doi.org/10.17141/urvio.37.2023.5954
El valor de las armas menos letales en seguridad pública
The Value of Less Lethal Weapons in Public Safety
O Valor das Armas Menos Letais na Segurança Pública
Elvis Hernandez-Perdomo
1
y Johnathan C. Mun
2
Recibido: 12 de abril de 2023
Aceptado: 25 de junio de 2023
Publicado: 30 de septiembre de 2023
Resumen
Las armas menos letales (AML) han sido objeto de debate en la aplicación de la ley. Gran parte de
la literatura se centra en su legalidad y conveniencia, en lugar de su efectividad, particularmente
para los organismos de seguridad. Para abordar esa brecha, el presente estudio utiliza un análisis
de riesgos financieros avanzados y simulación de escenarios para modelar el retorno de la inversión
(ROI, por sus siglas en inglés) del uso de las AML. Utilizando un tipo de AML (The Alternative)
como caso de estudio, se encuentra que, si bien los eventos extremos con AML ocurren
relativamente con poca frecuencia, en comparación con las armas de fuego convencionales, su
impacto en la sociedad es significativo. Por ejemplo, las agencias policiales pueden obtener un
ROI entre el 1564% y el 2728%. Por cada dólar invertido en adquirir, equipar y capacitar a un
oficial con AML, el beneficio adicional se sitúa entre 16 y 28 dólares. Por lo tanto, las AML no
solo reducen el daño colateral, el riesgo reputacional y legal, sino que también previenen muertes
innecesarias que erosionan la legitimidad policial y la confianza pública.
Palabras clave: armas; análisis cuantitativo; inversión; justicia; policía; política pública, seguridad
Abstract
Less-Lethal Weapons (LLWs) have been a topic of debate in law enforcement, with much of the
literature focusing on their legality and convenience rather than their effectiveness, in particular
for police agencies. To address this gap, this study employs advanced financial risk analytics and
1
University of Hull, Reino Unido, e.hernandez-perdomo@hull.ac.uk, orcid.org/0000-0002-6936-7666
2
Naval Postgraduate School, California, Estados Unidos, jcmun@nps.edu, orcid.org/0000-0003-0312-0959
scenario simulation to model the return on investment (ROI) of LLWs usage. By using a type of
LLW (The Alternative) as a case study, the results suggest that while extreme events in LLW occur
relatively infrequently compared to conventional firearms, their impact on society is significant.
For instance, police agencies can have ROI between 1564% and 2728%. For each dollar invested
in acquiring, equipping, and training an officer with LLWs, the added benefit is seen between
USD$16 and USD$28. Hence, LLWs not only reduce collateral damage, reputational and legal
risk, but also prevent unnecessary deaths which erode police legitimacy and public trust.
Keywords: investment; justice; police; public policy, quantitative analysis, security, weapons
Resumo
O uso das armas menos letais (AML) tem sido debatido nos últimos anos na aplicação da lei.
Entretanto, a literatura tem sido concentrada na legalidade e conveniência das AML sem
considerar o valor do investimento nas análises da efetividade, especialmente para as agências de
segurança. Para abordar esta brecha, este estudo utiliza análises avançadas de risco financeiro e
simulação de cenários para modelar o retorno do investimento (ROI) do uso das AML. Dessa
forma, utilizando um tipo de AML (The Alternative) como caso de estudo, os resultados sugerem
que, embora os eventos extremos com AML em comparação com armas de fogo convencionais
ocorrem relativamente com pouca frequência, o seu impacto na sociedade é significativo. Por
exemplo, as agências de polícia podem ter um ROI entre 1564% - 2728%... Por cada US$1
investido na aquisição, equipamento e treino dum polícia, o benefício encontra-se entre US$16 e
US$28. Nesta perspectiva, as AML reduzem os danos colaterais, o risco reputacional e legal, e
evitam mortes desnecessárias que corroem a legitimidade da polícia e a confiança dos cidadãos.
Palavras-chave: análise quantitativa; armas; investimento; justiça; polícia; política pública,
segurança
Introducción
La violencia armada tiene un importante impacto económico. La Geneva Declaration Secretariat
(2008) ha enfatizado que el costo de la pérdida de productividad de la violencia criminal o no
conflictiva por sí sola es de unos 95 billones de dólares y puede alcanzar como máximo hasta 163
billones de dólares al año. El manejo de esa carga global de violencia armada requiere un fuerte
compromiso político para mejorar las instituciones, la recopilación de datos locales y el desarrollo
basado en evidencias sobre las relaciones costo-beneficio.
En tal sentido, el uso de la fuerza por parte de las organizaciones del orden público ha sido
un asunto divisivo, sin embargo, existen numerosos ejemplos sobre la brutalidad policial y el uso
excesivo de la fuerza, que han captado la atención pública en las armas de fuego convencionales
o armas letales (Cano, Silva y Pérez Correa 2022). Cabe destacar que ya en el 2014 América Latina
contaba con una tasa de 14,3 por 100 000 en los homicidios de jóvenes por armas de fuego
(Otamendi 2019) con fuerte incidencia en el accionar policial. Por otro lado, de acuerdo con
Naghavi et al. (2018), entre 1990 y 2016 se evidencia que de los seis países donde se producen la
mitad de las muertes por arma de fuego en el mundo, cinco son latinoamericanos. Esta lista la
encabeza Brasil, seguido de Estados Unidos. México ocupa el tercer lugar y le siguen, en el orden,
Colombia, Venezuela y Guatemala. Todo ello genera impactos significativos en el área emocional,
física, legal y económica en los afectados y en sus comunidades (Alpers y Wilson 2023). Por
ejemplo, la violencia con armas de fuego en Estados Unidos cuesta cada año 2,6% del Producto
Interno Bruto −PIB− (Naghavi et al. 2018), y en América Latina y el Caribe representa alrededor
del 3% del PIB regional (Caprirolo et al. 2017).
