Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública Vol.11  N.° 2, noviembre 2024, pp. 118-145

ISSN 13909193/e-ISSN 26619075

DOI:10.17141/mundosplurales.2.2024.6307

 

El comercio informal en Quito: características, retos y necesidades

 

Informal commerce in Quito: characteristics, challenges and needs

 

Francisco Enríquez Bermeo. Economista por la Universidad Central del Ecuador, Master en Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid-ISEAD y Diplomado en Gobernanza de la cooperación transfronteriza por El Colegio de México. Investigador asociado de FLACSO Ecuador.

 

Recibido: 29/06/2024 - Aceptado: 20/08/2024

 

Resumen

En 2023 el sector informal en Ecuador representaba dos tercios de la población económicamente activa del país. Por tanto, ni el Estado ni el sector privado proporcionan trabajo a la mayoría de personas que realizan actividades por cuenta propia para sobrevivir. El comercio de la calle ha sido y es perseguido; muchas veces lo ven como rezago del pasado que retrasa la modernización de la economía y de la sociedad. Pero lo informal no va a desaparecer, es parte de los modos de producción ancestrales de pueblos colonizados que han sabido adaptarse al modo de producción impuesto por la modernidad europea. El Estado, incluso mediante los Gobiernos municipales, ha intentado terminar con este tipo de actividades económicas al tratar de retirarlas del espacio público y reubicarlas en espacios cerrados: mercados, centros comerciales de sectores populares, etc. En este artículo se aborda esta problemática en Quito desde una visión que asume el comercio de la calle como parte del sistema económico de la ciudad y para el cual se deben adoptar políticas públicas que valoren su aporte económico, comercial y cultural, permitiendo la ocupación del espacio público de manera planificada y ordenada. Solo así el Estado, en lugar de ser obstáculo, contribuiría a que la economía urbana informal se integre al entramado urbano, de su planificación y de su sistema económico.

 

Palabras clave: comercio en la calle; derecho a la ciudad; derecho al trabajo; economía informal urbana; espacio público; trabajo por cuenta propia.

 

Abstract

In recent years, Ecuador has endured cycles of economic boom and bust. The average GDP growth rate has suffered decreases that have had an impact on unemployment and underemployment. By 2023 the informal sector reached 2/3 of the national EAP and its cause lies in factors such as inequality, excessive concentration of wealth, limited public and private investment, which limit the opportunities of the most vulnerable: young people and women. Neither the State nor the private sector provides work for the majority, who must generate activities on their own to survive, which historically have been seen from the modern western culture, as typical of backward societies. Street commerce has been and continues to be persecuted, as it is seen as a remnant of the past that delays the modernization of the economy and society. But the informal economy is not going to disappear; it is part of the ancestral modes of production of colonized peoples who have been able to adapt to the mode of production imposed by European modernity, which has not been able to consolidate itself. The informal urban economy will not disappear, it is part of a syncretic mode of production that is not the modern European one, but the “baroque” of which Bolívar Echeverría spoke. The State, including municipal governments, have adopted public policies against street commerce whose characteristic has been to remove them from public space, relocating them in closed spaces such as markets, popular shopping centers and others, when historically they occupied open public spaces. This article addresses this problem in Quito from a vision that assumes street commerce as something that should be part of the city's economic system, for which public policies should be adopted that value its economic, commercial and cultural contribution, allowing the occupation of public space in a planned and orderly manner. Only in this way will the State, instead of being an obstacle, contribute to making the informal urban economy part of the urban fabric, its planning and its economic system.

 

Keywords: urban informal economy, self-employment, street commerce, right to the city, public space, right to work.

 

Introducción

La economía informal viene a ser la antítesis de la economía formal y se refiere a todas las actividades económicas que operan fuera del marco regulador de la segunda. Se trata de una actividad muy antigua dado que tiene que ver con el precapitalismo y con todos sus rezagos. Desde la década de los 70 en América Latina la OIT (Organización Internacional el Trabajo), a través del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), introdujo la noción de sector informal urbano para referirse al trabajo no asalariado propio del capitalismo. El comercio informal o de la calle en Quito ha sido abordado tradicionalmente desde dos enfoques que han generado algunas políticas públicas que se analizan a continuación.

El primer enfoque tuvo una perspectiva urbanística y patrimonialista, mientras que el segundo ahonda más en temas sociales y culturalistas. El primero cobró importancia a partir de1978 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al centro histórico de Quito patrimonio cultural de la humanidad. Las políticas derivadas de ese enfoque buscan impedir que el comercio informal se ubique en calles y espacio públicos abiertos y se traslade a lugares cerrados: mercados, ferias, centros comerciales populares u otras edificaciones por considerar que atentan contra el patrimonio tangible de la ciudad. De ese modo, la política urbana ha privilegiado la preservación del patrimonio tangible localizado predominantemente en el centro histórico de Quito y ha menospreciado al patrimonio intangible. Alan Middleton (2003) plantea al respecto que se trata de una perspectiva que celebra los edificios e ignora una historia de relaciones sociales, lo que tergiversa la historia.

El segundo enfoque, formulado desde una perspectiva social y culturalista, enfatiza en el derecho que toda persona tiene a realizar una actividad económica que le permita generar los medios de vida para su subsistencia y la de su familia. Se encuentra amparado por la Constitución y expresamente establece el derecho a trabajar en espacios públicos (Constitución de la República de Ecuador 2008, art. 329).

Desde lo culturalista se considera que el uso de la calle y de los espacios públicos abiertos para el comercio en Quito forma parte de una antigua tradición que se remonta al periodo preincaico y que se ha mantenido durante siglos, adecuándose a las condiciones de cada etapa. El centro histórico de Quito ha sido un espacio en el que concurren las comunidades que le rodean y al que acuden a realizar prácticas sociales de creación y de reproducción social y cultural. A través de estas expresiones se realizan intercambios bienes en plazas y calles y se llevan a cabo una serie de actos rituales propios de la religiosidad popular.

