doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6094
Implicaciones en seguridad de la migración irregular bajo el marco del
extractivismo
Security Implications of Irregular Migration within the Framework of
Extractivism
Implicações de Segurança da Migração Irregular no Contexto do
Extrativismo
Carlos-Enrique Vargas-Villamizar
1
Recibido: 2 de octubre de 2023
Aceptado: 5 de diciembre de 2023
Publicado: 30 de enero de 2024
Resumen
La migración irregular de ciudadanos venezolanos hacia países del hemisferio se ha
incrementado de manera exponencial en los últimos años, y ha adquirido connotaciones de
política exterior y seguridad internacional. Para entender este fenómeno, se precisa un
acercamiento a los flujos migratorios irregulares a partir de conceptos amplios de seguridad
y extractivismo. Esto, entendiendo al humano como un nuevo commodity que es extraído y
exportado por organizaciones criminales transnacionales, las cuales incrementan sus réditos
ilícitos mediante la instrumentalización de las vulnerabilidades de las personas migrantes. En
ese contexto, se profundizan situaciones de inseguridad en los países de destino, tránsito y
origen. Se aprovecha la amplitud que la economía política ofrece al concepto de commodities,
que en este escenario es el ser humano, explotado por el crimen. Se plantea una metodología
a través de la aproximación teórica a las dinámicas de los flujos migratorios irregulares de
ciudadanos venezolanos desde 2015, para evidenciar sus implicaciones en la seguridad
hemisférica a través del concepto de multidimensionalidad. Por último, se concluye que las
inseguridades que originan la migración masiva son profundizadas por estructuras
criminales, que reproducen los problemas de inseguridad durante las travesías.
Palabras clave: aculturación; crimen organizado; migración; seguridad; Venezuela
1
Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, Francia, Carlos.vargasvillamizar@sciencespo.fr,
orcid.org/0000-0003-2401-7918
Abstract
The irregular migration of Venezuelan citizens to countries in the hemisphere has increased
exponentially in recent years, taking on connotations of foreign policy and international
security. To a large extent, it is necessary to approach irregular migration flows based on
broad concepts of security and extractivism. This involves understanding humans as a new
commodity that is extracted and exported by transnational criminal organizations, which
increase their illicit gains by exploiting the vulnerabilities of migrants. In this context,
situations of insecurity deepen in destination, transit, and origin countries. Taking advantage
of the amplitude that the political economy approach gives to the concept of commodity,
humans are considered commodities, exploited by crime. Therefore, a methodology through
a theoretical approach is applied to the dynamics of irregular migration flows of Venezuelan
citizens since 2015, in order to highlight their implications for hemispheric security through
the concept of multidimensionality. Finally, it is concluded that the insecurities at the origin
of mass migration are exacerbated by criminal structures, reproducing security problems
during their journeys.
Keywords: acculturation; organized crime; migration; security; Venezuela
Resumo
A migração irregular de cidadãos venezuelanos para países do hemisfério aumentou
exponencialmente nos últimos anos, adquirindo conotações de política externa e segurança
internacional. Até certo ponto, é necessário abordar os fluxos migratórios irregulares com
base em conceitos amplos de segurança e extrativismo. Isso envolve entender os seres
humanos como uma nova mercadoria que é extraída e exportada por organizações criminosas
transnacionais, que aumentam seus ganhos ilícitos explorando as vulnerabilidades dos
migrantes. Nesse contexto, as situações de insegurança se aprofundam nos países de destino,
trânsito e origem. Ou seja, aproveitando a amplitude que a economia política oferece ao
conceito de mercadoria, que neste cenário é o ser humano e é explorado pelo crime. Portanto,
a metodología é feita uma abordagem teórica das dinâmicas dos fluxos migratórios
irregulares de cidadãos venezuelanos desde 2015, a fim de destacar suas implicações na
segurança hemisférica por meio do conceito de multidimensionalidade. Por fim, conclui-se
que as inseguranças no início da migração em massa são exacerbadas por estruturas
criminosas, reproduzindo problemas de segurança durante suas jornadas.
Palavras-chave: aculturação; crime organizado; migração; segurança; Venezuela.