De acuerdo con Ávila, Proaño y Gómez (2014), las armas de fuego convencionales son las
que, por diseño o conversión, constan de por lo menos un cañón por el cual un proyectil sale por
la acción de un explosivo. Este tipo de armas en materia de acción policial y seguridad ciudadana
expone a los departamentos de policía y las agencias federales a daños colaterales, riesgo
reputacional y jurídico, principalmente por las muertes injustas e innecesarias.
Como resultado de los casos mencionados, ha aumentado el interés en las armas menos
letales (AML o LLW por sus siglas en inglés) como alternativa a las armas de fuego
convencionales (Demir, Tekiner y Turan 2022). Las AML están diseñadas para incapacitar a un
delincuente o sospechoso; pero, en lo posible, sin causar la muerte, daños severos y lesiones
significativas (Lewer y Davison 2005; Reina Arias 2018) mientras se realizan procedimientos de
protección y seguridad ciudadana enlistados en las leyes. Dentro de las AML se incluyen las de
electrochoque, denominadas Taser, los proyectiles de captura de balas de reducción de velocidad,
las balas de goma, bolsas de frijoles y otros proyectiles menos letales utilizados en los
departamentos de policía, las agencias federales y locales de aplicación de la ley, en las
operaciones policiales militares y para uso público. Las AML, incluso las antes mencionadas, han
sido tema de debate significativo en los últimos años (Sheppard y Welsh 2022).
En América Latina, por ejemplo, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz,
el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) en el 2016 estudió los retos
y oportunidades de las AML ante la ardua labor policial por mantener y vigilar el orden público
(UNLIREC 2016). En el 2017, el Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional de Colombia
(MDNPNC 2017) expidió un reglamento para el empleo de dispositivos menos letales, ajustado a
lineamientos de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
En México, en el 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH 2021) introdujo recomendaciones sobre el empleo de las AML en el
mantenimiento del orden, y en Perú, Serna-Mora (2021), concluyó que la implementación del uso
de las ALM por la policía puede fortalecer la seguridad ciudadana, si se basa en un marco
normativo específico e integral con una serie de normas y reglamentaciones. En resumen, la
literatura debate su legalidad y conveniencia por parte de los Estados y deja a un lado el valor de
la inversión para su implementación efectiva.
Además, en América Latina no hay cifras oficiales y consistentes sobre la violencia armada
no letal para medir los impactos económicos del uso de armas no letales por parte de los
organismos de seguridad pública (UNLIREC 2016; Álvarez-Velasco 2022). Los objetivos
primordiales de los oficiales de seguridad pública son preservar el orden y hacer cumplir la ley al
tiempo que protegen los derechos individuales, en última instancia, dichos objetivos se logran con
el ejercicio de cierta autoridad coercitiva (Aparicio 2003; Heresmann 2011). Por consiguiente, la
sociedad espera que los oficiales de policía actúen con base a su formación y juicio profesional al
momento de utilizar la fuerza física para defender a los ciudadanos o para detener a los sospechosos
de delitos. En tal sentido, las AML pueden reducir los daños colaterales y riesgos reputacionales
y jurídicos que se evidencian en las armas convencionales.
Dadas las limitaciones de acceso a la información en materia de policía y seguridad pública
en América Latina y el Caribe (p. ej., violencia por tipos de armas de fuego, daños colaterales,
número de policías procesados, entre otros) para estimar los costos por uso de armas (UNLIREC
2016; Naghavi et al. 2018; Álvarez-Velasco 2022; Cano, Silva y Pérez Correa 2022), el presente
estudio utiliza datos de dominio público en Estados Unidos. Por ejemplo, la Base de Datos de
Financiación de la Policía Nacional (The National Police Funding Database en inglés), las
estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y las estadísticas del Mapeo
de la Violencia Policial (Mapping Police Violence en inglés) y del Archivo de Violencia Armada
(Gun Violence Archive en inglés). La idea es usar estas fuentes como punto de referencia para
estimar los costos de las armas convencionales y para valorar las AML en operaciones de
protección y seguridad ciudadana.
Por ejemplo, el Instituto Thurgood Marshall (2022), rector de la Base de Datos de
Financiación de la Policía Nacional que promueve prácticas policiales justas y responsables en
Estados Unidos, identificó 167 acuerdos anunciados públicamente entre las fuerzas del orden y las
víctimas de disparos y sus familias. El monto por compensaciones derivado de dichos acuerdos
ascendió a 2 240 000 000 de dólares durante la última década. Asimismo, entre 2005 y 2020, 42
policías no federales fueron condenados por varios tiroteos.
Por otro lado, las últimas estadísticas publicadas por el FBI muestran cuán peligroso es el
trabajo de mantener el orden público. El FBI (2021) revela que 2744 oficiales fueron atacados con
armas de fuego (6,1% heridos) y 59 oficiales de policía fueron asesinados en el cumplimiento de
su deber entre enero y septiembre de 2021. Asimismo, si se revisan los datos del Mapeo de la
Violencia Policial en los EE.UU., el gráfico 1 indica que ocurrieron 10 743 muertes por tiroteos
policiales entre el 2013 y el 2022. Es importante señalar que hubo múltiples muertes innecesarias
de niños menores de 10 años, inclusive, de personas jóvenes entre 11 y 20 años.