Dichas prácticas se mantienen vivas en la actualidad mediante la ocupación de mercados, calles y espacios públicos y se manifiestan a través del denominado comercio informal, que constituye una “fuente inagotable de comunidad, cultura y patrimonio” (Kingman y Bedón 2022, 15). Mercados, ferias y comercio informal en espacios públicos abiertos que, además de generar ingresos que permiten sobrevivir a las familias que lo realizan, posibilitan también la socialización y con ello la construcción de identidad. Fruto de estas actividades hay un patrimonio tangible (arquitectónico y monumental) e intangible expresado en “saberes y tradiciones que reafirman nuestra identidad” (Kingman y Bedón 2022, 18).

Para Kingman y Bedón los mercados:

 

Son lugares de sociabilidad, de identidad y solidaridad excepcionales, cuyos valores tangibles como el orden y la arquitectura no somos capaces de entender; sin embargo, cuando los visitamos se activan inmediatamente las percepciones relacionadas con sentidos –olores, sabores, texturas, matices, colores– y con los aspectos emocionales (Kingman y Bedón 2022, 17).

 

Las políticas derivadas de este segundo enfoque han enfatizado en el derecho al trabajo y en el reconocimiento de que se trata de estrategias de sobrevivencia de comunidades que “ni el Estado ni los sectores productivos privados los pueden resolver” (Enríquez 1990, 128) excluyéndolos del moderno mercado de trabajo. Su límite está en tratar al comercio desde las políticas sociales y no desde las económicas y culturales, lo que es acertado parcialmente, pero insuficiente, por lo que es indispensable un mayor apoyo y regulación estatal.

Los dos enfoques han contribuido a entender su dinámica y podrían ser complementarios, aunque en algunos aspectos son contradictorios y han generado más de una fricción con respecto al uso del espacio público, todo ello a consecuencia de políticas públicas insuficientes y sesgadas por determinados intereses. Middleton (2003) establece que existe conflicto entre los planificadores urbanos y los vendedores ambulantes, pero que pueden solucionarse si se los hace formar parte del sistema de comercio de la ciudad. Si los ayuntamientos no eligen una vía no violenta para la satisfacer las demandas conflictivas sobre el uso del espacio en los centros históricos de las ciudades, contribuirán a una percepción de inestabilidad de la urbe (Middleton 2003).

Para superar esas dificultades es indispensable adoptar una visión más integral, armonizando los enfoques urbanístico, patrimonialista, social y culturalista anotados y agregar una perspectiva económica y comercial que revalorice el comercio informal y dé cuenta de la función que cumple en el sistema de reproducción social y económico, y por tanto, en el desarrollo humano y productivo de la ciudad y de la sociedad. Desde esa perspectiva, se podría avanzar hacia una comprensión más amplia del fenómeno que incluya lo social, los cultural, lo económico, lo urbanístico y lo arquitectónico. Lo anterior debería contribuir a enriquecer el patrimonio tangible e intangible de la ciudad, pero para ello se requiere de políticas públicas que incluyan la economía urbana informal[i] dentro del sistema y no sea un apéndice que en perspectiva deba ser eliminado.

El comercio informal o de la calle ha sido y es parte sustancial del sistema de comercio de Quito junto con mercados, ferias, fruterías, verdulerías de barrio, tiendas y centros comerciales populares que complementan a los modernos micromercados, supermercados y demás modalidades vinculadas a las grandes las cadenas comerciales. El sistema de comercio de una ciudad debe articular todas sus modalidades, buscando su complementariedad, regulando su ubicación y funcionamiento, sin dejar de reconocer que la competencia es propia del libre mercado, pero que mediante políticas públicas municipales que establezcan límites a quienes pretendan monopolizar el mercado o apropiarse de espacios públicos.

Con ello se garantizará un abastecimiento oportuno y saludable para la comunidad, que vaya en beneficio de la ciudad y del ambiente con bienes y servicios perecibles y no perecibles de calidad a precios convenientes y asequibles para todos. Además, el sistema de comercio de la ciudad debe abastecerse preferentemente de productores locales del distrito, de la región y del país (ahorrando combustibles y tiempo destinados a su transportación desde lugares remotos), que proporcionen alimentos frescos (frutas y verduras), preparados y procesados y bienes entre los que se encuentran ropa, zapatos, confecciones etc., a fin de fortalecer las estructuras productivas y de comercialización locales, regionales y nacionales, pero sin dejar de importar lo indispensable y de lo que carece el país.

 

Cinco nociones clave para entender la dinámica del comercio de la calle

Para tratar esa complejidad de problemas derivados del comercio informal, aquí se recurre a cinco nociones clave que contribuyen a analizar el tema y a buscar soluciones que permitan atenuar o superar los problemas derivados. Las nociones son las siguientes: derecho al trabajo, derecho a la ciudad, espacio público, patrimonio cultural y economía sustantiva.

 

Derecho al trabajo

 

Es el derecho que toda persona tiene de realizar una actividad económica lícita que le permita generar los medios de vida para su subsistencia y la de su familia. Surgió a raíz de la industrialización en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicios del XX con la reivindicación de los trabajadores por sus derechos laborales y exigiendo al Estado su cumplimiento. Esta noción asume que entre patronos y trabajadores hay una relación asimétrica en favor de los patronos que debe ser mediada por el Estado para evitar abusos. El derecho al trabajo está garantizado nacionalmente por la Constitución y por distintas leyes, mientras que a nivel internacional se han suscrito tratados y convenios amparados por la ONU y la OIT.

El objetivo fundamental es proteger a los trabajadores dependientes de sus empleadores, pero el Código de Trabajo vigente desde 1938 omite los derechos de los trabajadores informales o por cuenta propia puesto que no tienen un patrono. Por esta razón, los trabajadores por cuenta propia y entre ellos los del comercio informal tienen muy poca o ninguna protección del Estado a pesar de que la Constitución ecuatoriana establece en el artículo 325 que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas” (Constitución de la República de Ecuador 2008, art. 325).

Por su parte, en el artículo 326, numeral 5, se establece que todo trabajador autónomo tiene derecho a un lugar para prestar sus servicios, garantizando su seguridad, salud, higiene y bienestar y tratando de que sean sitios adecuados para prestar el servicio (Constitución de la República de Ecuador 2008, art. 326). Finalmente, el artículo 329 se indica que los trabajadores autónomos y por cuenta propia tienen derecho a realizar sus labores en lugares públicos regulados por la ley Constitución de la República de Ecuador 2008, art. 329).