Introducción
La migración irregular es un fenómeno que ha logrado posicionarse en las agendas políticas
de los países del hemisferio occidental en los últimos años. Resulta común observar cumbres
y acuerdos, liderados principalmente por los Estados Unidos, para adoptar estrategias que
permitan su mitigación. No obstante, la mayoría de los esfuerzos para frenar los flujos
migratorios han sido infructuosas, pues se necesita un cambio estructural de las condiciones
sociales, económicas, políticas y de seguridad en los países de origen y destino para limitar
el interés de los migrantes de salir de sus países para mejorar su seguridad, en el sentido
multidimensional del concepto (Beverelli 2022). Entonces, bajo el supuesto que los flujos
migratorios continuarán, cualquiera que sea su motivación y lugar geográfico, es necesario
abordar los impactos en materia de (in)seguridad de estos contextos humanos bajo una nueva
perspectiva. En tal medida, se propone una aproximación a las corrientes migratorias
provenientes de Venezuela en el marco de la seguridad multidimensional y del concepto del
extractivismo de un nuevo recurso natural, el ser humano.
Teniendo en consideración la instrumentalización de la migración en asuntos de
seguridad es menester desarrollar un análisis amplio de los impactos de la migración
irregular. Dicho esto, es preciso examinar los procesos de securitización de los temas
migratorios (Waever et al. 1993; Weiner 1993; Bigo 2003), para adaptarlos a los conceptos
amplios de seguridad (Buzan, Waever y de Wilde 1998), incluida la seguridad
multidimensional (Vargas-Villamizar 2022). Lo anterior, en la medida que los impactos
negativos de la migración son utilizados con mucha frecuencia en discursos políticos para
imponer una agenda proteccionista y nacionalista, con la finalidad de imponer sensaciones
de miedo hacia individuos de otros países y avanzar en políticas específicas.
Metodología
En este artículo se realiza una revisión de la literatura académica disponible para ampliar el
espectro de análisis de los impactos de la migración irregular venezolana en la seguridad de
países de tránsito, destino, origen y hacia el propio migrante. Se aplica la metodología de
revisión de literatura académica especializada, seguida por el análisis de contexto actual, que
se materializa en el estudio de caso de la migración a través de Colombia (Hernández
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2007).
La literatura académica sobre este fenómeno presenta la característica de ser actual y
ampliamente discutida. De igual forma, se consideran los avances en política pública
implementadas por los gobiernos que sirven de ruta y destino, recopilada a través de fuentes
abiertas como portales de noticias. Los datos recopilados fueron obtenidos a través de las
páginas oficiales de los servicios de migración de Panamá. La amplitud pública del tema
ofrece la facilidad de contrastar los abordajes teóricos con las realidades de los migrantes en
un tema de gran dinamismo en la coyuntura regional.
Primero, se caracteriza la migración en Colombia desde el 2015, teniendo en cuenta
el incremento exponencial de los flujos a través del Darién. Luego, se aborda la securitización
de esta migración y su impacto real a través del espectro de la multidimensionalidad.
Finalmente, se incluyen estos conceptos bajo el prisma del extractivismo tomando al ser
humano como un commodity que es explotado por las organizaciones criminales, lo que
aumenta la inseguridad de los migrantes. Se profundiza en la teoría crítica de la economía
política, en la que los productos son los migrantes en un complejo mundo de necesidades
instrumentalizadas por actores ilegales.
Caracterización de la migración venezolana en Colombia
Una de las mayores dificultades al momento de analizar el fenómeno de la migración
internacional se presenta al identificar la gran variedad de causas y motivos que residen detrás
en la decisión de abandonar su lugar de residencia para traspasar fronteras y habitar dentro
de nuevas realidades sociales. Se han derivado una gran variedad de abordajes teóricos que
permiten analizar desde una perspectiva específica la migración internacional (Massey et al.
2008). Es válido afirmar que no es pertinente generalizar los movimientos migratorios
globales, dado que cada uno de ellos presenta particularidades diferenciales. Dentro de las
causas más frecuentes se pueden mencionar aquellas de naturaleza política, económica,
jurídica, cultural, histórica y medioambientales (Gómez 2010).
En este apartado se analiza de forma tangencial las causales y particularidades de la
migración venezolana de los últimos años, para, posteriormente, entrar a analizar las
implicaciones en materia de seguridad en Colombia. No obstante, es importante señalar que
las consecuencias del fenómeno migratorio trascienden la esfera de la seguridad e impactan
directamente la economía (Martínez 2008), la sociedad (Arteada, Carvajal Villamizar y
Guerrero Jaimes 2017), la salud (Fernández Niño et al. 2018), entre otros. Es por esto, que
se toma el concepto multidimensional de la seguridad, para aproximarse de forma integral al
fenómeno y analizar esta diversidad de variables.