La tabla 1 muestra el número de muertes en la última década por disparos del policía,
categorizadas por niveles de amenaza y el estado de las armas. En este caso el volumen de casos
asociados con ‘presuntamente armado’ y nivel de amenaza ‘ataque’ son elevados. Ello ha puesto
a 184 policías bajo investigación penal, según Mapping Police Violence (2023) y Gun Violence
Archive (2023). El gráfico 2 muestra que más de 50 oficiales de policía han sido condenados por
delitos penales relacionados con el disparo de sus armas de fuegos. Asimismo, en el gráfico
sobresale el número de policías condenados por homicidios culposos, homicidios involuntarios y
asesinatos. Por último, cabe destacar que las fuentes revisadas no muestran, de manera explícita,
información de los costos asociados por el uso de las armas de fuego, sin embargo, el número de
muertes es considerable (FBI 2021; Mapping Police Violence 2023; Gun Violence Archive 2023).
Gráfico 1. Muertes relacionadas por disparos de la policía en los EE.UU. por grupo de edades
(2013-2022)
Fuente: elaborado por los autores a partir de Mapping Police Violence (2023) y Gun Violence Archive (2023).
Tabla 1. Muertes relacionadas por disparos de la policía en los EE. UU. por categoría (2012-2022)
Estado de las armas
Desarmado/No tenía arma real
1521
13,6%
Presuntamente armado
8022
71,7%
No es claro
986
8,8%
Vehículo
667
6,0%
Total de casos
11196
Nivel de amenaza
Ataque
5101
45,6%
Arma blandida
363
3,2%
Ninguno
128
1,1%
Otros
2256
20,2%
Movimiento amenazante repentino
160
1,4%
No es claro
163
1,5%
Indeterminado
2881
25,7%
Arma utilizada
144
1,3%
Total de casos
11196
Fuente: elaborado por los autores a partir de Mapping Police Violence (2023).
Gráfico 2. Número de oficiales de policía condenados en los EE.UU. relacionados con armas de
fuego (2005-2020)
Fuente: elaborado por los autores a partir de Mapping Police Violence (2023) y Statista (2020).
Por otro lado, en términos agregados, Reid, Eisler y Smith (2019) mencionan que Reuters
documentó un total de al menos 1081 muertes en EE.UU. tras el uso de Taser desde que
comenzaron a usarse ampliamente a principios de la década de 2000. Mapping Police Violence
(2023) muestra que alrededor de 600 muertes (15 oficiales de policía condenados) han ocurrido a
manos de la policía por el uso de AML entre 2013 y 2023. Aunque estos números son muy
inferiores al número de muertes por armas de fuego de acuerdo con Borges et al. (2022), estas son
una alternativa para que los organismos encargados hagan cumplir la ley y minimicen el riesgo de
lesiones graves y muerte y, en consecuencia, los costos asociados. Note que dichas fuentes no
muestran de manera explícita los costos asociados con el uso de las AML por parte de organismos
de seguridad.
Aunque la implementación de las AML no garantiza evitar muertes o lesiones graves y no
elimina por completo la responsabilidad penal de los oficiales de policía, su uso disminuye de
modo significativo las probabilidades de dichos riesgos (UNLIREC 2016; Álvarez-Velasco 2022).
Si los oficiales actúan dentro de sus deberes y siguen los procedimientos operativos, las agencias
de seguridad y el oficial pueden evitar la responsabilidad legal y los riesgos reputacionales.
Mediante entrenamiento y tecnología menos letal, el monto de compensaciones a víctimas y
familias por acciones negligentes con armas letales se reduce considerablemente. Por lo tanto, este
estudio busca estimar el valor de la inversión en AML a través de análisis avanzados de gestión de
riesgo y simulación de escenarios, centrándose en la opción The Alternative, desarrollada por
Alternative Ballistics Corporation y usada para la intervención policial en materia de seguridad
ciudadana.
La estructura del artículo es la siguiente: tras la introducción se desarrolla una revisión
bibliográfica de los datos y de la literatura existente en AML para la intervención policial y
seguridad ciudadana. En el tercer apartado se propone el enfoque empírico para valorar las AML,
se introduce el caso de estudio (The Alternative), se muestra el valor del retorno de la inversión y
se presentan algunos escenarios con base en el uso de analíticas avanzadas de simulación de Monte
Carlo. En el cuarto apartado se desarrolla la discusión de los resultados, se presentan otros aspectos
que se podrían considerar en el enfoque empírico y se abren futuras líneas de investigación o
extensión del caso de estudio. En la última sección aparecen las conclusiones principales.
Revisión bibliográfica sobre AML
El empleo de la fuerza por parte de oficiales encargados de hacer cumplir la ley ha generado
preocupación y debate público, sobre todo, en lo que respecta al uso de la fuerza letal (Naval
Studies Board y National Research Council 2003; Mesloh, Henych y Wolf 2008; Sheppard y
Welsh 2022). Las AML, como las pistolas de electrochoque, el gas pimienta y las balas de goma
se consideran alternativas al armamento letal tradicional (Alexander 2001; Borges et al. 2022) y
están diseñadas para incapacitar objetivos sin causar muerte o lesiones graves (ACNUDH 2021).
