doi.org/10.17141/urvio.37.2023.5937
Geografía socioeconómica de las finanzas offshore de México
Socioeconomic Geography of Offshore Finance in Mexico
Geografia socioeconômica das finanças offshore no México
Rodrigo Tovar-Cabañas
1
, Ubaldo Márquez-Roa
2
y Grecia Herrera-Meza
3
Recibido: 13 de marzo de 2023
Aceptado: 19 de junio de 2023
Publicado: 30 de septiembre de 2023
Resumen
En este artículo se explora la información que contienen los papeles de Panamá, cuya
relevancia continúa desde la revelación en 2016. El objetivo es caracterizar la estructura
territorial de los principales flujos financieros internacionales que pasaron por México
descritos en tales papeles. Se utilizó el análisis de redes socioespaciales para acotar el
universo de estudio a un millar de revelaciones. Con la ayuda de las herramientas lógicas
del software Gephi, se pudieron visualizar las nubes de puntos que corresponden a la
estructura de las finanzas offshore de México. El estudio revela que el 36% de los paraísos
fiscales u offshore se lleva a cabo en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; el
8,8% corresponde al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mientras que el
5,3% corresponde a la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de Ciudad de México. Por último,
se ubicaron los principales paraísos fiscales con los que interactúa la red de finanzas
offshore de México.
Palabras clave: análisis de redes; corrupción política; geografía económica; México;
Panamá
Abstract
This paper explores the information contained in the Panama papers, whose relevance
continues to be present since the revelation in 2016. The objective is to characterize the
1
El Colegio de Veracruz, México, rod_geo77@hotmail.com, orcid.org/0000-0003-4873-2502
2
Universidad de Xalapa AC, México, ubaldo.marquez.roa@gmail.com, orcid.org/0000-0002-6090-2140
3
Benemérita Escuela Normal Veracruzana, México, greehem@gmail.com, orcid.org/0000-0002-3947-7426
territorial structure of the main international financial flows that passed through Mexico,
Through socio-spatial networks analysis, the universe of study was limited to a thousand
revelations. With the help of the logical tools of the Gephi software, it was possible to
visualize the point clouds of the structure of offshore finance in Mexico. The study reveals
that 36% of tax havens or offshore are carried out in the Miguel Hidalgo mayor's office of
Mexico City, 8.8% correspond to the municipality of San Pedro Garza García, Nuevo León,
while 5.3% correspond to the Cuajimalpa de Morelos mayor's office in Mexico City.
Finally, it was possible to locate the main tax havens with which the offshore finance
network of Mexico interacts.
Keywords: network analysis; political corruption; economic geography; Mexico; Panama
Resumo
Este trabalho explora as informações contidas nos Panama papers, cuja relevância continua
presente desde a revelação em 2016, o objetivo é caracterizar a estrutura territorial dos
principais fluxos financeiros internacionais de tais papéis que passaram pelo México,
metodologicamente é trabalho de análise de redes socioespaciais, graças a isso o universo
de estudo pode ser limitado a mil revelações, com a ajuda das ferramentas lógicas do
software Gephi, foi possível visualizar as nuvens de pontos da estrutura de finanças
offshore no México. O estudo revela que 36% dos paraísos fiscais ou offshore são
realizados no gabinete do prefeito Miguel Hidalgo da Cidade do México, assim como 8,8%
correspondem ao município de San Pedro Garza García, Nuevo León, enquanto 5,3%
correspondem ao município de Cuajimalpa de Morelos na Cidade do México, finalmente,
foi possível localizar os principais paraísos fiscais com os quais a rede financeira offshore
do México interage.
Palavras-chave: Análise de rede; Corrupção política; geografia econômica; México;
Panamá.
Introducción
En Estados Unidos, Vicente Blasco Ibáñez publicó hacia 1920 una serie de artículos sobre
la milicia y la política mexicana, para justificar su escepticismo respecto a los principios e
ideales revolucionarios de los militares que dominaban el ámbito político nacional, pues
seguían siendo individuos con intereses particulares. La reseña completa sobre la
corrupción política del periodo postrevolucionario la brinda Gómez (2016), quien compila
algunos ejemplos sobre los abusos de autoridad: uso discrecional del dinero por parte de
jefes de operaciones militares, apropiación de recursos del erario público, extorsión a
rancherías, fomento de los juegos de azar, extorsión/sobornos de parte de establecimientos
fabriles, extorsión contra los católicos acaudalados y asignación de licitaciones sin
concurso.
Décadas más tarde, siendo candidato del partido en el poder, López Portillo
denunció la histórica corrupción que arrastraban desde la década de 1940 instituciones
como la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), fundada en 1947, la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), fundada en 1960, y la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), fundada en 1970 (Morris 1988). Al respecto, Goodman (1974)
señala que, debido a que el sistema de gobierno y el partido oficial están tan estrechamente
vinculados, los funcionarios terminan creando un sistema de nepotismo, en el que una de
las principales maniobras de corrupción se manifiesta mediante el clientelismo político,
incluidos los subsidios del gobierno.
En efecto, la corrupción en México ha creado un modus operandi en el ejercicio de
la política, cuya principal característica es un exacerbado presidencialismo y predominio
del partido oficial. Sus funciones principales son: montajes políticos, acuerdos para manejar
la violencia, reparto de curules políticos, compra de disidentes, creación de complicidades
para el tráfico de drogas, protección de criminales, entre otro tipo de fortalecimiento de
lealtades, compromisos y disciplinas políticas (Nieto 2012).