Dado que ni el Estado ni el sector privado han logrado proporcionar a la mayoría de la población el derecho a un trabajo bajo relación de dependencia, los trabajadores por cuenta propia tienen que crear su propio derecho a trabajar, por lo que muchos se dedican al comercio informal o de la calle. Generalmente lo realizan en condiciones muy precarias que usualmente son vistas por el Estado y por una parte de la sociedad como defecto o anomalía propias de sociedades que no logran superar el pasado premoderno y subdesarrollado.

Por eso la informalidad y el comercio informal constituyen, para estos, un “fenómeno de algunas economías, especialmente de aquellas más atrasadas, cuya existencia desbordaba el arquetipo de cómo deberían funcionar las economías modernas” (Sandoval 2014, 11). Desde esa perspectiva, la economía urbana informal ha buscado ser eliminada o al menos reducida y con ello el comercio informal, al tratarse de una actividad “atrasada” que dificulta la modernización de la economía y de la sociedad.

La informalidad y sus actividades no van a desaparecer. Lo demuestra lo acontecido durante cinco siglos en las economías andinas nativas del continente, las cuales se sobrepusieron a la economía colonial moderna europea que inicialmente usufructuó las riquezas acumuladas por esas culturas y luego cuando se terminaron continuaron explotando minas, haciendas y principalmente a personas que fueron sometidas a formas de trabajo muy precarias y violentas.

De esa forma, han convivido durante siglos las formas de producción de los pueblos conquistados con otras traídas por la modernidad europea que han sido impuestas y que no han logrado consolidarse. De ahí que la presencia de la economía urbana informal, y por tanto del comercio informal, no va a desaparecer al formar parte de un modo de producción sincrético[ii] que no es el moderno europeo, sino el “barroco” del que habló Bolívar Echeverría:

 

Lo barroco se desarrolló en América en medio de una vida cotidiana cuya legalidad efectiva implicaba una transgresión de la legalidad consagrada por las coronas ibéricas, una curiosa transgresión que, siendo radical, no pretendía una impugnación de la misma; lo hizo sobre la base de un mundo económico informal cuya informalidad aprovechaba la vigencia de la economía formal con sus límites estrechos. Y lo barroco apareció en América primero como una estrategia de supervivencia, como un método de vida inventado espontáneamente por aquella décima parte de la población indígena que pudo sobrevivir al exterminio del siglo XVI y que no había sido expulsada hacia las regiones inhóspitas (Echeverría 2008, 8).

 

Por eso, las políticas públicas dirigidas al comercio informal pretenden sacar de la calle a estos comerciantes y regularizarlos, por ejemplo, en Riobamba “una de las metas para la administración municipal es reubicar y regularizar a los comerciantes informales en los distintos mercados de la ciudad (Quispe et al. 2018, 4). Para ello, privilegian su reubicación geográfica territorial en espacios cerrados dentro de mercados y centros comerciales populares, entre otros lugares. Sin embargo, Kingman y Bedón (2022, 64) plantean que en la actualidad esto ya no funciona, pues “si observamos cualquiera de los mercados existentes en Quito y en otras ciudades andinas desde la primera mitad del siglo XX, veremos que, si bien su modelo de diseño interior estaba basado en la diferenciación civilizatoria con respecto a la calle, este modelo entró en crisis desde el comienzo”.

Frente a ello, de lo que se trata es de reconocer la importancia económica, cultural y social del comercio informal o de la calle para conseguir mantenerlo de forma organizada en espacios públicos abiertos adecuados que formen parte de la trama urbana, dotados de mobiliario ligero, desmontable y estéticamente acorde con el paisaje de la ciudad. De ese modo se contribuiría a que el comercio de la calle, a pesar de ser un rasgo del pasado, se adecúe y forme parte del presente de la ciudad, de la planificación urbana y de su sistema de comercio. Además, generaría servicios, espacios de sociabilidad y de creación de cultura que enriquezcan la vida de la ciudad, puesto que se trata de un modelo distinto al de la ciudad europea moderna.

Una característica de los trabajadores por cuenta propia que llevan a cabo el comercio informal es que operan con bajos niveles de organización, con poca división del trabajo, con escaso capital, con mano de obra poco calificada y con tecnología a veces obsoleta. Se los asocia con pobreza y son vistos “como una barrera para el crecimiento económico por sus efectos negativos sobre las condiciones de trabajo, la productividad y la financiación del sistema de protección social” (Moreno 2012, 8).

Para la CEPAL “el trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54 %, de acuerdo con estimaciones recientes de la OIT” (CEPAL y OIT 2020, 5). El trabajo informal a aumenta o disminuye, en dependencia de la tasa de ocupación y del crecimiento económico, que en los últimos 10 años ha reflejado cifras bajas, por lo que se ha generado un muy poco empleo. Si bien el derecho al trabajo es responsabilidad del Estado, el Gobierno municipal debe contribuir a mejorar las condiciones del comercio informal y del trabajador por cuenta propia, proporcionando espacios públicos abiertos y adecuados sin afectar el derecho de todos a la ciudad.

Derecho a la ciudad

 

El derecho a la ciudad es una noción que surgió a finales de la década de los 60 (Lefebvre 1968) debido a una reacción social ante la ejecución de grandes proyectos inmobiliarios en varias ciudades europeas luego de la Segunda Guerra Mundial. Los enormes beneficios económicos obtenidos por Estados Unidos y sus aliados en este conflicto bélico, principalmente por la venta de armas a las naciones involucradas, fueron destinados en parte al financiamiento de grandes proyectos urbanísticos, muchos de ellos realizados en zonas históricas donde vivían cientos de miles de personas.[iii] Con ello se produjo una enorme destrucción de barrios tradicionales que fueron invadidos por “gigantes de altura”, lo que significó el desplazamiento de sus ocupantes para dar paso a una reestructura urbana a la que se denominó “destrucción creativa” (Harvey 2008, 33).