Sin embargo, la literatura aún no ha explorado exhaustivamente la eficacia y los efectos
económicos de las AML en la reducción de muertes y lesiones en interacciones con la aplicación
de la ley. La capacidad de los oficiales para utilizar tanto fuerza letal como no letal es característica
distintiva de la profesión policial (Bittner 1970), pero también aumenta su exposición a riesgos
legales y quejas ciudadanas (Archbold 2005).
En América Latina y el Caribe el UNLIREC (2016) ha examinado su contexto y uso en el
control de masas y la reducción de fatalidades, y la ACNUDH (2021) ha recomendado su empleo
como alternativa menos peligrosa al uso de armas de fuego para mantener el orden y reducir
lesiones. No obstante, la discusión hasta ahora se ha centrado en la legalidad y conveniencia de
incorporar estas armas, así como su valor cualitativo (Demir, Tekiner y Turan 2022; UNLIREC
2016; Álvarez-Velasco 2022). Bostic (1994) recomienda considerar el impacto económico, ya que
las armas en verdad no letales podrían alterar la asignación de fondos en seguridad ciudadana. Por
ejemplo, en Estados Unidos y en los países con más crímenes por armas de fuegos se podrían
ahorrar grandes sumas en demandas y gastos médicos relacionados con la policía. Informes
sugieren que el mal uso de la fuerza, letal y no letal, y la violación del debido proceso en arrestos
son situaciones que pueden resultar en indemnizaciones a los ciudadanos (Blalock 1974; Craig
1977).
AML en acción policial y seguridad pública
El uso de las AML es considerado una forma protección para los oficiales de policía, pues el
empleo de armas letales genera dudas y ansiedad antes de su utilización. Se argumenta que las
armas no letales podrían contribuir a eliminar la brecha existente entre la policía y las comunidades
a las que sirven (Bostic 1994; Casey-Maslen, Heyns y Probert 2022). La política actual exige que
los oficiales utilicen la menor cantidad de fuerza necesaria durante los procedimientos de
aplicación de la ley. Sin embargo, incluso cuando la aplicación de la fuerza es justificable, los
oficiales siguen siendo susceptibles a demandas legales. Desde 1961, ha habido un aumento
constante en los litigios contra la policía debido a decisiones judiciales, la naturaleza litigiosa de
la sociedad y la tendencia de responsabilizar a las autoridades por sus acciones (Hougland, Mesloh
y Henych 2005).
Los oficiales de policía deben utilizar la fuerza física de acuerdo con su entrenamiento y
criterio, ya sea para proteger a ciudadanos o a sí mismos, o para detener a sospechosos (Bulman
2011; Hirschfield 2023). Sin embargo, el uso de la fuerza por parte de la policía, que resulta en
lesiones, plantea preocupaciones de abuso policial, da lugar a demandas y daña la reputación
policial (Bulman 2011; Hirschfield 2023). Estas lesiones generan gastos médicos para personas
sin hogar, compensaciones laborales para oficiales heridos y daños pagados a través de acuerdos
judiciales. Dado que los oficiales a veces necesitan usar la fuerza, que puede incluir armas letales,
es inevitable que algunas interacciones resulten en lesiones a individuos y oficiales.
Según Hickman et al. (2021), estas lesiones tienen costos reales como gastos médicos y
salarios perdidos, además de costos intangibles como la disminución de la legitimidad policial y
la confianza ciudadana, que son difíciles de cuantificar, pero tienen un impacto duradero en las
percepciones ciudadanas. La utilización de las AML es una estrategia efectiva para reducir daños,
pero se requieren evaluaciones más rigurosas de su uso policial para establecer políticas y prácticas
que minimicen el daño en interacciones violentas. Sheppard y Welsh (2022) destacan que los
departamentos de policía que consideren adoptar, mantener o ampliar el uso de AML deben
hacerlo de manera cuidadosa, basándose en evidencia científica y manteniendo un entrenamiento
riguroso. Aunque las AML en América Latina están en una etapa temprana, en comparación con
las armas letales, Álvarez-Velasco (2022) sostiene que es crucial mejorar los protocolos y el
entrenamiento de la policía para reducir la letalidad.
AML, eficacia, seguridad y limitaciones
Muchos estudios han evaluado la eficacia de las AML en una variedad de contextos (Sheppard y
Welsh 2022). Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ en inglés), los
dispositivos de energía dirigida (CED en inglés), como los Taser, reducen el riesgo de lesiones a
los oficiales de arresto y a los sospechosos (Adams y Jennison 2007; Alpert et al. 2011; Kjellman
2016; Kunz et al. 2018). Del mismo modo, un metaanálisis de varias investigaciones reveló que
los CED son útiles para someter a los sospechosos sin ocasionar lesiones graves (Strote et al.
2010). Más aún, la investigación elaborada por el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía
(PERF en inglés) descubrió que el uso de las AML en los encuentros con la policía había reducido
las lesiones tanto de los oficiales como de los sospechosos (PERF 2016).
Al analizar las AML la seguridad es de suma importancia. Si bien estas armas están
diseñadas para disminuir la posibilidad de daños letales, las AML son capaces de causar daños
corporales o la muerte en algunas circunstancias (Kunz et al. 2018; Strote et al. 2010; Reid, Eisler
y Smith 2019). Haar et al. (2017) indican, por ejemplo, que el uso del gas pimienta puede producir
daños graves o muerte, y Amnistía Internacional (2021) informa sobre casos de muertes debido al
uso incorrecto de pistolas Taser por parte de oficiales. Además, las AML podrían ser ineficaces
contra ciertos individuos debido a factores como estatura, ropa o problemas médicos, lo que se ha
observado en estudios como los de White y Ready (2007) y Dobrowolski y Moore (2005).