Por ejemplo, Reding (1995) narra cómo el secretario de defensa del presidente
Salinas, el almirante Mauricio Schleske Sánchez, fue obligado a renunciar, aunque nunca
fue perseguido, tras las revelaciones de que sus marinos, de la base naval de Matamoros,
habían estado contrabandeando drogas a Texas. Schleske tampoco fue enjuiciado por haber
omitido en su declaración patrimonial, requerida por la ley, sus propiedades y condominios
ubicados en Houston, Texas, valuados en más de $350 000 dólares. Incluso, una de estas
propiedades la había tratado de ocultar vendiéndola por $10 dólares a una empresa ficticia
de las Islas Vírgenes Británicas.
En un intento de frenar los poderes metaconstitucionales, en América Latina surgió
una ola de convenciones anticorrupción. En 1996, la Organización de los Estados
Americanos firmó un tratado contra la corrupción; en 1997, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos firmó otro antisobornos. En ambos casos, el
presidente en turno de México suscribió los acuerdos. En 2003, Naciones Unidas firmó un
tratado respecto al tema, rubricado por el entonces presidente Vicente Fox Quezada (Morris
2009).
Tal esfuerzo se reflejó en múltiples cursos y diplomados sobre corrupción y
rendición de cuentas, impartidos en las mejores universidades de México, así como en
debates públicos sobre ética y sobre las perniciosas consecuencias de la corrupción para la
vida democrática (Morris 2009). Por tanto, no sorprende que, en los indicadores de
gobernanza del Banco Mundial de 1997 a 2009, México mostrara ligeras mejorías en el
control de la corrupción (Soto y Cortez 2015).
Otra maniobra federal anticorrupción y antipeculado fue la creación en 1998 de las
Aportaciones Federales del Ramo 33, las cuales se refieren a recursos que la Federación
transfiere a las haciendas públicas de los estados. Empero, dichos recursos quedan
condicionados al cumplimiento de los objetivos que se señalan en cada uno de los fondos.
Es decir, son recursos etiquetados; su aplicación y ejecución deben estar destinadas al fin
para el que fueron creados, para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
(González 2017).
Lo anterior obedece a la creencia de que los estados con ingresos locales limitados
tienen bajos niveles de corrupción. Sin embargo, las presiones de la población y su
creciente demanda de servicios públicos suelen conducir a que aumenten (Morris 2005). De
ahí que, en el índice de gobernanza mundial del Foro para una Nueva Gobernanza Mundial
(FnWG, por sus siglas en inglés), el control de la corrupción en México experimentara un
decrecimiento entre los años 2010 y 2017 (Fox 2019).
Ahora bien, la forma convencional de estudiar la corrupción política gubernamental
ha sido analizar el comportamiento de búsqueda de rentas por parte de los funcionarios
públicos. En la actualidad, se conocen tres mecanismos de la corrupción: aumenta el
tamaño del gasto público mediante proyectos públicos innecesarios e improductivos;
contribuye al sobrepago de algunas compras de bienes o servicios y se traduce en pagos a
personas que no tienen derecho a estos beneficios. Sin embargo, debido a la escasez de
información, no existen investigaciones específicas sobre los efectos de la corrupción en la
sostenibilidad financiera de los gobiernos (Puron 2021). De allí la importancia de
documentar el caso de los papeles de Panamá en México.
En 2016, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung recibió en anonimato y en
formato digital 2,6 terabytes de datos que contenían 11 500 000 de documentos
confidenciales de miles de empresas ubicadas alrededor del mundo. Dicha filtración de
información correspondía a la firma de abogados Mossack Fonseca, cuya sede estaba
situada en Panamá. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus siglas en inglés) fue la instancia encargada de armar un archivo original que documenta
1 300 000 relaciones corporativas y conexiones financieras internacionales (CFI),
comúnmente denominadas papales de Panamá.
En México, con el cambio de régimen presidencial, los papeles de Panamá se
volvieron tendencia en redes sociales en 2019, sin embargo, las últimas aproximaciones
teórico-académicas sobre tal temática son escasas. Por ejemplo, en la base mundial de datos
bibliográficos, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas, Scopus, en el 2023
figuran menos de 50 artículos de investigación. Por lo que este estudio tiene como objetivo
primordial caracterizar a escala estatal y municipal la estructura territorial de los principales
flujos financieros internacionales de los papeles de Panamá que pasaron por México.
En esta investigación destacan algunos análisis sobre redes sociales, relaciones de
poder de actores en mercados financieros y las consecuencias que la nueva economía
política global tiene para con la ciudadanía. Otros trabajos son ejercicios de periodismo
científico encaminados a describir la corrupción financiera. También hay nuevas propuestas
de investigación que, desde el fenómeno del big data, analizan las respuestas de Twitter
(Neu et. al 2020) en función de la auscultación de los papeles de Panamá y los escándalos
fiscales que involucraron a algunas personalidades políticas y empresariales de talla
mundial.
Otras líneas de investigación continúan el estudio de las denominadas finanzas de
ultramar y los mecanismos que las llevan a convertirse en paraísos fiscales. Desde estas
propuestas hacen hincapié en describir la ruta de los flujos de capital antes de terminar en
países de alta mar. Es útil recordar que este tipo de estudios es escaso, debido al secretismo
del que gozan los mecanismos tendentes a evitar el pago de impuestos. Una tercera vía de
análisis estudia los perfiles psicológicos de los agentes y clientes financieros, que suelen
evadir sus responsabilidades fiscales al tiempo que autominimizan y rutinizan sus crímenes
comerciales (Evertsson 2019).