En París y en otras ciudades europeas fueron desgajados de los viejos barrios pobres, recurriendo a la expropiación en nombre de la mejora y de la renovación urbana y con ello expulsaron a buena parte de sus habitantes que generalmente pertenecían a sectores subalternos y que habían ocupado esas zonas durante generaciones. Las urbes fueron demolidas no solo destrozando viviendas, sino también las pertenencias de los que las habían construido y sus terrenos se convirtieron en suelo de gran valor (Harvey 2008, 34).

Las administraciones locales fueron paulatinamente abandonando la planificación para concentrarse en atraer inversión inmobiliaria, con lo cual la lógica del mercado era la que primaba en los cambios de la estructura urbana de las ciudades (Carrión y Dammert-Guardia 2019, 21). Con la vigencia de las políticas neoliberales a partir de los años 80 ese enfoque se acentuó y además promovió la idea de la “libertad para construir”, que partía de una crítica a las políticas públicas denominadas burocráticas, reduciendo la visión de ciudad al dejarla a iniciativa del individuo y haciendo a un lado la consideración de que la producción de la ciudad es un proceso social (Calderón Cockburn 2019, 99). El discurso de la libertad individual de los más desfavorecidos liberaba al Estado de su responsabilidad y se consideraba el camino para alcanzar el éxito económico y social. Esas políticas neoliberales no necesariamente debilitaron al Estado, más bien lo organizaron en función de la lógica del mercado y convirtieron su poder represivo en uno de sus soportes fundamentales, cuya misión era y es reprimir lo que denominan competencia desleal, de la que muchas de las actividades de la economía urbana informal forman parte.

La Constitución del Ecuador establece en el artículo 31 que “las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural” (Constitución Ecuador 2008, art. 31). Por su parte, en la Constitución de Ciudad de México se señala que “el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía” (Constitución Política de la Ciudad de México 2017, art. 12).

La Agenda Urbana de Hábitat III de la ONU, emitida en Quito, plantea que la ciudad es para todos (refiriéndose a la igualdad en el uso y el disfrute), promueve la inclusión y garantiza que todos los habitantes, de las generaciones presentes y de las futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles para habitar en ellos, promoviendo la prosperidad y la calidad de vida (ONU 2016). El derecho a la ciudad sigue siendo un intento por modificar las condiciones de producción de lo urbano, generando otras que permitan un acceso equitativo o “justo” a los bienes valiosos que esta produce (Carrión y Dammert-Guardia 2019, 12).

Pero, ¿qué se puede sacar en limpio del derecho a la ciudad con respecto al comercio informal? La idea de la que se parte es que el trabajo es un derecho humano que en el capitalismo clásico implica una relación de dependencia entre trabajador y empleador, mientras que el trabajo por cuenta propia, especialmente el comercio informal, es un sistema de producción que opera bajo el control de los comerciantes. De ahí que el derecho al trabajo en América Latina debe plantearse también desde el trabajo informal, pues las causas que lo originan son la negación del derecho al empleo formal.

Que la mitad de la población tenga trabajos precarios da cuenta de la inexistencia de un Estado social y de una cotidiana violación del derecho al trabajo y a la ciudad. No obstante, buena parte quienes laboran en la calle reivindican el derecho a la ciudad. No lo hacen desde su situación de marginalidad, miseria y segregación, tampoco asumiendo una postura realista del ahí están y hay que apoyarlos, sino desde la revalorización de su actividad basada en su propio esfuerzo por generar trabajo por cuenta propia e ingresos para sostener sus familias, al margen y muchas veces en conflicto con el Estado.

Se debe revalorizar el comercio informal desde el aporte que hace a la reproducción social de la ciudad. El comercio informal no cumple solo una función para quienes realizan esa actividad, sino también para aquellos que demandan sus bienes y servicios. En ese contexto, el derecho a la ciudad antes que un derecho individual es un derecho colectivo que se encuentra tejido de demandas de nueva ciudadanía en lo civil, en lo social y en lo político. Se trata de demandas surgidas de una lucha por la democratización de la sociedad y del Estado donde la planificación o remodelación de lo urbano depende del ejercicio de un poder colectivo en el que los comerciantes informales, al igual que otros actores, deben ser incluidos.

Ese es el sentido del derecho a la ciudad desde la perspectiva del trabajo por cuenta propia y del comercio informal, los cuales reconocen su derecho a trabajar y su aporte a la ciudad. Sin embargo, para ello se les debe brindar espacios públicos abiertos donde realizar sus actividades, las cuales deben estar organizadas de acuerdo con la trama urbana, debidamente reguladas, planificadas y controladas, no solo por el Gobierno local y por sus fuerzas de seguridad, sino también por la comunidad, incluyendo a los propios comerciantes de la calle y a sus organizaciones. Con lo que se preservará un contrato social que ponga de manifiesto el derecho de todos a la ciudad.

 

Espacio público

 

El espacio público es anterior al surgimiento de la ciudad y fue el punto de partida para su aparición. La ciudad se estructuró desde sus inicios a partir del espacio público. “Antes de ser un emplazamiento residencial, la ciudad fue un lugar de encuentro donde los hombres se reunían periódicamente” (Carrión y Dammert-Guardia 2019, 17). Por eso el espacio público es la ciudad en sí, ya que permite el encuentro de voluntades y de expresiones sociales diversas que pueden converger y convivir porque es el espacio de la representación y del intercambio (Carrión 2019, 199).

La ciudad es una construcción social con una gran diversidad y heterogeneidad respecto a sus miembros, lo que le demanda contar con espacios de encuentro: plazas, calles y mercados que permitan a los diversos actores reconstruir la unidad, la ciudad misma. Se trata de lugares que constituyen el componente fundamental de la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación de la sociedad (cultura, política), que es uno de los derechos fundamentales a la ciudad.