Aunque la implementación de AML no garantiza la prevención constante de muertes o
lesiones graves se ha notado una disminución drástica en ambos casos con su uso. Siempre que los
oficiales actúen dentro de sus deberes y protocolos, es probable que no enfrenten responsabilidad
legal o civil. Por tanto, un entrenamiento adecuado en el uso de AML puede reducir
considerablemente las acciones imprudentes y situaciones de fuerza, y así se disminuyen las
compensaciones a las víctimas y sus familias (Cox 2005; Geis y Binder 1990). De esta manera, los
Estados pueden mitigar el riesgo de tener que indemnizar a personas que fueron objeto de un uso
ilegal de la fuerza menos letal (ACLU Massachusetts 2015).
En resumen, la investigación existente indica que las AML pueden limitar la probabilidad
de lesión o muerte en operativos policiales para hacer cumplir la ley y proteger los ciudadanos.
Sin embargo, estas armas tienen desventajas que hay que tener en cuenta, tales como el potencial
de su uso indebido o abuso, y la posibilidad de ineficacia en contra de objetivos particulares. No
obstante, para la policía las AML se han convertido en una necesidad absoluta. De hecho, se puede
decir que los departamentos que no dotan a su policía con AML son negligentes en salvaguardar
a la ciudadanía (Kjellman 2016). En este sentido, y para coadyuvar a la toma de decisiones, la
siguiente sección desarrolla el enfoque empírico para valorar las AML en términos de retorno de
la inversión.
Metodología y caso de estudio
Los autores proponen un modelo beneficio-costo para calcular el retorno cuantitativo de la
inversión o ROI 󰇛󰇜 analizando el valor de adquirir, capacitar e implementar tecnologías de AML
bajo las siguientes suposiciones. Los beneficios monetarios totales dependen de los costos
potenciales ahorrados 󰇛
󰇜 que provienen de la distribución de probabilidad de la frecuencia
y
la gravedad
o consecuencia (daños colaterales, costos reputaciones y legales, entre otros). Con
base en dicha información, se crean escenarios de simulación usando como referencia el número
de eventos con armas de fuego (p. ej., número de tiroteos) relacionados con la policía y organismos
de seguridad pública en un horizonte temporal relevante. Asimismo, se determina el promedio de
casos anuales. Estos casos se pueden relacionar con la población promedio u objetivo en una
región, ciudad o país durante el período de análisis. Por último, se estima la proporción de casos
con relación a la población objetivo y los potenciales beneficios (tangibles e intangibles) derivados
de la implementación de tecnologías de AML.
Luego, se requiere ejecutar analíticas avanzadas de simulación estocástica (Mun 2010), por
ejemplo, simulaciones de Monte Carlo con un número de pruebas que oscilen de 10 000 a 1 000
000. Se utiliza una distribución de Poisson
para la frecuencia y un log-normal
, así como
distribuciones triangulares para medir la severidad de un resultado, si así ocurre. Es decir, se tiene:
󰇛
󰇜
󰇛


󰇜
󰇛


󰇜
donde 󰇛
󰇜
󰇛󰇜


 
󰇛󰇜
 󰇛󰇜
󰇟󰇛󰇜󰇛󰇜󰇠
󰇟󰇛󰇜󰇠
   
Para culminar, se implementa un modelo aditivo de riesgo financiero o beneficio-costo (Mun
2010), donde el costo total es la suma de los costos individuales (i.e., certificaciones, manejo,
precios unitarios)
para las opciones o tecnologías de AML seleccionadas, multiplicado por el
número de unidades requeridas . Al comparar los costos versus los beneficios relativos, con base
en el análisis estocástico, se estima el ROI (). ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.En otras palabras, por cada unidad monetaria invertida en adquirir, equipar y capacitar
a un oficial para usar una AML, se determina cuánto de retorno o valor adicionado se captura en
beneficios para la población objetivo. Por tanto, el enfoque permite contrastar información real de
la población objetivo y costos de implementación de las AML con escenarios probabilísticos de
disminución de los daños colaterales, el riesgo reputacional, las muertes sin sentido por heridas
letales, incluidas las reclamaciones por muerte culposa y riesgo penal y legal para los oficiales de
policía y/o agentes federales.
Caso de estudio
A pesar de que existe importante literatura sobre sobre los dispositivos de energía conducida, como
las pistolas Taser y otras AML, se decidió seleccionar caso de estudio la opción The Alternative
de la compañía Alternative Ballistics Corporation, ubicada en los EE.UU. Todos aquellos aspectos
relacionados con su desarrollo e ingeniería están fuera del alcance de esta investigación. Por
ejemplo, para los fines de este estudio, se supone que la AML seleccionada ha sido probada y
examinada con exhaustividad por oficiales calificados encargados de hacer cumplir la ley.
Cualquier discusión sobre su eficacia, facilidad de uso, robustez, confiabilidad y otras propiedades
asociadas está fuera del alcance de esta investigación.