Lo loable de tales trabajos pioneros radica en que se ha creado una base de datos
robusta de un tema realmente poco estudiado desde la óptica científica. Es de aplaudir,
entonces, la considerable atención mediática que los diarios latinoamericanos le han dado a
los papeles de Panamá. Empero, recuérdese que el mercado de la firma Mossack Fonseca
deja libre el 90% del mercado global de estos peculiares flujos financieros, en los cuales, al
día de hoy, se estima que participan más de 4000 empresas de servicios financieros. Por
eso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que
Latinoamérica pierde cada año más de 300 000 000 000 de dólares en ingresos fiscales
ligados a este fenómeno de ingeniería tributaria planificada, lo que representa un 6,7% de
su PIB regional (Fernández, 2020).
Empero, debido a que la temática aún se encuentra en su fase de análisis, todavía
crece la sinonimia de su marco epistemológico. Es decir, su minería de texto va desde
palabras clave como fugas de Luxemburgo, papeles de Panamá, papeles del Paraíso,
paraísos fiscales, secreto bancario, banca en la sombra, sociedades offshore (fuera o más
allá de la costa o extraterritoriales) o finanzas offshore hasta otros tecnicismos como
análisis de redes sociales, redes globales de corrupción, responsabilidad social mundial,
periodismo en red global, cuarto poder en red global y geografía financiera.
Sin embargo, lo que ha motivado la elaboración de la presente investigación es la
falta de un documento científico que analice desde la geografía económica o desde la
geopolítica financiera, el caso de los papeles de Panamá y el rol que juega México dentro
de esas finanzas offshore. Este estudio tiene por objetivo caracterizar a escala estatal y
municipal la estructura territorial de los principales flujos financieros internacionales de los
papeles de Panamá que pasaron por México. Para ello se ubicaron las direcciones postales
de las entidades extraterritoriales ligadas a los papeles de Panamá, luego se desagregaron
espacialmente la cantidad de funcionarios e intermediarios con sede en México. No sin
antes practicar su respectivo estado del arte.
Papeles de Panamá: estado del arte
En abril de 2016, 2,6 terabytes de datos que contenían 11 500 000 de documentos
confidenciales sobre más de 214 000 empresas de 200 países se filtraron a la luz pública
desde la firma de abogados Mossack Fonseca, cuya sede estaba situada en Panamá (Berglez
y Gearing, 2018). Dichos documentos contenían más de cuatro décadas de transacciones,
pero, sobre todo, revelaron, de forma objetiva, cómo individuos ricos y corporaciones
económicamente poderosas o de alcance mundial han utilizado elaboradas y complejas
estructuras de control de propiedad corporativa ubicadas en paraísos fiscales u offshore.
Lugares donde la regulación fiscal es laxa para cumplir el objetivo de ocultar la titularidad
real de empresas o personas y, por tanto, oscurecer activos financieros personales mediante
evasión fiscal, blanqueo de capitales, entre otras prácticas de corrupción financiera
(Rabab'Ah et. al 2016).
En efecto, los denominados papeles de Panamá, en parte, desenmascaron una
especie de sociedad semisecreta o paralela, la cual consiste en una extraña mezcla de élites,
tales como gente de negocios, banqueros, criminales (narcotraficantes, principalmente),
celebridades (actores, cantantes y deportistas de talla internacional), políticos de todo el
mundo, así como ciudadanos ricos comunes, todos ellos proclives a rechazar o evitar sus
responsabilidades fiscales, como lo es el simple acto de pagar impuestos (Mackert 2017).
Con tales papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) armó un archivo original que establece 1 300
000 de relaciones corporativas. La depuración de direcciones no identificadas o lugares de
dudosa localización reduce tal cifra a poco más de 500 000 conexiones financieras
internaciones (CFI), de cuya base de datos se pueden identificar la localización geográfica
de las personas físicas o jurídicas que poseen el capital y el destino último de sus fondos
(Fernández 2020).
Sin embargo, debido a que la confección de dicho archivo ha seguido un entorno
wiki, es decir, que no ha sido elaborado por una fuente u organismo oficial, no ha seguido
un sistema contrastado de construcción al igual que la base de datos relacionada a él. Por
eso, está sujeto a un margen de imprecisiones, debido a la propia naturaleza de los datos.
Esto supone asumir, de entrada, un margen de error diferente al de las estadísticas oficiales
(Fernández 2020).
Un segundo elemento importante para tener en cuenta es que se trata de una
filtración procedente de dos principales fuentes: 1) el despacho de abogados panameño
Mossak Fonseca (uno de los mayores bufetes de derecho comercial del mundo,
especializado en inversiones internacionales) y 2) documentación propia recabada por el
ICIJ, de modo que pueden existir problemas de coherencia interna. Sin embargo, el trabajo
realizado por el ICIJ ha sido loable, puesto que permite, por vez primera, dar a conocer un
entramado muy difícil de conocer, dado el secretismo y la protección legal de la que suele
gozar toda información financiera (Fernández 2020).