El éxodo venezolano debe ser caracterizado como una migración forzada, según las
estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, debido a que las motivaciones detrás de la salida
masiva de ciudadanos venezolanos son de carácter existencial, necesarias para garantizar su
subsistencia (Vargas 2018; Edson Louidor 2018). Lo anterior, implica la ausencia de otras
alternativas para el migrante y la necesidad de solución de las condiciones económicas,
políticas y sociales mediante cambios profundos en el país suramericano. Como bien ha sido
expuesto, los flujos migratorios internacionales son muy diversos en dependencia del
contexto en el que se desarrollen, por lo tanto, para caracterizar de manera propicia la
migración venezolana en Colombia es menester realizar una aproximación histórica.
Colombia y Venezuela son dos naciones históricamente unidas por procesos políticos,
relaciones comerciales y vínculos sociales. A partir de todos los niveles, desde las dinámicas
fronterizas que comparten comunidades humanas asentadas sobre los 2219 kilómetros de
franja común, hasta las relaciones diplomáticas binacionales del más alto nivel, no se puede
entender el desarrollo de un país sin considerar al otro. Para no extender el presente artículo,
se presenta la historicidad de los flujos fronterizos binacionales a partir del presente siglo,
sin desconocer la larga historia migratoria venezolana, sobre todo, como receptora de
migrantes colombianos durante la segunda mitad del siglo XX (Vargas 2018). Se pueden
identificar cuatro olas migratorias de individuos venezolanos a Colombia, cada una con
diferentes características y contextos (Ramos y Gehring 2018).
La primera ola de migrantes venezolanos a Colombia se presentó entre 1999 hasta el
2002. Fue motivada, principalmente, por el cambio de régimen político, materializado en el
ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia venezolana. Tras este suceso se generó un
éxodo de rivales políticos e industriales, que vieron sus intereses amenazados por la nueva
corriente política. Luego, del 2005 al 2009, se presentaron despidos masivos en la empresa
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocasionó la llegada a Colombia de ingenieros
y antiguos empleados de PDVSA, los cuales hallaron empleos en empresas del sector,
favorecidos por la bonanza petrolera y los altos precios del crudo. La tercera ola de migrantes
se presentó del 2010 al 2014, y se caracterizó por la salida de profesionales y estudiantes
universitarios de diferentes disciplinas, bajo el deseo de proteger su capital de las cada vez
más represivas políticas del chavismo (Ramos y Gehring 2018, 10; Chavarro Miranda,
Albarracín y Osorio Isaza 2019).
La cuarta ola, la cual va a ser el centro de este artículo, se desarrolla desde el año
2015, durante el cual el presidente venezolano Nicolas Maduro cierra, de forma unilateral, la
frontera terrestre común entre ambos países. En agosto de ese año, se presenta la expulsión
arbitraria de cerca de 2000 ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, tras acusarlos
de pertenecer a grupos paramilitares, lo cual incrementó la crisis bilateral (López Díaz 2019;
Edson Louidor 2018; Tribín et al. 2020). A partir de tal momento, se evidencia un aumento
exponencial en la recepción de individuos venezolanos en territorio colombiano. Para el año
2016, la cifra de venezolanos se incrementó en un 71% con respecto al 2015; se llega a los
53 747 individuos. En el 2017, esta cifra alcanzó los 403 702, lo cual significó un incremento
del 651%. Para el 2018, este porcentaje aumentó en 190 puntos porcentuales, con 1 174 743
venezolanos en ciudades colombianas. En el año 2019, se registraron 1 771 237 migrantes
del país caribeño. El año 2020 presentó un decrecimiento del 2,35%, sobre todo, debido a las
medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19 (Ministerio de Relaciones Exteriores
2022).
La última información disponible, publicada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores (2022) da cuenta de un total de 2 894 593 ciudadanos venezolanos en territorio
colombiano, de los cuales 311 729 se encuentran como irregulares a corte octubre del 2022.
Esta cifra representa un incremento en la percepción de la migración venezolana en un 57%
con respecto a los 1 842 390 registrados en el año 2021. Según esta información, se podría
concluir que la migración de ciudadanos venezolanos se ha reactivado después de superada
la pandemia por COVID-19, que implicó un cierre de fronteras entre ambos países. No
obstante, es importante resaltar el decrecimiento de los ciudadanos venezolanos que se
encuentran en situación de irregularidad. Lo anterior, se debería a la consolidación de
programas gubernamentales para la normalización de la situación migratoria de estos
individuos en los últimos años. Sin embargo, aún preocupa el incremento sostenido del flujo
migratorio que implica el continuo deterioro de las condiciones sociales y económicas en
Venezuela. Ahora bien, el flujo irregular de venezolanos se ha diversificado, no tanto en su
componente humano, pero sí en su destino.
