insurgencia solamente tuvo que dejar las armas, entregar los bienes y acudir a la JEP; no cumplen un papel relevante para implementar las políticas de paz, lo que ha ocasionado que los firmantes no tengan la posibilidad de trabajar con el Estado en la implementación ni de devengar un salario por su trabajo.

El trabajo es la fuente de riqueza de los ciudadanos y es la que les permite sobrevivir; depender de una renta transforma a los firmantes en mendigos y evidencia que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) ha fallado en la transformación de las vidas de los firmantes. Es necesario hacer parte activa a los firmantes del acuerdo en la implementación del AFP, dándoles la oportunidad de vincularse a proyectos encaminados a la construcción de paz, con remuneración para reafirmar sus ideales en torno a la paz y que su trabajo no sea solamente una cuestión de voluntad, sino que logre transformar la vida de los firmantes a través de su esfuerzo. Más allá de ejecutar proyectos, se debe escuchar a los firmantes en la proposición de proyectos y políticas que edifiquen paz.

Los resultados sugieren que el trabajo es la cuestión más importante en sus vidas para lograr una tranquilidad económica que les permita integrarse a la sociedad civil como ciudadanos. La política de reincorporación tiene una visión netamente neoliberal que ve a los sujetos como una empresa que produce y, por ello, su esfuerzo en la creación de emprendimientos, con la idea de que pueda generar progreso en las vidas de los firmantes y en el país. La implementación busca transformar las causas del conflicto armado para que el país supere la historia de la guerra. Para esto también se debe priorizar la vida, el amor, la reparación, y no los valores como la competitividad, acumulación y ganancia.

La reincorporación no puede ser reducida a la amnistía, una renta básica, inversión en un capital semilla, creación de cooperativas y formación académica, debido a que es una política neoliberal que reduce a los firmantes del acuerdo a empresarios, sin tener la intención de resolver problemáticas sociales que fomentan la guerra. Una reincorporación exitosa debe cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz, que logre transformar la cotidianidad de los firmantes y la sociedad en general, que no se reduzca a la amnistía, debido a que tiene efectos sobre las creencias en torno a la justicia transicional y el fomento a la criminalidad.

En los próximos meses, la prioridad de la reincorporación es brindar la posibilidad de acceder al trabajo no solamente en la creación de emprendimientos y trabajos de escoltas, sino en otros sectores productivos para transformar el modo en que se ha venido implementando la reincorporación. Por otro lado, la garantía de no repetición no puede relegarse imponiendo nuevos esquemas de seguridad, sino trabajando en la construcción de la paz, con otros grupos armados, eliminación del paramilitarismo para que puedan vivir tranquilamente sin el temor a que su vida esté riesgo, con el objeto de que puedan iniciar su vida política desde la legalidad.

Conclusiones

El principal aporte de esta investigación radica en su cuestionamiento crítico al modelo de reincorporación implementado por el Estado colombiano, al evidenciar cómo su enfoque individualizante ha marginado las dimensiones colectivas del proceso. A través del análisis de las narrativas de los firmantes, el estudio identifica dos problemáticas centrales: la precarización de la vida cotidiana de los firmantes y la ausencia de mecanismos efectivos de participación en el diseño de políticas y proyectos que consoliden la paz.

Si bien el AFP ha representado una disminución en el conflicto interno, para los firmantes es la oportunidad de otra vida, con oportunidades que hasta ahora no han tenido. Reunirse con sus familias o, para otros, tener una vida de familia son razones válidas para dejar la azarosa vida de la guerra. Pese a esto, en este proceso han encontrado inconvenientes por incumplimiento del Estado, el rechazo social, el estigma de empresarios, lo que los obliga a instalarse en barrios marginales con graves problemáticas sociales. Esto puede implicar en su vida personal, por carencias económicas o por violencias. Si los firmantes no salen de este círculo, es difícil que se logre consolidar el acuerdo.

Si las leyes no logran transformar la cotidianidad de los firmantes, evidencian un problema en torno a la burocratización de la paz. Lo cotidiano revela como los firmantes se han posicionado frente a su nueva realidad, construir paz es cambiar el modo en el que cotidianamente se vive la vida real que va más allá a lo escrito en las leyes; en ese sentido, lo cotidiano es una constante evaluación de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades colectivas en torno al AFP.

Los estudios sobre lo cotidiano en los firmantes del acuerdo de paz pueden constituir en una herramienta para escucharlos y así transformar las políticas de reincorporación. A través de lo cotidiano es posible comprender la subjetividad, y cómo los hechos y procesos externos los afectan. Lo cotidiano no es solamente estudiar al individuo, sino lo grupal y de cómo las estructuras sociales afectan a la subjetividad de los ciudadanos.

Es necesario escuchar a los firmantes para redireccionar los proyectos y políticas de construcción de paz; ellos no son sujetos pasivos que dependen de una renta básica, sino que se deben convertir en parte fundamental en la implementación del AFP, y no esperar que el Estado, a través de sus contratistas, implemente proyectos sin tenerlos en cuenta. El error de la reincorporación es relegar todo a la renta básica, cómo si el conflicto interno del país se resolviera subsidiando a personas para que no regresen a las armas.

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