La información concerniente a México fue seleccionada como caso de estudio
porque, conforme a (Evertsson 2019), quien, luego de revisar la base de datos de Factiva
(que contiene información de más de 33 000 periódicos en sus idiomas originales),
encontró que la mayoría de las historias periodísticas que abordan los papeles de Panamá se
publicaron en diarios latinoamericanos (45%), seguida de países europeos (29%), asiáticos
(18%), norteamericanos (6%), africanos (2%) y los medios orientales (1%).
Ahora bien, económicamente, este fenómeno es importante debido a que, como dice
(O’Donovan, Wagner y Zeume 2019), la capitalización general del mercado de las
empresas conectadas a los papeles de Panamá asciende a 174 000 000 000 de dólares.
Además, en su mayoría, involucra pagos de sobornos a funcionarios públicos. Por ejemplo,
gracias a esta filtración, se sabe que un conglomerado alemán utilizó empresas de ultramar
(otro término usado para referirse a paraísos fiscales) operadas por Mossack Fonseca, para
administrar cuentas ilegales y sobornar a funcionarios de ese gobierno; o bien, un
contratista italiano, utilizó empresas fantasmas constituidas por Mossack Fonseca para
pagar sobornos y así ganar contratos de infraestructura de petróleo y gas.
En efecto, el bufete de abogados Mossack Fonseca tenía como principal función
actuar como intermediario para crear empresas de ultramar, también conocidas en la
literatura como sociedades extraterritoriales. El mapeo de dicha red global de servicios de
deslocalización financiera puede agruparse en entidades, intermediarios y funcionarios; las
entidades corresponden a empresas creadas en paraísos fiscales. En la base del ICIJ hay 500
000 entidades con los atributos siguientes: nombre, nombre original, nombre anterior,
jurisdicción dicción, descripción de jurisdicción, tipo de empresa, dirección física,
identificación interna, incorporación, fecha de activación, fecha de inactivación, fecha de
cancelación, fecha de residencia, estado, proveedor de servicios, códigos de país, país,
notas y observaciones, ID de nodo, ID de fuente. Respecto a los intermediarios, estos se
refieren a despachos de abogados u otros intermediarios que ofrecen servicios de
deslocalización. La base alberga 24 000 intermediarios, los cuales cuentan globalmente con
370 000 agentes y 151 sucursales (Dominguez, Pantoja y González 2018).
Ahora bien, algunos estudiosos señalan que el bufete o despacho de abogados
Mossack Fonseca gestionaba entre el 5% y el 10% del mercado mundial de tales
transacciones secretas. Es útil señalar que dentro de sus clientes figuraban más de 500
bancos, incluidos HSBC, Credit Suisse, UBS y Société Générale, y 60 principales empresas
de servicios financieros globales de Forbes 2000. Llama poderosamente la atención que al
utilizar la cifra de cuota de mercado más alta para Mossack Fonseca todavía queda un 90%
de este lucrativo y secreto mercado global cuyo botín lo operan otras firmas y
jurisdicciones, en las que participan bancos de importancia global como una cuestión de
rutina y en la que los flujos financieros lícitos e ilícitos se entremezclan de manera
incesante (Cloke y Brown 2018).
Sin embargo, a medida que las historias de los reporteros del ICIJ se han difundido,
los gobiernos y la Comisión Europea han impugnado el secreto bancario, que había sido la
norma en Luxemburgo (Berglez y Gearing 2018). Por ejemplo, en diciembre de 2017, 150
investigaciones en 79 países lograron la recuperación de 500 000 000 de dólares (Evertsson
2019). En efecto, el objetivo del ICIJ es colaborar en investigaciones para exponer la
verdad y responsabilizar a los poderosos (Berglez y Gearing 2018). De allí la importancia
de revisar de manera objetiva la base de datos interactiva del ICIJ, que muestra los vínculos
económicos entre más de 70 políticos y empresas de todo el mundo (Berglez y Gearing
2018), de lo contrario, los medios de comunicación privada seguirán filtrando y
minimizando la gravedad del lavado de dinero (Neu et. al 2020).
Esta inseparabilidad de los flujos financieros en la economía observada/no
observada constituye un problema tan grave que ha alterado las medidas de contabilidad del
ingreso nacional. Por ejemplo, de modo oficial, unos 11 000 000 000 000 de dólares se
mueven a través de la economía de los Países Bajos cada año, equivalente a 20 veces el PIB
de este país, no obstante, este flujo no tiene ningún efecto económico porque nunca está
físicamente presente o invertido (Cloke y Brown 2018). En efecto, impulsados por muchos
actores poderosos dentro de la economía y en los organismos internacionales, como el FMI
o el Banco Mundial, los Estados no han abolido cualquiera de las regulaciones económicas
durante las últimas décadas, sino que las han recalibrado para mejorar los intereses del
capital (Mackert 2017).
Es así como la evasión fiscal internacional ha nacido a gran escala en el Reino
Unido, Francia, Rusia, India, Corea del Sur, Canadá e Israel, quienes con ayuda de paraísos
fiscales extraterritoriales logran distorsionar la economía global (Berglez y Gearing 2018).
Por ejemplo, en 1998 había 11 000 instituciones financieras multinacionales en Europa,
para 2017 estas habían disminuido a 7000, mientras que la creación de servicios financieros
ha aumentado de manera constante, puesto que en 2010 había 3000 empresas de este tipo
en la Unión Europea, empero, para 2017 habían aumentado a 4000, todas ellas sin ningún
papel que desempeñar en la economía “real” de los bienes de producción, el empleo, la
inversión y la manufactura (Cloke y Brown 2018).