El espacio público es el territorio de la ciudad donde cualquier persona puede estar y circular libremente, sean abiertos (plazas, calles, parques, ferias, etc.) o cerrados (bibliotecas públicas, mercados, centros comunitarios, entre otros). Es un territorio visible y accesible para todos. Aun si no lo utilizan de manera directa, las personas entienden que constituyen una parte de la ciudad que los acoge sin ofrecer resistencia y que les permite realizar una multiplicidad de actividades. Es la apropiación de parte de todos del espacio colectivo lo que le otorga su condición de espacio público. La dinámica que encontremos en cualquier espacio público de la ciudad depende directamente del nivel de apropiación de la gente. La calificación de espacio público es aportada por la gente y no por el planificador.

La ciudad es un espacio público, un lugar donde diferentes grupos sociales se encuentran, interactúan y conviven y en el que se generan tensiones e incluso enfrentamientos por tratarse de personas que ocupan distintas posiciones en la estructura social. En la moderna ciudad del siglo XXI esa función del espacio público se ha invertido, puesto que son los espacios privados los que definen la organización de la urbe, por lo que no son las políticas públicas las que prevalecen.

Desde lo urbanístico e inmobiliario especulativo, el espacio público es lo residual, lo que queda después de construir viviendas, comercios y administraciones. Esa visión reduce el espacio público a la idea de vincular a los otros a través de lo vial, del comercio, de la administración, de la creación de lugares para la recreación y el esparcimiento de la población, entre ellos plazas y parques. Sin embargo, también se relaciona con el intercambio de productos (centros comerciales, ferias), con adquirir información (centralidad) y con la producción de hitos simbólicos (monumentos) (Carrión 2019, 196).

El derecho al espacio público es fundamental para la ciudadanía, pues no solo se necesitan espacios para el encuentro, sino también para construir tolerancia y para aprender a convivir de manera pacífica (Carrión 2019, 200). Para ello, deben coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad y hacerlo en armonía, para lo cual se requiere de una institucionalidad y de políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan la integración y la convivencia.

La tarea del urbanismo es organizar la ciudad a partir de lo público y no de lo privado, de lo colectivo y no de lo individual (Carrión 2019, 201). En otras palabras, la ciudad es un espacio público, un conjunto de puntos de encuentro, un sistema de lugares significativos donde la sociedad puede representarse y visibilizarse. El espacio público no está asociado únicamente a lo físico-espacial, es también un ámbito de la conflictividad social que se agudiza en función de los pesos y contrapesos sociales y políticos.

A pesar de que han surgido nuevas centralidades en la ciudad, el caso del centro histórico de Quito sigue siendo importante porque se trata del “espacio de todos” y otorga a la ciudad el sentido de identidad colectiva que vive más allá del centro (espacio) y del presente (tiempo). Su condición pública transciende el tiempo (antiguo-moderno) y el espacio (centro-periferia), produciendo un legado transgeneracional y transterritorial que produce una “ciudadanía por herencia” (Carrión 2019, 214). El centro histórico de Quito es un espacio público simbólico que está relacionado con lo patrimonial tangible e intangible. Es un espacio donde se representa la sociedad y permite resignificar lo público y fortalecer identidades.

Es la gente quien le otorga sentido al espacio público, cualificándolo y dándole escala humana, ya sea este un espacio de cordialidad o de conflicto. Aquí se intercambian bienes (tianguis), servicios (comercio) e información (museos) y son sus centralidades (el caso del centro histórico de Quito) los espacios públicos de mayor carga simbólica y que concentran la mayoría de los medios de intercambio y de comunicación.

Al espacio público hay que defenderlo, pero también transformarlo en el marco de un nuevo urbanismo que satisfaga simultáneamente varias necesidades y que sea de alta calidad estética. Proyectos municipales de la actual administración, por ejemplo, los senderos seguros, constituyen esfuerzos por transformar la urbe y por construir otros espacios públicos. Sin embargo, estos proyectos deberían considerar el comercio informal parte del nuevo urbanismo, pues no tomarlo en cuenta e ignorarlo significa seguir excluyéndolo.

El comercio informal es parte intrínseca de los espacios de encuentro que demanda la ciudad, por lo que sus políticas no deben buscar disminuir la diferencia sino más bien respetarla mediante la inclusión de lo diferente. El comercio informal puede contribuir en ese encuentro entre diferentes ocupando espacios públicos abiertos planificados, ordenados, regulados, controlados y dotados de mobiliario y servicios que contribuyan a la estética arquitectónica de la ciudad.

 

Patrimonio cultural

 

El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales y se les atribuyen valores que son transmitidos y resignificados de una época a otra y de una generación a las siguientes. Además, otorgan identidad propia a una comunidad, la cual es claramente percibida por las demás (Ministerio de Cultura y Patrimonio 2023). Es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico de construcción de significados y sentidos. De ahí que el patrimonio cultural se hereda, aunque también se modifica, se funcionaliza y se protege.

Hay de dos tipos, el natural y el cultural, este último se desagrega en tangible material e intangible inmaterial. El tangible material es el que tiene que ver con los bienes que integran la comunidad y pueden ser muebles e inmuebles. Los primeros son los que se pueden mover o trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas, naturales o tecnológicas, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte, artesanía, vestidos o utensilios de una época, etc. El tangible inmueble es el conjunto de bienes culturales que no se pueden mover, entre los que se destacan monumentos, sitios arqueológicos e históricos, conjuntos arquitectónicos, monumentos públicos, artísticos, de culto (cementerios), paisajes culturales, centros industriales, entre otros (Ostelea 2021).

El patrimonio cultural intangible es el que hace referencia a los bienes históricos o culturales que no se pueden tocar, pero sí se pueden percibir a través de los sentidos. La importancia del patrimonio cultural intangible e inmaterial recae en la propia identidad de la comunidad porque constituyen los aspectos que la hacen única: la lengua, los patrones de comportamiento, la gastronomía, la forma de vivir, la literatura, la música, las artes escénicas, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los saberes, las técnicas o las formas de elaboración transmitidas y aprendidas de generación en generación y que pueden ser ordenadas en tres pilares.

 

Saberes, tradiciones y creencias, es decir conocimientos y maneras de elaborar arraigadas en la vida cotidiana de las comunidades y que se han transmitido de forma oral, o mediante rituales, leyendas, mitos, celebraciones comunitarias y familiares.