Los cambios de dinámicas en los flujos migratorios observadas en la región
centroamericana se podrían resumir en un aumento exacerbado por la región del Darién, una
selva tropical de gran importancia para la diversidad del mundo presente en los 266
kilómetros de línea fronteriza que divide a Colombia y Panamá. Según Migración Panamá
(2023), a julio de 2023, 251 758 personas provenientes de todos los continentes del mundo
han transitado la selva del Darién desde Colombia para llegar a Panamá con destino a los
Estados Unidos. Esta cifra de los primeros siete meses del año ya supera los 248 284
migrantes registrados en todo el 2022 y casi duplica el flujo migratorio observado por esta
región selvática en el 2021. Por su parte, aproximadamente el 55% de los individuos que
atraviesan el Tapón del Darién son de nacionalidad venezolana. Lo preocupante de estos
flujos migratorios irregulares es que las personas se exponen a diversos peligros, incluidos
robos, violaciones, extorsiones, inclusive la muerte. Según las Naciones Unidas, 137
migrantes fallecieron en la espesa selva del Darién tratando de llegar a los centros de atención
panameños en el 2022 (Organización de las Naciones Unidas 2023). Lo anterior, refleja una
grave crisis humanitaria que tuvo una tendencia al incremento y sobre la cual no se visibilizan
soluciones a corto o mediano plazo, lo que permite proyectar un incremento de los flujos
migratorios irregulares.
Es así como, durante el transcurso del siglo XXI, Venezuela, otrora un país receptor
de migrantes se posiciona como una plataforma de emigrantes hacia diferentes países, en
especial, Colombia. Este último periodo migratorio desde Venezuela puede catalogarse como
mixta, componiéndose de una migración de capital intelectual y fuerza de trabajo. Asimismo,
los perfiles varían en sus posiciones socioeconómicas y políticas; en la actualidad, están
representados los estratos más bajos de la población venezolana (Vargas 2018, 108). Dicho
esto, las motivaciones principales para la migración mixta presenciada desde el 2015 son
producto del deterioro de las condiciones socioeconómicas en Venezuela, la pérdida de
garantías políticas, casos de violación de derechos humanos y la no garantía de las
condiciones mínimas de vida para los venezolanos (Ramos y Gehring 2018; Vargas 2018;
Edson Louidor 2018). A modo de ilustración, según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 7 800 000 venezolanos se encontraban en
situación de subnutrición para el periodo comprendido entre el 2018 y 2020, cifra que se
acerca al 20% de la población del país caribeño, indicador que ha visto un incremento
sostenido desde el año 2011. Lo anterior, se suma a una disminución del PIB en cerca del
62% entre el 2013 y el 2019, el incremento en la mortalidad infantil, la disminución de la
esperanza de vida promedio en 72 años, el deterioro en la prestación de los servicios públicos,
la crisis política que tiende a asimilarse a un régimen autoritario y sus implicaciones en la
garantía de los derechos humanos (Bull y Rosales 2020).
Este contexto, caracterizado por la disminución exponencial de las condiciones
mínimas de vida debido a la crisis política, económica y social que experimenta Venezuela,
deriva no solo en la migración, sino también en las condiciones precarias en las cuales se
presenta, y así se incrementa la vulnerabilidad de esta población. Desde mediados de 2015,
es común observar por las carreteras de Colombia largas columnas de individuos que
atraviesan la accidentada geografía andina, sumada a la cruenta diversidad climática con sus
pertenencias a sus espaldas, y en ocasiones descalzos, buscando llegar a sus destinos en pocos
días. Es claro que la mayoría de los inmigrantes se encuentran en búsqueda de oportunidades
laborales que les permitan mejorar las condiciones de sus allegados residentes en Venezuela,
por lo cual se estima que la gran mayoría de la población se ubica en edad productiva (15-30
años de edad). En tal contexto, cerca del 90% de la población migrante realiza actividades
no formales, dado que no aportan a los fondos de salud y pensión, y en la mayoría de los
casos sus ingresos laborales son inferiores al salario mínimo (Tribín et al. 2020).