A escala mundial, alrededor del 25% de los países (50 Estados como mínimo) son
paraísos fiscales, los cuales demográficamente se caracterizan por tener poblaciones
pequeñas de menos de 1 000 000 de habitantes, empero, lo trascendente desde el punto de
vista económico es que allí se encuentran más del 30% de la inversión extranjera directa
global, y donde las empresas privadas tienen una mayor reducción de impuestos respecto de
las empresas públicas. Por ejemplo, en 2014, el 71,6% de las empresas de Fortune 500 (358
empresas) tenían como mínimo 7600 subsidiarias en paraísos fiscales, con las cuales
evadieron alrededor de 90 000 000 000 de dólares en impuestos federales (Dominguez,
Pantoja y González 2018).
Otras estimaciones de manera conservadora señalan que una de cada siete empresas
tiene secretos extraterritoriales, que existen más de 2 000 000 de empresas y miles de
bancos, fondos y aseguradoras vinculadas a tal fenómeno, cuyos activos offshore globales
oscilan entre 7 000 000 000 000 y 32 000 000 000 000 de dólares (O’Donovan, Wagner y
Zeume 2019).
De acuerdo con O’Donovan, Wagner y Zeume (2019), los paraísos fiscales se
utilizan para tres fines: evitar impuestos, hacer pagos de sobornos y expropiar a los
accionistas externos. Calcula que el 14% de las empresas cometen fraude contable y el 25%
de ellas participan en alguna forma de corrupción. Por ejemplo, en Asia el uso de paraísos
fiscales es muy común en Hong Kong, donde aproximadamente una de cada seis empresas
los emplea; mientras que en Reino Unido la proporción es de una de cada nueve y en
Estados Unidos es de 1,7% (O’Donovan, Wagner y Zeume 2019).
Con base en tales aproximaciones, algunos estiman que el blanqueo mundial de
capital mediante paraísos fiscales ascendió en 2007 a 2 300 000 000 000 de dólares, y a 7
600 000 000 000 en 2015. Tan solo los activos españoles localizados en espacios offshore
ascienden a 116 000 000 000 de euros, y representan un 10% del PIB de España en 2013
(Fernández 2020). En tanto que, en países periféricos, donde la evasión fiscal ejerce un
impacto aún mayor sobre sus economías, algunas estimaciones calculan que estos países
pierden al año 100 000 000 000 de dólares, solo en evasión fiscal de empresas
multinacionales allí instaladas (Fernández 2020).
La CEPAL calcula que Latinoamérica pierde cada año 320 000 000 000 de dólares
en ingresos fiscales ligados a este fenómeno, lo que representa un 6,7% de su PIB regional.
Algunas instituciones como Global Financial Integrity rebajan esta cifra, y estiman que
entre 2004 y 2013 América Latina ha perdido 1 400 000 000 000 de dólares, de los cuales
solo el 12% corresponde a flujos ilícitos ligados a la corrupción o el crimen organizado
(Fernández 2020), mientras que el 88% restante está vinculado a operaciones de ingeniería
tributaria planificadas por grandes empresas (Fernández 2020). Al respecto, es útil señalar
que el problema de la corrupción financiera es de larga data en América Latina, como lo
dejaron de manifiesto los arquitectos Alberto Belgrano Blanco y José Hortal en 1936
(figura 1).
Figura 1. Monumento a la coima en Buenos Aires, Argentina
Fuente: imágenes de acceso libre, elaborado por los autores a partir de Visacovsky y Garguin (2021).
En la figura 1 se puede apreciar en el a) edificio en Avenida 9 de Julio, Buenos Aires,
Argentina; b) fachada principal del conjunto arquitectónico de 1936 con pieza decorativa en
la esquina nororiental; y en el c) escultura en estilo art déco que representa a una persona
que porta en la mano izquierda una caja, mientras que su mano derecha está en posición de
pronación aduciendo a un acto de compensación económico secreto.
Materiales y metodología
La presente investigación tiene el objetivo de describir, de manera general, la estructura
territorial a escala estatal y municipal de la red de relaciones financieras que dirige el
capital desde los estados y municipios de México hacia algunos paraísos fiscales. Dicha
caracterización ha sido posible realizarse gracias al caudal de datos, publicados por el ICIJ,
denominados papeles de Panamá. Es útil señalar que dicha filtración de información es
adecuada para conocer la intensidad de las relaciones interempresariales, mas no la
cantidad de activos y pasivos involucrados en esta red financiera semisecreta.
El libre acceso a este fenómeno de big data financiero, que involucra a los
propietarios de las mayores fortunas del mundo con los mecanismos y empresas de
intermediación bursátil y financiera para su movilidad extraterritorial, ayuda a comprender
cómo se construye geográficamente la evasión del pago de impuestos. Para ello el ICIJ
ofrece tres clases principales de entidades, a saber, entidades extraterritoriales,
intermediarios y funcionarios.