Celebraciones y conocimientos, es decir ceremonias con festejos, festividades donde se expresan música, danza, folklore, teatro, propios de la comunidad y que muchas veces adquieren el carácter de ritos sociales, espirituales, religiosos, etc. Esos conocimientos se transmiten oral, gestual e intuitivamente, con lo que se logra hacer, entender, elaborar, maniobrar, cocinar, tejer. Son conocimientos que generalmente se expresan en oficios artesanales, gastronomía, remedios curativos, entre otros.

Lugares sociales que son espacios donde se celebran eventos sociales, culturales, técnicos, científicos, pero también son los ambientes donde se respira la vida de los mercados ambulantes, callejeros, la plaza, la forma de jugar de los niños en la calle, los mercados al aire libre, todos ellos son ejemplos de lugares donde se realizan prácticas sociales típicas, con rasgos propios de la comunidad difícilmente repetibles. Dentro de este grupo se incluyen los cementerios y las formas de rendir culto a sus muertos (Ostelea 2021, 9-11).

 

Resulta importante señalar que los objetos y los bienes patrimoniales resguardados adquieren razón de ser cuando se abren a nuevos sentidos y se asocian con la cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica. El valor de los bienes y manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino en la relación que en el presente establecen las personas y las sociedades con dichas huellas y testimonios. De ahí que el patrimonio sea un conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales.

Al ser el comercio informal o de la calle una actividad que ha estado presente en la vida de Quito desde tiempos inmemoriales, incluso anteriores a la llegada de los españoles principalmente en el actual centro histórico, este forma parte de la tradición e historia de la ciudad. Alrededor de la Plaza de San Francisco, lugar donde las comunidades indígenas cercanas a Quito acudían a intercambiar alimentos y utensilios y luego a vender a los pobladores circundantes de barrios que surgieron en su entorno, se fueron fraguando los valores que forman parte del patrimonio cultural intangible del pueblo de Quito, pero también del tangible, toda vez que allí siguen presentes lugares de ritualidad de una religiosidad sincrética que rinde culto a la vida.

 

Economía sustantiva

 

Hay otra noción que orienta este análisis de la economía urbana informal y proviene de la misma economía, a la cual Karl Polanyi denominó economía sustantiva o real, diferente a la economía formal. La economía sustantiva se deriva de la dependencia que tiene el ser humano de la naturaleza y sus semejantes para conseguir el sustento que le permite vivir. Se refiere al intercambio que este practica con el entorno natural y social para proporcionarse los medios con los que satisface sus necesidades materiales.

La economía formal en cambio, tiene que ver con la búsqueda incesante de la ganancia como fin último de las acciones económicas, la búsqueda de la riqueza, a la cual se llamó “progreso” en el siglo XIX o “desarrollo” a mediados del XX. Para Polanyi esa fue la matriz central articular una definición formal del campo de los hechos económicos que, a su juicio, “descoyuntó las viejas instituciones sociales heredadas” (Polanyi 2010, 74), entre ellas la organización periódica de fiestas colectivas en las que despilfarraban gran parte del excedente a expensas de su capacidad de ahorrar e invertir.

De ahí que, en esta definición, la relación medios-fines sea central y se exprese en los términos “económico”, que es igual a barato, o “economizar” que significa ahorrar. Por tanto, el significado de la economía formal hace alusión a la necesidad de elección a partir de la “escasez”, para lo que se requiere, en primer lugar, insuficiencia de medios, y en segundo que la elección sea inducida por la insuficiencia (Polanyi 2010, 275). La economía formal denota que el sistema económico es una secuencia de actos dirigidos al ahorro y por tanto a la ganancia, a la elección inducida por situaciones de escasez.

Volviendo a la economía sustantiva, su origen está en el sistema económico empírico, es decir, en el proceso dado por la interacción entre humanos y medioambiente que conduce a un continuo abastecimiento de los medios materiales para satisfacer las necesidades. Se trata de un proceso que se institucionaliza a través de prácticas sociales que forman parte de sus actividades a las que se puede denominar económicas, al igual que a los demás componentes que forman parte del proceso y que pueden agruparse en ecológicos, tecnológicos o societales según pertenezcan al medioambiente natural, al equipamiento mecánico o al relacionamiento humano (Polanyi 2010, 281-282).

En la economía sustantiva la inclusión de lo no económico en las actividades es vital. La religión puede tener la misma importancia para la estructura y el funcionamiento de la economía que las instituciones monetarias o que las herramientas y máquinas que aligeren el trabajo de la mano de obra. En lo no económico está la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. En una economía sustancial ninguna comunidad que proteja la solidaridad entre sus miembros puede permitir que crezca una hostilidad latente sobre un asunto tan vital para la existencia como es el alimento, por tanto, ello no debe crear tensión. De ahí la prohibición en la sociedad primitiva y arcaica de hacer transacciones de naturaleza lucrativa en lo referente a alimentos y comestibles (Polanyi 2010, 289). Durante largos periodos de la historia hubo reciprocidad y redistribución en el desenvolvimiento económico, incluso en tiempos modernos y actuales, pero son subestimados porque serían rezagos del pasado que están en proceso de extinción, de ahí su poca consideración en el análisis.

Otro aspecto relevante analizado por Polanyi es su crítica a la teoría evolucionista de la historia, que distingue etapas: esclavitud, servidumbre y trabajo asalariado en la “evolución” de las sociedades. Esta es visión propuesta por el marxismo a través del materialismo histórico que se origina en la convicción de que el carácter de la economía está determinado por la situación en la que se encuentra la fuerza de trabajo. Polanyi (2010) afirmó que las formas de integración no representan “etapas” de desarrollo y que no implican ningún orden temporal. Esta visión gradualista se utiliza para afirmar que todo lo que no es economía moderna o capitalista es anterior, puesto corresponde a una fase atrasada del desarrollo que debe ser suprimida progresivamente e incorporada a la idea de “en desarrollo”.[iv]

La conceptualización realizada por Polanyi de las dos modalidades de economía y sustentada en análisis históricos de los mercados, condujeron a la idea antes planteada en el sentido de que, en América Latina, y especialmente en Ecuador, conviven las dos modalidades, la sustantiva y la formal. La primera corresponde a muchas de las prácticas presentes en la economía urbana informal que por estas consideraciones no está sujeta a desaparecer puesto que forma parte intrínseca de su modo de producción.