La opción seleccionada The Alternative es un acoplamiento opcional patentado, ligero y
asequible que se monta en la parte superior de un arma de fuego convencional (Figura 1). Su uso
no requiere reemplazar el arma actual ni aumentar el arsenal para operaciones policiales. Una vez
instalado, el arma del oficial se convierte en un dispositivo menos letal. De acuerdo con Alternative
Ballistics (2021), es compatible con armas comunes como Glock 17, Glock 19, Smith & Weston
M&P, CZ-P10 y Sig-Sauer P-229, y admite municiones de 9 mm y calibres .40 y .45. La unidad
The Alternative emplea una aleación patentada que permite que una bala disparada se incruste en
el proyectil mientras se dirige al objetivo, de modo que funciona como una especie de bolsa de
aire para la bala, y así mantiene su impacto contundente para someter al sospechoso.
Figura 1. The Alternative, tecnología de AML usada para el caso de estudio
Fuente: Alternative Ballistics (2023).
De acuerdo con algunas especificaciones técnicas y aspectos testeados bajo el protocolo ASTM
E3276/E3276M-21 (Alternative Ballistics 2021), se indica que cuando se dispara con la munición
Speer Gold Dot 9 mm +P/GDHP 124 Grain, que es la munición elegida por las fuerzas del orden
público en todo el mundo, la velocidad de salida es de 1220 fps con 410 pies/lbs frente a disparar
con la The Alternative. La velocidad de salida se reduce a 220 fps con 77,5 pies/lbs a 21 pies. Los
resultados de estas pruebas indican una reducción entre el 75% y el 85% en la velocidad y la fuerza
de impacto, dependiendo de la munición utilizada y la distancia de impacto medida.
Es esencial destacar que, aunque todos los impactos causados por dispositivos menos
letales (como el Taser o el gas pimienta) conllevan a una inherente posibilidad de ser letales, el
propósito del dispositivo The Alternative es precisamente reducir esta probabilidad al transformar
un arma de fuerza letal en un instrumento de menor letalidad para proteger a los oficiales de daños
colaterales y riesgos reputacionales y jurídicos. No obstante, esta tecnología también tiene riesgos
de fracturas costales o incluso lesiones en el esqueleto torácico, por eso se mantiene en un delicado
equilibrio entre ser efectiva sin ser perjudicial en diversas situaciones.
Retorno de la inversión para The Alternative
Para calcular el retorno de la inversión (ROI) de la AML seleccionada (The Alternative) o cualquier
otra AML se sigue el enfoque empírico propuesto con base en las siguientes suposiciones. Los
beneficios monetarios totales están asociados a los costos potenciales ahorrados. Por ejemplo, en
los Estados Unidos hubo 11 196 muertes por tiroteos relacionados con la policía en los últimos 10
años (tabla 1), con un promedio de 1120 casos anuales en una población promedio de 360 000 000.
Aún más, se asume una incidencia de 0,311 casos por cada 100 000 habitantes con una demanda
promedio de 25 000 000 de dólares (con un mínimo de 5 000 000). Note que esto es una suma baja
en referencia a lo reportado por el Instituto Thurgood Marshall (2022), que identificó 167 caso
anunciados entre las fuerzas del orden y las víctimas de disparos y sus familias, con un monto que
ascendió a 2 240 000 000 000 de dólares en compensaciones en los últimos 10 años.
El costo total es la suma de los costos individuales (p. ej. la porta pistolas y la certificación)
multiplicado por el número de unidades requeridas por oficial de policía. Las estadísticas
nacionales muestran un promedio de 2,5 oficiales de policía por cada 1000 habitantes en los
Estados Unidos, donde al año sería suficiente un promedio de tres unidades por oficial, por tanto,
el costo prorrateado de The Alternative promedia 100 dólares por unidad. Según Alternative
Ballistics (2023), para una ciudad pequeña o suburbio con una población de 10 000, los gastos
totales serían unos 10 000 dólares por año para el equipo y la certificación.
Ahora se ejecuta una simulación estocástica de Monte Carlo con 10 000 pruebas, mediante
una distribución de Poisson
para la frecuencia y un log-normal
, así como distribuciones
triangulares para medir la severidad de un resultado. De esta manera, los resultados del análisis
estocástico muestran que el ROI está entre 1343% y 1841% con una confianza estadística del 95%
(gráfico 3). ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.En otras palabras, por cada un
dólar invertido en adquirir, equipar y capacitar a un oficial para usar The Alternative, el retorno
está entre 14 y 19 dólares.
Gráfico 3. The Alternative, retorno de la inversión (10 000 habitantes)
Fuente: elaborado por los autores.
Ahora bien, para una ciudad un poco más grande con una población de 100 000 (gráfico 4), el
impacto del valor esperado es de 7 700 000 de dólares en exposición legal con un 3% de
probabilidad de ocurrencia. Aunque la probabilidad de ocurrencia de un incidente de esta magnitud
es remota o bastante baja, cuando sí ocurre el impacto es significativo en la comunidad. Las
exposiciones legales y financieras son también significativas. Los 10 000 dólares de inversión por
la opción The Alternative y AML similares pueden verse como una póliza de seguro contra
cualquier daño colateral. Una analogía similar sería la del seguro de hogar contra riesgos de
incendio. La casa típica tiene entre 0,03% y 0,05% de probabilidad de un incendio con un costo
promedio de seguro de 1000 dólares, en dependencia de la ubicación, el tamaño y el año en que se
construyó, entre otras cosas. Uno espera no tener que reclamar el seguro, pero está allí en caso de
que ocurra el peor de los escenarios, pérdidas innecesarias de vidas o mitigación de los riesgos de
la acción policial.
Gráfico 4. Promedio anual de exposición al riesgo por cada 100 000 habitantes
Fuente: elaborado por los autores.