Una entidad extraterritorial u offshore es definida por el ICIJ como una empresa,
fideicomiso o fondo creado por un agente en una jurisdicción de bajos impuestos que a
menudo atrae a clientes no residentes a través de un trato fiscal preferencial. Un
intermediario lo define (generalmente) como un bufete de abogados o un intermediario que
le pide a un proveedor de servicios en el extranjero que cree una empresa en el extranjero
para un cliente. Un funcionario puede referirse a varios tipos de personas, incluidos
beneficiarios, signatarios y destinatarios, que se encuentran en una posición de influencia
significativa en el organigrama asociado, a su vez, puede referirse a una entidad corporativa
en lugar de una persona física.
La base cuenta con cerca de 500 000 entidades, más de 370 000 agentes, más de 150
000 direcciones físicas y más de 20 000 intermediarios, todos ellos con alguno de los
siguientes atributos: nombre, nombre original, nombre anterior, jurisdicción dicción,
descripción de jurisdicción, tipo de empresa, dirección, identificación interna, fecha de
activación, fecha de inactivación, fecha de cancelación, fecha de residencia, estado,
proveedor de servicios, códigos de país, país, nota, ID de nodo, ID de fuente. Dichos datos
se pueden descargar como archivo Comma-Separated Values (CSV), el cual es un archivo
de texto cuyos caracteres están separados por comas, y hacen una especie de tabla en filas y
columnas, para confeccionar o mapear parte de la red global de deslocalización financiera.
Al respecto, se practicó una revisión preliminar de los archivos CSV del ICIJ para
luego examinar y construir una matriz de lugar-documento para el caso mexicano. Se
obtuvo como resultado un corpus de 1137 funcionarios, 618 direcciones, 87 entidades y 35
intermediarios. Ahora bien, para el caso de las direcciones, la red extraída constó de 1361
nodos y 1459 aristas. Aquí se presentó una dificultad operativa, debido a que los datos
publicados no mantienen un mismo criterio en cuanto a escala espacial, sin embargo, es útil
señalar que la mayoría están registrados por países y que la información desagregada por
Estados, con apoyo de Google Maps, permite perfilar con mayor precisión la distribución
geográfica de dichas entidades, por lo que es posible practicar distintos tipos de análisis
espaciales.
Para la visualización y análisis de redes se usó el software Gephi, un paquete de
código abierto ampliamente utilizado para visualización de gráficos y análisis de redes. El
cual cuenta con un conjunto de herramientas lógicas para organizar la complejidad
matemática mediante gráficos de nubes de redes de puntos o nodos, lo que permite a sus
usuarios centrarse en el significado de las conexiones de red. La visualización del conjunto
de datos se realizó mediante el uso del algoritmo ForceAtlas implementado dentro del
propio Gephi, puesto que, al ser una notación de vector de fuerza crea gráficos continuos,
es decir, se destaca por su sencillez y por la facilidad de lectura de las redes a las que ayuda
a visualizar. Este algoritmo se utiliza para el diseño de nodos colocándolos de acuerdo con
su dependencia en los otros nodos, según las conexiones entre nodos. Para el análisis de
red, se aplicaron las siguientes medidas de análisis de red: 1) grado medio para calcular el
número medio de bordes que conectan los nodos de la red y 2) modularidad de la red para
que en función de su fuerza de atracción se divida la red en subconjuntos de grupos, ello
para detectar comunidades específicas de la red. En ese sentido, las principales
agrupaciones del análisis practicado pueden apreciarse en la figura 2.
Luego se procedió a realizar un análisis espacial de relaciones geográfico-
económicas de escala mesoscópica mediante la confección de dos matrices: una por estados
y municipios, en la cual se intenta mostrar las interrelaciones de la estructura de las
finanzas offshore de México; y otra por países, en donde, a través de un diagrama de
acordes, se logró jerarquizar las interrelaciones entre las entidades económicas y demás
actores y países involucrados.
Figura 2. Visualización de la red de finanzas offshore de México
Fuente: elaborado por los autores a partir de ICIJ (2016).
El país con el mayor número de nodos conocidos es Panamá, pues aglutina el 45% de ellos,
le sigue Islas Vírgenes Británicas con el 28% de los nodos, luego están las islas Seychelles
(un archipiélago del océano Índico, al noreste de Madagascar). En el cuarto puesto figuran
las Islas Caimán con el 5%, Barbados y Bahamas cada una representa el 3%, Nueva
Zelandia el 2%, Bermuda, Reino Unido, Nevada y Hong Kong participan cada uno con
aproximadamente el 1% en la red de finanzas offshore de México.
Tabla 1. Principales alcaldías o municipios partícipes en la red de finanzas offshore de
México
Municipio
%
Municipio
%
Municipio
%
%
Miguel Hidalgo
36.
5
Tlalpan
0.9
Saltillo
0.6
0.3
San Pedro Garza
García
8.8
Tijuana
0.9
Celaya
0.6
0.3
Cuajimalpa de
Morelos
5.3
Torreón
0.9
Tlajomulco de
Zúñiga
0.6
0.3
Coyoacán
3.2
León
0.9
Monterrey
0.6
0.3
Huixquilucan
2.9
Guadalajara
0.9
Othón P. Blanco
0.6
0.3
Mérida
2.9
Valle de Bravo
0.9
Solidaridad
0.6
0.3
Benito Juárez
2.6
Querétaro
0.9
Tampico
0.6
0.3
Atizapán de
Zaragoza
2.0
Valle de Bravo
0.9
Boca del Río
0.6
0.3
Naucalpan de
Juárez
2.0
Mazatlán
0.9
Iztapalapa
0.6
0.3
Zapopan
1.8
Veracruz
0.9
Metepec
0.6
0.3
Tlaltenango
1.8
Álvaro
Obregón
0.9
Puerto Vallarta
0.6
0.3
Cuernavaca
1.5
Magdalena
Contreras
0.6
Ensenada
0.3
0.3
Carmen
1.2
Aguascalientes
0.6
Los Cabos
0.3
0.3
Benito Juárez
1.2
Playas de
Rosarito
0.6
Manzanillo
0.3
0.3
Cuauhtémoc
1.2
La Paz
0.6
San Cristóbal de
las Casas
0.3
0.3
Fuente: elaborado por los autores a partir de ICIJ (2016).