Alan Middleton sostiene que lo formal y lo informal son las relaciones entre dos segmentos distintos de la economía.

 

Las actividades menos capitalistas en su forma, están íntimamente vinculadas al sistema capitalista. Desde los vendedores ambulantes que venden productos de las compañías internacionales de tabaco hasta los recicladores cuyo vidrio y metal reingresan en el proceso capitalista de producción, presentan encadenamientos hacia atrás y hacia delante que articulan lo informal con lo formal (Middleton 2022, 18).

 

Empleo y comercio informal en Quito

Históricamente el comercio informal ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo. En 1976 había 4809 comerciantes informales en Quito. Para el año 1990 crecieron en un 52,1 % y en 2014 se registró otro aumento del 29,3 %. Sin embargo, en un período de ocho años (entre 2014 y 2022) se produjo un mayor incremento: el 80 % (Figura 1).

 

Figura 1. Número de comerciantes informales en Quito, 1976, 1990, 2014 y 2021-2022

Fuente: Elaborada por el autor.

 

Entre 2004 y 2013 en Ecuador y en la mayor parte de América Latina se experimentó un periodo de crecimiento económico debido de un incremento significativo de los precios de los commodities por “el superciclo de altos precios de las materias primas por la industrialización de China” (Campodónico 2023). Sin embargo, a partir de 2014 la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional empezó a decrecer, provocando una reducción del gasto público por parte del Gobierno nacional, cuyo impacto en la economía de la ciudad fue muy negativo. Esta situación se tradujo en menor inversión y en menos gasto público corriente producto de la una caída de los precios de los commodities, particularmente del petróleo.

Todos estos factores golpearon sensiblemente la economía de Quito, ciudad predominantemente administrativa. Aunque si bien la economía no decreció, se vio ralentizado su crecimiento, con excepción del año 2020 donde sí hubo decrecimiento económico a raíz de la covid-19, cuando el PIB de Ecuador se redujo un 7,8 % (Figura 2).

 

Figura 2. Producto Interno Bruto nacional y de Quito, 2014-2020 (en millones $)

 

Fuente: Elaborada por el autor.

Nota: Las cifras corresponden a millones de dólares

 

Estas variaciones en la economía nacional y en la de Quito, tuvieron un enorme impacto sobre el mercado laboral de la ciudad, al punto que sus tasas negativas fueron mayores a las del promedio nacional. Ejemplo de ello son las tasas de desempleo y empleo adecuado, lo cual dio lugar a un crecimiento acelerado del comercio informal o de la calle (figura 3). En todo caso, a partir del 2022 Quito empieza a recuperarse y a revertir esa tendencia negativa en materia de empleo puesto que se redujeron las tasas de desempleo y subempleo y subió ligeramente la de empleo adecuado.

 

Figura 3. Empleo en Ecuador y en Quito, 2022-2023

 

Fuente: Elaborada por el autor con base en el INEC (2023).

Nota: En Quito entre 2022 y 2023: el desempleo baja 0,7%; el subempleo baja 5,6% ; sube el empleo adecuado 6,3%.

 

 

A pesar de los signos positivos en materia de empleo, Quito mantiene un sector informal que alcanza al 25,7 % de su población económicamente activa. Sin embargo, todavía es menor al promedio nacional que se sitúa en el 50,6 % (Figura 4).

 

Figura 4. Población económicamente activa en Quito y a nivel nacional (%)

Fuente: INEC (2023).

 

En definitiva, se puede afirmar que la presencia cada vez mayor de comerciantes autónomos o informales en las calles y plazas de la ciudad no depende de la demanda, sino de factores estructurales de la economía del país relacionados con la desigualdad, la excesiva concentración de la riqueza, las bajas tasas de crecimiento de la economía y el achicamiento del Estado. Problemas que se expresan en desempleo, pobreza, ausencia de servicios sociales públicos y en una muy limitada inversión pública y privada, lo que reduce considerablemente las oportunidades de los más vulnerables. De ahí que esos sectores se vean en la necesidad de recurrir a la calle para generar recursos que les permitan sobrevivir.

 

Características del comercio informal en Quito

De acuerdo con el último censo realizado por el Municipio de Quito (2022), entre 2021 y 2022 el comercio informal de la ciudad ocupaba a 17 043 personas, de las cuales 12 043 se localizaban en las parroquias urbanas y 5009 en las rurales. El 59 % son mujeres y el 75 % jefes o jefas de hogar, con al menos dos cargas familiares. El 70,4 % tiene entre 31 y 64 años, mientras que el 19 % entre 18 y 30 años. En las parroquias urbanas el 47,3 % de los comerciantes de la calle tienen puesto fijo, el 21, 2 % son semifijos (unos días son fijos y otros ambulantes) y el 31,6 % son ambulantes. Mientras que en las rurales predominan los ambulantes con el 48,7 %, seguidos por los fijos con el 27,1 %, los semifijos con el 20,3 % y el 4 % que vende en el transporte público (Municipio de Quito 2022).

Además, el 49,7 % de los productos que se venden en las calles corresponde a bienes perecibles, el 39,4 % a no perecibles y el 10,9 %.[v] Del total de bienes perecibles, el 35 % son frutas y verduras y el 40% alimentos preparados (Municipio de Quito 2022). Es decir, el 75% de lo que se vende en las calles de la ciudad son alimentos no procesados. La mayor parte de esos alimentos son provistos por productores nacionales y preparados por los mismos comerciantes. Los alimentos procesados representan el 18 % de los perecibles que se comercializan en las calles, muchos provistos por industrias nacionales.

Con respecto a los bienes no perecibles, el 50 % corresponde a ropa, zapatos y confecciones que provienen de talleres artesanales, de pequeñas fabricas manufactureras locales y algo de la gran industria nacional y del exterior. Además, un 30 % de lo que venden son bienes de bazar y bisutería, un corresponde a 7 % artesanías, un 5 % a artefactos eléctricos y electrónicos y el resto a una amplia variedad de bienes y servicios, algunos producidos en el país y otros provenientes del exterior.