Por lo anterior, la decisión de emigrar para el individuo venezolano reviste
propiedades existenciales, en las cuales se emigra para preservar la vida o mejorar las
condiciones de vida mínimas, tanto para el migrante como para su círculo cercano que se
deja en el país de origen. Tomando en cuenta las condiciones anteriormente presentadas, es
evidente señalar la situación de vulnerabilidad que caracteriza el fenómeno migratorio: el
venezolano no emigra para procurar mejores oportunidades laborales y académicas, sino para
satisfacer necesidades básicas de alimentación, vivienda, seguridad y salud. Dicha
vulnerabilidad se materializada en la situación de huida que motiva la migración y, también,
en los parámetros bajo los cuales se integran a la sociedad receptora. Así, se crea una opción
de ampliación del portafolio criminal de grupos ilegales a través de la instrumentalización
ilícita de la necesidad de migrar (Vargas 2018). Esta apreciación, amparada en el régimen
normativo internacional sobre los derechos humanos, debería orientar políticas públicas
tendientes a solucionar la problemática desde la perspectiva del migrante, no obstante, se ha
procurado, desde diferentes esferas sociales y políticas, instrumentalizar el fenómeno
migratorio para exteriorizar problemáticas de seguridad e imponer discursos de
securitización, como se ve más adelante en el presente artículo.
Seguridad y migración irregular
La relación entre seguridad y la migración irregular ha sido extensamente estudiada por parte
de sociólogos, internacionalistas, economistas y politólogos, gracias a lo cual se ha
incrementado la percepción de la migración como un asunto de seguridad (Bigo 2003).
Varios académicos han logrado demostrar el uso discursivo del impacto negativo de la
migración desbordada sobre la seguridad de los integrantes de una nación con la finalidad de
imponer una agenda política de sesgo y protección nacional (Izcara Palacios et al. 2020).
También se ha evidenciado cómo la relación directa de la migración sobre los indicadores de
criminalidad y la seguridad nacional debe ser analizada a través del contexto, lo cual
demuestra la existencia de otros factores que afectan dichas variables. Sin embargo, no se
puede negar que la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes ha motivado la
comisión de delitos en las ciudades de destino. Dicho esto, este apartado pretende analizar
de forma objetiva los impactos de la migración venezolana en los índices de seguridad
colombianos a través de un enfoque multidimensional.
La migración como asunto de seguridad debe ser entendida bajo el proceso de
securitización, pues más allá de ser per se una amenaza objetiva, es una construcción a través
del discurso. Esto es, entonces, como lo explica Buzan, Waever y de Wilde (1998, 29), la
presentación de una temática como urgente debido a sus implicaciones en la seguridad,
revistiéndola de mayor importancia de la cual se encargaría la política común.
Evidentemente, según se entienda el concepto de seguridad, se podría adecuar el asunto de
la migración como una amenaza. De hecho, una de las principales concepciones de seguridad
es la protección de los valores adquiridos (Baldwin 1997, 13). En esta concepción, la
intromisión al interior de las fronteras de individuos extranjeros con valores diferentes podría
implicar un eventual cambio de los valores de la nación receptora, convirtiéndose en una
amenaza. Dicha injerencia del alter en la normalidad de la nación ha sido objeto de temática
discursiva para la imposición de políticas proteccionistas y excluyentes a través de la
securitización (Bigo 2003).
En tal medida, la constitución de temáticas de seguridad a través de políticas de la
excepción son creadores de contextos intersubjetivos. La constitución de normas actúa como
reglas definitorias del actuar de la sociedad, pero en el caso de normas securitarias, son
definitorias de la identidad (Reyes 2018, 16). Es así como un grupo de personas se definen a
sí mismas en contradicción al otro. O sea, las sociedades establecen su identidad en la medida
que son diferentes a otras.
Ahora bien, el otro como amenaza debe ser interpretado como tal a través del proceso
de securitización antes mencionado, materializándose en discursos aceptados y positivizados
en políticas públicas o leyes. Siendo este una amenaza subjetiva más allá que objetiva, es una
construcción social tal como la sociedad y el Estado son socialmente construidos (Tallmeister
2013, 5). Por lo tanto, los procesos identitarios de los que son objetos la población migrante
son necesariamente asuntos de seguridad, en la medida que ellos determinan las actuaciones
a futuro que estos tendrán en el lugar de acogida. No obstante, son a la par importantes los
regímenes normativos que caracterizan las comunidades receptoras de migrantes, pues hacen
que estas sean más o menos adversas a la aceptación de alter poblacionales, lo cual tiene
implicaciones en materia de (in)seguridad.