Discusión y resultados
Con base en el análisis de redes realizado, al parecer, son dos consultoras financieras o
firma de abogados (intermediarios) las que asesoran al mayor número de entidades offshore
domiciliadas en México, una firma queda ubicada en Ciudad de México y otra,
posiblemente, en Monterrey. Las firmas de abogados, es decir, intermediarios extranjeros
que también asesoran a la gran mayoría de tales entidades offshore mexicanas están
domiciliadas en cuatro países, estos por orden de prelación son: Panamá, Seychelles,
Barbados y Aruba.
En cuanto a su vigencia como entidades offshore, el análisis de redes expone que
existen cuatro grandes grupos: los del 2010, 2014, 2017 y 2018. Es revelador cómo tales
grupos de entidades offshore tienden a renegociar su situación en función del calendario
preelectoral de México (2011-2012, 2014-2015, 2017-2018), periodos conocidos, por una
parte, por la agitada movilización de cuotas laborales, de afiliación política, tributaciones
extraoficiales y demás “charolazos”, mientras que, por la otra, por la apresurada y urgente
necesidad de emitir facturas de operaciones simuladas.
Es útil precisar que aquí no se supone nada, al contrario, solo se aclara que el lavado
de dinero a través de operaciones simuladas en “modalidad hormiga”, por lógica, suele ser
más fácil en periodos de mucha demanda de movimiento político económico. Por tanto, en
los siguientes párrafos se va comentar una posible relación que existe entre la deuda pública
y las entidades offshore, con miras a desagregar aún más la estructura territorial de estos
flujos financieros con domicilio en México.
A escala municipal el 36% la red de finanzas offshore de México corre a cargo de la
alcaldía Miguel Hidalgo, ubicada en la Ciudad de México; con el 8,8%, le sigue el
municipio de San Pedro Garza García, ubicado en el estado de Nuevo León; posteriormente
está la alcaldía Cuajimalpa de Morelos de Ciudad de México con una participación
porcentual del 5,3%; la alcaldía Coyoacán participa con el 3,2%. Sin embargo, a escala
estatal, dicha estructura territorial de finanzas offshore se reconfigura en orden de prelación
de la manera siguiente: Ciudad de México participa con poco más del 50%; el estado de
México aglutina el 10,4%, Nuevo León el 5,0%, Jalisco el 4,6%, Yucatán el 4,5% y
Quintana Roo el 3,7%.
Es significativo observar cómo los estados punteros en la red de finanzas offshore
de México también son punteros en las listas de deuda pública de la base de datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, en el año 2000, los cuatro estados
con mayor deuda pública fueron Ciudad de México (31,7%), estado de México (25,7%),
Nuevo León (9,7%) y Jalisco (5,7%). Asimismo, los cuatro estados con mayor deuda
pública del año 2010 fueron Ciudad de México (16,7%), estado de México (12,2%), Nuevo
León (10,8%) y Jalisco (7,0%). Mientras que para el año 2017, época posterior a la
revelación de los papeles de Panamá, los cuatro estados con mayor deuda pública fueron
Ciudad de México (13,4%), Nuevo León (12,3%), Chihuahua (8,6%) y Veracruz (8,4%).
En este periodo los estados de México y Jalisco ocuparon el 5to y el 8vo puesto,
respectivamente.
Lo anterior cobra relevancia gracias a que la inversión pública en México va
dirigida a atender las demandas de su población, mediante el pago de contratos por obras de
infraestructura, por servicios, por proyectos productivos, para creación y desarrollo de
empresas, para promoción de actividades comerciales, para generación de empleo y para el
mejoramiento de la calidad de vida en general.
En efecto, en México los recursos de inversión pública no suelen componerse
exclusivamente de proyectos tendentes a la autosuficiencia, sino de transferencias de capital
a terceros, a subsidiarias, a fideicomisos, a organizaciones no gubernamentales, y a la
compra de bienes inmuebles, vehículos, entre otras operaciones fiscales que pueden ser
simuladas con facilidad. Al respecto, no hay que olvidar que ocho gobernadores han sido
acusados de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los
estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Quintana
Roo y Sonora (Alanís 2018).
Conclusiones
La estructura territorial de los principales flujos financieros internacionales, conforme a la
filtración de los papeles de Panamá, en el caso de México tiene la configuración siguiente:
dos consultoras jurídico-financieras, una de Ciudad de México y otra de Monterrey, son las
que orquestan la dirección del capital desde los estados y municipios hacia cuatro
principales paraísos fiscales de la red global de deslocalización financiera: Panamá, islas
Seychelles, Barbados y Aruba.