Observe que estos cálculos presentados en los gráficos 3 y 4 se basan en medidas cuantitativas, no
incluyen los beneficios cualitativos tales como la reducción del riesgo reputacional, disminución
de los riesgos de disturbios y revueltas civiles, y/o disminución del deterioro de la confianza del
departamento de policía o agencia de seguridad pública. El valor de estas mitigaciones de riesgos
es incalculable, sin embargo, el impacto más valioso de todos es la posibilidad de evitar la pérdida
innecesaria de vidas, sin entrar en valoraciones sobre la población económicamente activa, el
género, la edad, entre otros aspectos. Incluso si los 10 000 dólares de costo de implementación
evitan la muerte colateral de un niño pequeño, es de suponer que el beneficio es infinitamente
mayor e incalculable.
Análisis de escenarios
Por último, la tabla 2 proporciona un análisis de escenarios basado en los resultados simulados de
ROI para varias ciudades con diferentes tamaños de población (1000 a 10 000 000) y el costo anual
prorrateado correspondiente por oficial (adquisición de equipos, repuestos, capacitación y
certificación). Por ejemplo, con la opción seleccionada The Alternative a un precio de 100 dólares
por oficial, en una ciudad de 10 000 personas con un promedio de 3,4 oficiales por cada 1000
habitantes, el equipar y armar a estos 34 oficiales retornaría en promedio un 1564% en ROI.
Cuanto más grande sea la ciudad, menor es el número promedio de oficiales por cada 1000
habitantes, porque el número total de oficiales aumentaría de manera sustancial y habría una
disminución en la proporción marginal, lo que significa que el ROI aumentaría (es decir, de 1564%
en una ciudad de 10 000 sube a 2728% a una gran metrópolis de 10 000 000). Además, cuanto más
caro sea el equipo menos letal, menor será el ROI. Por ejemplo, un arma de descarga de alta energía
que cuesta 1500 dólares por oficial, solo puede producir un ROI del 11% en una ciudad de 10 000
personas.
Tabla 2. The Alternative, análisis de escenarios de ROI
Oficiale
s/1K
Hab
Costo
USD
unitario /
Población
$50
$100
$200
$300
$500
$1.00
0
3,4
1.000
3227
%
1564
%
732%
455
%
233%
66%
3,4
10.000
3227
%
1564
%
732%
455
%
233%
66%
2,8
30.000
3940
%
1920
%
910%
573
%
304%
102%
2,8
50.000
3940
%
1920
%
910%
573
%
304%
102%
2,8
100.000
3940
%
1920
%
910%
573
%
304%
102%
2,3
300.000
4819
%
2359
%
1130
%
720
%
392%
146%
2,3
500.000
4819
%
2359
%
1130
%
720
%
392%
146%
2,3
1.000.000
4819
%
2359
%
1130
%
720
%
392%
146%
2,3
3.000.000
4819
%
2359
%
1130
%
720
%
392%
146%
2,0
5.000.000
5557
%
2728
%
1314
%
843
%
466%
183%
2,0
10.000.000
5557
%
2728
%
1314
%
843
%
466%
183%
Fuente: elaborado por los autores.
Discusión de los resultados
El enfoque propuesto se centró, grosso modo, en las preocupaciones planteadas por el armamento
letal, debido a que los oficiales de policía deben participar de manera ocasional en actos físicos de
coerción y, en cierta medida, es inevitable que algunas de estas interacciones resulten en lesiones
corporales a las personas o activos, incluidos los propios oficiales. Dichas lesiones tienen costos
reales y cuantificables como tratamientos médicos, salarios perdidos, responsabilidad municipal,
reclamaciones y acuerdos judiciales, disturbios y exposición legal o incluso criminal.
Por consiguiente, el estudio demuestra que la adquisición, el entrenamiento y la
implementación de una AML como The Alternative tiene un retorno de la inversión en poblaciones
de 10 000 habitantes que oscila entre 1343% y 1841% con una confianza estadística del 95%. Los
beneficios cuantificables por sí solos justifican la adquisición e implementación de dicha opción.
Asimismo, esta AML puede producir más del 1564% del retorno de la inversión poblaciones de
más de 10 000 habitantes. Es decir, por cada dólar invertido en adquirir, equipar y capacitar a un
oficial, el beneficio oculto sería superior a 16 dólares.
Si estos costos (reputacionales, legales, entre otros) obtenidos para Estados Unidos fueran
extrapolables en escalas similares para América Latina, en especial, para Brasil, México,
Colombia, Venezuela y Guatemala, que encabezan las muertes por arma de fuego en el mundo, se
podría observar que cada un dólar invertido en adquirir, equipar y capacitar a un oficial en AML,
el beneficio oculto para los organismos de seguridad sería de alrededor 16 dólares. Sin embargo,
el usuario debe evaluar los tipos de tecnologías, marco institucional, calidad de información y
cuáles son los riesgos aceptables, por ejemplo, disparos en la cabeza o en órganos frágiles tales
como el hígado o el corazón pueden resultar en la muerte de una persona. En tal sentido, dicha
información requiere ser analizada en el enfoque empírico propuesto.
A pesar de que los resultados son robustos ante la cantidad de escenarios usados, el ROI
puede aumentar aún más, si se logra estimar la reducción de los impactos de daños colaterales, de
riesgo reputacional para las agencias de seguridad, de casos de muertes por negligencia, de
responsabilidad legal y el riesgo penal de los oficiales de seguridad. Por ejemplo, en áreas donde
exista alta probabilidad de daños colaterales (daños físicos o ambientales), The Alternative y
cualquier otra AML mostrarán porcentajes de ROI muy superiores a los mostrados en el caso de
estudio.