El asunto de la migración desde el prisma de la seguridad no puede ser entendido
desde el sentido tradicional del mismo, dado que escapa a la comprensión militar del
concepto, y aborda de formas más amplias, otras preocupaciones que se buscan proteger. En
tal medida, se propone hacer un acercamiento desde la seguridad multidimensional al
fenómeno de la migración proveniente de Venezuela, que se ha visto dinamizado en los
últimos años. Por lo tanto, se sugiere entender la seguridad multidimensional como el “estado
de libertad frente a las amenazas tradicionales y nuevas amenazas que son percibidas por
parte de los individuos mediante la acción integral y transversal de múltiples actores del
sector privado y público, para consolidar la gobernanza y el desarrollo de la nación” (Vargas-
Villamizar 2022, 114).
Las dimensiones que se incluyen en el espectro amplio de la seguridad son aquellas
definidas por Buzan, Waever y de Wilde (1998), a entender la seguridad política, militar,
societal, ambiental y económica. Por su parte, se entenderá por migración irregular a la
movilidad humana a través de las fronteras dada fuera de los mecanismos legales establecidos
entre los países (Quiroz Céspedes, Hurtado y Pérez Pertuz 2023, 7). Esto, pues, nos propone
entender la migración irregular como un asunto natural pero alegal, en el cual se busca una
situación de libertad que no se puede materializar en el país de origen, por lo que es necesario
acudir a procedimientos que escapan a la legalidad para garantizar los mínimos existenciales
a las personas. Así pues, la migración irregular tiene implicaciones desde la seguridad
societal, económica e interna de los países.
La seguridad societal se refiere, en forma general, a la construcción y perduración de
la identidad colectiva (Tallmeister 2013, 1). Dicha identidad podría ser amenazada por la
llegada masiva de extranjeros con una identidad colectiva diferente que puede oponerse a la
del país receptor. En palabras de Waever et al. (1993, 23), la seguridad societal se refiere a
la “habilidad de una sociedad de mantener su carácter esencial bajo condiciones cambiantes
y amenazas reales o posibles”. No obstante, se debe analizar hasta qué punto la migración
afecta los valores culturales e identitarios de la comunidad receptora, o si bien se generan
cambios comportamentales en la población inmigrante. Si bien la amenaza a valores
adquiridos es un asunto de seguridad, la construcción cultural se ha forjado a través de
dinámicas de integración, que en ninguna ocasión debe implicar un fin existencial a los
valores identitarios de una comunidad.
Por su parte, la seguridad económica se refiere al miedo existencial producido por
crisis financieras globales que podrían afectar la estabilidad política de un objeto referente
(Buzan, Waever y de Wilde 1998, 116). En tal medida, la entrada masiva de fuerza de trabajo
calificada y no calificada se puede considerar como una amenaza a la estabilidad laboral de
los individuos del país receptor, y generar disturbios en los precios de bienes y servicios y en
los puntos de equilibrio del mercado laboral. Sin embargo, se ha logrado demostrar con
creces que, de manera general, la migración tiene un efecto positivo en la economía del país
receptor (Islam 2007; Somerville y Sumption 2009; Chomsky 2007), y los argumentos
referentes a la seguridad económica están sustentados en ideas falsas y altamente politizadas,
sin llegar a desestimar por completo los impactos fiscales a corto plazo que puede producir
la entrada masiva de migrantes (Tallmeister 2013).
Sin dudas, la migración irregular ha sido instrumentalizada por grupos de
criminalidad organizada, que se aprovechan de las precarias situaciones de los migrantes y
les ofrecen oportunidades para delinquir. Esto afecta la seguridad interna del país y crea una
economía política criminal. Ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad han sido reclutados por parte de grupos armados ilegales colombianos como
los disidentes de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo
para integrar sus filas criminales (López Díaz 2019; Pérez 2021). Entonces, los grupos
armados ilegales colombianos instrumentalizan la vulnerabilidad de la población migrante
para fortalecer su capacidad armada. De tal manera, aunque los discursos argumentativos de
la lucha armada se entiendan solo en el contexto colombiano, siendo el Gobierno de
Colombia el enemigo directo de estas organizaciones delictivas, adoptan a migrantes de otros
países dentro de sus filas bajo las promesas de una remuneración económica, sin necesidad
de reproducir las ideologías que estas estructuras promulgan. En tal medida, las
organizaciones armadas ilegales se transforman en estructuras transnacionales, no solo por
la presencia de extranjeros en sus filas, sino por la expansión hacia territorios de otras
naciones.