Es revelador cómo tales grupos de entidades offshore mueven sus finanzas en
función del calendario preelectoral de México, con miras a aprovechar la agitada
movilización de cuotas laborales, de afiliación política, tributaciones extraoficiales y de
operaciones simuladas. Lo anterior puede conducir a suponer una posible relación entre la
deuda pública estatal y las entidades offshore.
En efecto, los estados con mayor cantidad de entidades offshore de México: Ciudad
de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Nuevo León
y Jalisco son los que, de forma recurrente, durante los últimos 25 años, han aparecido en las
listas de estados con mayor deuda pública.
Lo anterior cobra relevancia gracias a que la inversión pública en México suele
transferirse tanto a terceros como a subsidiarias, fideicomisos, organizaciones no
gubernamentales para compra de bienes inmuebles, vehículos, entre otras operaciones
fiscales que pueden ser simuladas con facilidad. Al respecto, no hay que olvidar que ocho
gobernadores han sido acusados de cometer el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, cuyos estados son: Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila,
Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Sonora. De modo que es importante continuar con este
tipo de indagatorias y aprovechar el uso de software de análisis de red de acceso libre para
lidiar con los bancos de datos superiores al terabyte de información con la intención de
acotar las líneas de investigación en torno a esta modalidad de lavado de dinero.
Bibliografía
Berglez, Peter, y Amanda Gearing. 2018. “The Panama and Paradise Papers. The rise of a
global fourth estate”. International Journal of Communication 12 (1): 4573-4592.
Cloke, Jonathan, y Ed Brown. 2019. “Speaking in riddles: The Panama Papers and the
global financial services sector”. Area 51 (1): 190-192.
Dominguez, David, Odette Pantoja y Mario González. 2018. “Mapping the global
offshoring network through the panama papers”. En Proceedings of the
International Conference on Information Technology & Systems, editado por ICITS,
407-416. Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-319-73450-7_39
Evertsson, Nubia. 2019. “Corporate tax avoidance and neutralization techniques: A case
study on the panama papers”. Critical Criminology 28 (4): 721-738.
Fernández, Juan Carlos. 2020. “La geografía financiera de los ‘papeles de Panamá’ en
Sudamérica”. Revista de Geografía Norte Grande (77): 273-292.
Fox, Rebecca. 2019. “Perceptions of Immorality in Governance: An Empirical Study on
Citizens’ Tolerance of Political Corruption in Poland and Mexico”. Tesis de
maestría, Uppsala University.
Gómez, José Alfredo. 2016. “Elite de Estado y prácticas políticas. Una aproximación al
estudio de la corrupción en México, 1920-1934”. Estudios de historia moderna y
contemporánea de México (52): 52-68.
González, Oscar. 2017. “Organización del gasto público en México, un caso de promoción
de la estructura política: clase y corrupción”. Revista Ciencia Administrativa 9: 81-
89.
Goodman, Margaret. 1974. “Does Political Corruption Really Help Economic
Development? Yucatan, Mexico”. Polity 7 (2): 143-162.
ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). 2016. “Offshore Leaks
Database. Tax haven secrecy revealed”, https://offshoreleaks.icij.org/search
Mackert, Jürgen. 2017. “Why we need a new political economy of citizenship: Neo-
liberalism, the bank crisis and the ‘Panama Papers’”. En The Transformation of
Citizenship, Volumen 1: Political Economy, editado por Bryan S. Turner y Juergen
Mackert, 99-117. Oxfordshire: Taylor & Francis. doi.org/10.4324/9781315562285
Morris, Stephen David. 1988. “The causes, consequences and dynamics of political
corruption in Mexico”. Tesis de doctorado, The University of Arizona.
Morris, Stephen David. 2005. Political corruption in Mexico: An empirical analysis.
Unpublished manuscript, University of South Alabama. https://bit.ly/44X4Dzs
Morris, Stephen David. 2009. Political corruption in Mexico: The impact of
democratization. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Neu, Dean, Gregory Saxton, Jeffery Everett y Abu Rahaman Shiraz. 2020. “Speaking truth
to power: Twitter reactions to the Panama Papers”. Journal of Business Ethics 162:
473-485.
Nieto, Nubia. 2012. “Political Corruption and Narcotracking in Mexico”. Transcience 3
(2): 24-36.
O’Donovan, James, Hannes F. Wagner y Stefan Zeume. 2019. “The value of offshore
secrets: Evidence from the Panama Papers”. The Review of Financial Studies 32
(11): 4117-4155.
Puron, Gabriel. 2021. “The effects of corruption of public officials on the dimensions of
financial sustainability of state governments in Mexico”. Public Budgeting &
Finance 41 (2): 65-88.
Rabab'Ah, Abdullateef, Mahmoud Al-Ayyoub, Mohammed A. Shehab, Yaser Jararweh y
Bernard J. Jansen. 2016. “Using the Panama Papers to explore the financial
networks of the Middle East”. En 2016 11th International Conference for Internet
Technology and Secured Transactions, editado por IEEE, 92-97. Barcelona: IEEE.
doi.org/10.1109/ICITST.2016.7856674
Reding, Andrew. 1995. “Narco-politics in Mexico”. Nation 261 (2): 50-53.
Soto, Irvin M., y Willy Walter-Cortez. 2015. “The impact of political alternation on
corruption in Mexico”. Revista de Ciencia Política 35 (2): 371-392.
Visacovsky, Sergio E., y Enrique Garguin. 2021. Argentina y sus clases medias:
panoramas de la investigacin emprica en ciencias sociales. Argentina: Biblos.