En relación con la reducción del riesgo reputacional, UNLIREC (2016) y Cano, Silva y
Pérez Correa (2022) han indicado que los incidentes de brutalidad policial o uso excesivo de la
fuerza pueden dañar la reputación de una agencia de seguridad. Por tanto, el uso de la opción
seleccionada aumentará el ROI por considerarse como un enfoque más humanitario y menos
conflictivo del control policial, que contribuye a la confianza y el apoyo ciudadano. Sin embargo,
los agentes requieren entrenamiento y capacitación que les permita preservar la vida, integridad
física y moral de las personas, además de fortalecer la labor que ofrecen al reducir daños colaterales
adheridos a los protocolos necesarios (Naval Studies Board y National Research Council 2003;
Oramas, Terrill y Foster 2023).
Finalmente, el riesgo penal se pone en relieve cuando los oficiales de la ley usan su fuerza
excesiva (Hougland, Mesloh y Henych 2005). Ello puede generar sanciones penales o civiles al
violar los derechos civiles del sospechoso. Las demandas presentadas por homicidio culposo en
contra de las agencias del orden y los agentes federales pueden ser costosas. Al proporcionar un
medio menos agresivo para detener a los sospechosos por medio del uso de las AML se podría
reducir la probabilidad de dichas demandas y evitar sus consecuencias negativas al mismo tiempo
que aumentaría el ROI.
Es importante mencionar que cualquier despliegue tecnológico de armas alternativas en las
operaciones policiales y federales tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, si las municiones
menos letales se manejan de manera incorrecta, las AML pueden ocasionar daños graves como
lesiones, discapacidades permanentes o la muerte (Sheppard y Welsh 2022; Kunz et al. 2018;
Strote et al. 2010). Las balas de goma y las bolsas de frijoles, inclusive la opción The Alternative,
por ejemplo, pueden ocasionar lesiones graves, si se disparan a corta distancia o si golpean una
región vulnerable del cuerpo, como la cabeza, el hígado o el cuello. Por consiguiente, no solo más
estudios son necesarios, sino que los usuarios deben evaluar los niveles aceptables de riesgo de las
AML en sus procedimientos, entrenamientos y protocolos (UNLIREC 2016). Las AML pueden
no ser tan eficaces al detener a un individuo como los son las armas de fuego convencionales, por
tanto, su empleo puede no ser el adecuado en todas las circunstancias.
En America Latina, el UNLIREC (2016), la ACNUDH (2021) y Naghavi et al. (2018)
subrayan que se destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de
armas de fuego. Por tanto, es necesario que las autoridades responsables informen y den cuenta de
manera pública de los casos en los que se utilicen armas, incluidas las AML, así como de las
investigaciones y sanciones en caso de abusos o mal uso en el ámbito de protección y seguridad
ciudadana.
Los resultados empíricos de la presente metodología muestran que la implementación de
las AML en operaciones de protección y cumplimiento de la ley es una alternativa
económicamente factible con respecto a las armas de fuego convencionales en el contexto de EE.
UU. o América Latina. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de información en materia de
policía y seguridad pública en América Latina y el Caribe, el enfoque empírico propuesto puede
facilitar la estimación del valor de la inversión en las AML con un mínimo de supuestos de costos
y beneficios.
Conclusiones
Este estudio resalta los beneficios de las tecnologías de AML en términos de retorno de inversión
(ROI) cuando la fuerza letal no es justificada o se necesita controlar a un individuo sin causar daño
fatal. Las AML pueden reducir daños colaterales, daños a la reputación, muertes innecesarias y
demandas por homicidio culposo, y así disminuir la responsabilidad penal de los oficiales. No
obstante, las AML también tienen riesgos de lesiones mortales, por lo que se mantienen en un
delicado equilibrio entre ser efectivas sin ser perjudiciales en diversas situaciones.
En la toma de decisiones estratégicas de aplicación de la ley el uso de análisis avanzados,
como la simulación de Monte Carlo, permite evaluar distintos escenarios de ROI en la
implementación de las AML. Por ejemplo, en Estados Unidos, la adopción de The Alternative
podría generar un ROI entre 1343% y 1841% con un 95% de confianza estadística. Estos
beneficios pueden justificar su adopción y ofrecen ventajas intangibles incalculables en
poblaciones de más de 100 000 habitantes. Cada dólar invertido en adquisición, equipamiento y
capacitación de oficiales resulta en un beneficio oculto de entre 16 y 28 dólares (ROI del 1564%
al 2728%).
Este enfoque metodológico y empírico puede aplicarse a cualquier tecnología de seguridad
pública, pero es especialmente relevante para estimar el valor de implementar AML más allá de
su legalidad y conveniencia estatal. El uso adecuado de AML reduce daños colaterales, riesgos
legales y reputacionales asociados a armas de fuego convencionales.
Estos hallazgos tienen implicaciones cruciales, en especial para América Latina y el
Caribe, al promover la inversión en AML para el orden público, la protección ciudadana y la
reducción de muertes innecesarias. Esto, a su vez, influye en las políticas para la incorporación
eficaz y segura de AML, pues se disminuyen costos colaterales, se preservan la legitimidad policial
y la confianza ciudadana, y se mejoran las percepciones de seguridad pública a largo plazo.
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