El período de gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) ha estado marcado por la
inestabilidad y la debilidad institucional, incluso con un intento de destitución por parte
de la Asamblea Nacional, que finalmente no obtuvo los votos necesarios. En materia de
agenda pública, la inseguridad ciudadana y la crisis económica han marcado las
principales preocupaciones de la población durante el período, lo cual refleja la mayor
crisis económica y social que ha enfrentado el país en las últimas dos décadas (Mella
2023b). Entre los temas de mayor impacto público en el último año de gobierno de Lasso
estuvieron la corrupción y el narcotráfico, en especial el caso conocido como “El gran
padrino” (La Posta 2023),
un caso de delincuencia organizada, cohecho y concusión en
una de las empresas públicas, que implicaba al entorno más cercano político y familiar
del propio presidente. Este salió a la luz el 9 de enero de 2023 en La Posta, medio de
comunicación que hasta entonces había sido uno de los principales aliados de Lasso. Tras
la publicación del caso, uno de los periodistas que investigaba el caso salió del país bajo
amenaza de muerte (Deutsche Welle 2023). Las sucesivas revelaciones llevaron a la
mayoría de asambleístas (88) (El Universo 2023) a aprobar un juicio político en el poder
legislativo para fiscalizar al entonces presidente de la República.
El 16 de marzo de 2023 inició el proceso contra Lasso, abriendo una crisis política
en el país al ser la primera vez que un mandatario era llamado a juicio político desde la
aprobación de la Constitución vigente de 2008 (Mella 2023a). Durante dos meses,
discurrió la fase de indagación y recopilación de pruebas y descargos, con la
comparecencia de distintos funcionarios y exfuncionarios a la Asamblea Nacional, y con
la negativa del propio Lasso de comparecer. Finalmente, y ante la obligatoriedad legal,
Lasso compareció al Legislativo el 16 de mayo, para ofrecer su descargo frente a las
acusaciones. Durante su intervención, responsabilizó a la oposición (correísmo) de haber
inventado un caso para sacarlo del poder. Un día después, declaró la “muerte cruzada”,
una figura constitucional que supone la finalización del mandato y el adelanto electoral:
Art. 148.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea
Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan
constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma
reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por
grave crisis política y conmoción interna.
Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el
Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y
presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República
podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos -leyes de