De igual forma, se ha presentado una expansión de organizaciones criminales de
origen venezolano que aprovechan, de forma estratégica, los flujos migratorios en países de
tránsito y destino. Funcionan como una suerte de franquicia del crimen organizado, asentadas
en diferentes ciudades con alta recepción de migrantes (Voss 2023). Dentro de estas
organizaciones se destaca la megabanda venezolana Tren de Aragua, con supuesta injerencia
criminal en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cúcuta. No obstante, no es preciso afirmar
que esta organización criminal haya trasladado su actividad criminal a estas ciudades, y
dispute el control delictivo en ciudades colombianas con bandas de origen colombiano, sino
más bien que grupos de inmigrantes con fines delictivos hayan adoptado este nombre
aprovechando la exposición mediática que obtuvo esa organización en Colombia y la
penetración de esa marca delictiva en el imaginario colectivo y en la opinión pública (Mesa
2020).
De igual forma, diversos análisis han determinado que la migración irregular genera
un incremento en el corto plazo en las tasas promedio de los municipios para los delitos de
hurto a personas y hurto en comercios (Franco 2020, 23). En conclusión, el fenómeno
migratorio, si bien es una acción natural de la humanidad, refleja una serie de necesidades,
que, bajo las nuevas complejidades globales, han sido instrumentalizadas por organizaciones
criminales bajo una lógica de política económica criminal. Así, se convierte al ser humano
en un commodity, a la necesidad en una estrategia y a los países en un mercado en el que
convergen diversas economías ilegales que responden a la simplicidad del incremento de
réditos económicos ilícitos, y que concluye en una afectación continua a la seguridad
regional.
Migración irregular como forma de extractivismo
La migración irregular forzada se presenta como una forma de extractivismo de capital
humano bajo las mismas premisas de la dinamización de economías ilícitas que afectan los
recursos de una nación en términos de explotación. Primero, se debe ofrecer una definición
del término de extractivismo, el cual se refiere a la extracción y explotación de recursos
naturales para conseguir réditos económicos, sin tener en consideración el impacto a largo
plazo sobre el medio ambiente, las comunidades y la sostenibilidad (Chagnon et al. 2022).
Más allá de esto, es un complejo de prácticas, mentalidades y diferencias de poder que se
refuerzan mutuamente y que sustentan y racionalizan modos de organizar la vida de manera
socio-ecológicamente destructiva a través de la subyugación, el agotamiento y la falta de
reciprocidad.
El extractivismo depende de procesos de centralización y monopolización, basada en
la acumulación de capital, y comprende diversas dinámicas de desarrollo y resistencia
específicas de cada sector (Chagnon et al. 2022, 763). Estos autores expresan que el concepto
de extractivismo se ha expandido más allá del mero acto de extracción de recursos naturales,
porque se soporta el argumento de que el ser humano, como recurso, puede ser extraído,
transportado y utilizado, y dicha extracción implica una ganancia económica, en especial,
para grupos criminales. En tal medida, se evidencia el surgimiento de una economía política
criminal que utiliza al humano-migrante como su commodity.
Los flujos migratorios se producen y se mantienen en la medida que se le pueda
asignar un valor económico al movimiento humano. Como se ha visto en este artículo, las
motivaciones para salir del país de origen y habitar en el exterior se producen, en su mayoría,
dentro del espectro de garantizar la supervivencia y mejorar las condiciones económicas.
Bajo el marco teórico de la seguridad multidimensional, la garantía de las capacidades
adquisitivas para aumentar los ingresos ante una perspectiva de vulnerabilidad se podría
incluir dentro del concepto de seguridad económica (Vargas-Villamizar 2022). Entonces, la
migración es una condición que busca la garantía de seguridad dentro del espectro de la
multidimensionalidad antes explicado.
Ahora bien, se puede hacer un paralelo con los bienes y flujos ilegales transnacionales
en la medida que, mientras el migrante cruza fronteras, los ingresos que percibe se
incrementan mediante el desarrollo de una actividad económica. Esto es, si un migrante sale
de un país con vulnerabilidades económicas en Suramérica para llegar a los Estados Unidos,
por cada frontera que pasa su valor inherente y proyectivo se incrementa. Lo anterior, se
asemeja al valor adquirido por un bien ilícito, como un alijo de estupefacientes, que
incrementa su valor a medida que se acerca a su mercado ilícito de destino (Varese 2017).
En tal medida, los migrantes irregulares surten una suerte de commoditites dentro del
mercado ilícito de tráfico de migrantes, fundamento transaccional esencial del extractivismo
estudiado en América Latina (Acosta 2013). En palabras de Andersson (2018), los migrantes
son activos en las nuevas dinámicas de la bioeconomía. Dicho esto, los migrantes presentan
características de commodities humanas que adquieren valor en el momento de traspasar
fronteras, tal como ocurre con un bien o servicio ofertado y adquirido en diferentes Estados
(Morris 2023). Esto, evidentemente está incentivado por el mercado laboral en los países de
destino, los cuales adquieren los servicios laborales de mano de obra no calificada para suplir
la demanda del mercado que no puede satisfacerse por nacionales de ese país.
Ahora bien, si en los sistemas extractivistas los agentes intermediarios se reparten
entre instituciones del Estado y grandes multinacionales del sector privado, en los flujos
migratorios irregulares, que utilizan al ser humano como bien transaccional, los
intermediarios son organizaciones de crimen organizado. Estas organizaciones delictivas han
lucrado ilícitamente por medio del cobro extorsivo a las actividades económicas generadas
por la migración y a los mismos migrantes. Esta situación se hace evidente en el flujo
migratorio observado a través de la selva del Darién, que divide Colombia con Panamá y que
desde el 2021 ha observado un incremento exponencial en la cantidad de individuos
provenientes de países de América, Asia y África que buscan llegar a los Estados Unidos.
Esta situación ha evidenciado el cobro, por parte de organizaciones armadas al margen de la
ley, de cuotas extorsivas a los migrantes para garantizarles seguridad al momento del paso y
a los establecimientos comerciales ubicados en los municipios de acogida (Defensoría del
Pueblo 2023). De igual forma, estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua
han establecido células a través de la ruta de migrantes al sur del continente para mantener
sistemas delictivos aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes.
Conclusión
La migración irregular tiene implicaciones en seguridad tanto en el país de destino como para
el país de origen, pero, sobre todo, para el migrante. Los flujos migratorios irregulares han
sido observados sobre sus implicaciones en las dimensiones sociales, económicas y de
seguridad en las comunidades receptoras. Se ha evidenciado que estas implicaciones
negativas no están sustentadas, y se basan en una utilización política de la situación
migratoria para lograr fines igualmente políticos. No obstante, el concepto de extractivismo
relacionado con la migración irregular, en el sentido de una extracción de capital humano
como commodities, tendría implicaciones aún más graves para el país de origen. No solo eso,
sino la perdida identitaria y cultural de los migrantes, llevada al extremo, sería una amenaza
existencial para los países que, al no garantizar los mínimos vitales, obligan a la migración
exponencial y altamente vulnerable de sus ciudadanos. Entonces, no se estaría observando
solo un despojo de tierras bajo el extractivismo, sino un despojo de la identidad y de los
valores más centrales que definen la seguridad.
En el contexto migratorio de venezolanos hacia Colombia y los Estados Unidos se
puede observar la instrumentalización de los flujos migratorios por parte de actores
criminales y las implicaciones en seguridad, lo cual prueba la existencia de una economía
política criminal que instrumentaliza al migrante como un producto transnacional. Se
presenta un éxodo de organizaciones criminales de origen venezolano, lo cual se asemeja
más a una franquicia delictiva, en vez de una verdadera transnacionalización de la estructura
organizativa de estos grupos. Ciertamente, grupos como el Tren de Aragua instrumentalizan
los flujos y migrantes, pero no se ha observado un reclutamiento por parte de grupos armados
organizados al margen de la ley de ciudadanos venezolanos.
Lo en verdad interesante es observar cómo las organizaciones extractivistas que se
han beneficiado económicamente de la acción de despojo del capital humano venezolano son
estructuras que controlan los puntos de paso, con lo que logran réditos exponenciales
mediante el cobro de extorsiones a los migrantes. Estas organizaciones actúan como
verdaderas empresas criminales bajo el modelo extractivista que aprovecha los recursos
disponibles, se ubican en sitios estratégicos e instrumentalizan situaciones de inseguridad, lo
cual tiene las mismas consecuencias negativas en términos de sostenibilidad que el sentido
tradicional del término. Es así como se reproducen las inseguridades que dieron origen a la
salida del individuo de su lugar de origen y se profundizan las problemáticas en los países de
tránsito, en la medida que fortalecen la capacidad armada de los grupos criminales que
instrumentalizan la vulnerabilidad del migrante. Finalmente, en el país de origen se pierden
los valores adquiridos, se extrae la identidad cultural del migrante, lo que constituye la
pérdida total de libertades en términos de (in)seguridad.
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