Dadas esas características, es importante anotar que el comercio informal forme parte del sistema de comercio de Quito porque además de generar ingresos a una parte de su población (la más vulnerable), contribuye a satisfacer necesidades y a dinamizar varios sectores productivos del país. El comercio informal oferta bienes y servicios indispensables que están al alcance de muchos, principalmente de los más desfavorecidos socialmente. Aunque en tiempos de crisis económica, como la que se vive desde hace varios años en la ciudad y en el país, también consumen esos bienes amplios sectores de clase media.

El comercio informal se ubica en espacios públicos abiertos que favorecen el encuentro y la socialización de todos los que acuden a él, propiciando la creación de una cultura de vecindad de barrio. Además, la ocupación de espacios públicos abiertos genera seguridad al dejar de ser espacios vacíos, en estos casos la concurrencia de gente cambia su uso y lo convierte en un espacio socialmente ocupado.

Pretender retirar de las calles todo el comercio informal y reubicarlo en lugares cerrados, algo que intenta hacer el Gobierno, privaría a una parte de la población del abastecimiento de bienes necesarios para su subsistencia. Por ello, se debe mantener generalmente en espacios públicos abiertos, pero de un modo organizado, planificado y regulado, dotando a los y las comerciantes de un mobiliario ligero y desmontable acorde con la estética de la ciudad. De esta forma se evitaría la privatización del espacio público con kioscos e infraestructura fija, algo que ya sucede en varios lugares de la ciudad. Así, en lugar de ser un fenómeno que afecte el desenvolvimiento de la ciudad y que privatice el espacio público abierto, aportaría a su desarrollo y enriquecería su patrimonio cultural tangible e intangible.

 

El comercio informal por sectores de la ciudad

Si se observa la ubicación de los vendedores de la calle en los distintos sectores de la ciudad, de algún modo se puede inferir sobre las características del consumo de los habitantes por sector. El último censo de comerciantes de la calle realizado por el Municipio de Quito (2022) divide su investigación entre parroquias urbanas (32) y rurales (33) del Distrito Metropolitano. De los 17 043 comerciantes de la calle registrados en el censo, el 70,6 % se ubican en parroquias urbanas y el 29,4 % en rurales. El 32,4 % están en el sur de la ciudad, el 20,5 % en el centro, un 17,8 % en el norte, un 16,6 % en el Valle de Tumbaco, un 4,7 % en Calderón y Llano Chico, un 4,5 % en el Valle de los Chillos y 3,5 % en otras zonas, entre las que se destacan las parroquias rurales de noroccidente y las que están al norte de la Mitad del Mundo.

En el sur y en el centro de la ciudad se localizan más comerciantes de alimentos preparados y ropa, confecciones y zapatos. En el norte predominan los de frutas y verduras y artesanías. Hay “zonas calientes” donde se concentran más comerciantes, por ejemplo, en el centro histórico, (la Marín, el Tejar) o en la Avenida 10 de agosto entre La Alameda y La Mariscal, al norte, en La Carolina y Cotocollao y al sur, en Solanda y Chillogallo. En función de los sectores, se expone la localización de los comerciantes de la calle considerando varios factores: la proporción de los comerciantes respecto del total y la composición de los comerciantes al interior de cada parroquia, sean urbanas o rurales (Tabla 1).

 

Tabla 1. Cantidad y porcentaje de comerciantes de la calle en Quito

Fuente: Elaborada por el autor con base en el Municipio de Quito (2022).

 

Si se observa la localización de los comerciantes de la calle en función de lo que venden, se tiene que del total de los perecibles el 31,7 % se venden en el sur, el 18,6 % en el norte, el 16,8 % en el centro y el 16,1 % en Tumbaco. Los tres sectores restantes tienen porcentajes inferiores al 10 %. De los comerciantes de frutas y verduras que se comercializan en el Distrito Metropolitano de Quito, el mayor volumen se localiza en el sur (30,9 %), seguido por el norte (20,1 %) y el centro (17,4 %), lo que da cuenta de que son las áreas urbanas donde predomina la venta de estos productos. Con respecto a los alimentos preparados, se repite esa tendencia: 34 % en el sur, 18,5 % en el norte y 17,1 % en el centro. En la tabla 2 se puede observar que los datos para los alimentos procesados son similares a los expuestos anteriormente.

 

Tabla 2. Desagregación por sector de comerciantes de perecibles (%)

Fuente: Elaborada por el autor con base en el Municipio de Quito (2022).

 

Sobre la composición de lo que se vende en cada sector definido, se aprecia que, en el sur, de los perecibles, se venden más alimentos preparados (45,1 %), seguido de frutas y verduras (38,8 %). En el norte las mayores ventas corresponden a frutas y verduras (39,1 %), seguido de alimentos preparados (38,3 %), mientras que en el centro se comercializan más alimentos preparados (39,1 %) y frutas y verduras (37,5 %). En los todos los sectores la suma de frutas y verduras y alimentos preparados supera el 80%, con excepción de Tumbaco que llega al 76 %, lo que da cuenta de la importancia de estos dos rubros en casi todo el distrito metropolitano

Cabe recalcar que en el centro y en el norte (17,3 % y 17,7 % respectivamente) los comerciantes de alimentos procesados son más que en el sur (11,6 %) y que en el norte rural. Mientras que en el Valle de Los Chillos (19,8 %), en otras parroquias rurales (19 %) y en Tumbaco (24 %) el porcentaje de alimentos procesados es más alto, principalmente en este último territorio.

 

Tabla 3. Desagregación en cada sector de comerciantes de perecibles (%)

Fuente: Elaborada por el autor con base en el Municipio de Quito (2022).

 

Con respecto a los bienes no perecibles, el 28,6 % de los comerciantes están en el sur, seguidos por el centro (23,4 %), por Tumbaco (19,8 %) y del norte (19,1 %). La mayor cantidad de comerciantes de ropa, confecciones y zapatos se localizan en el sur (31,5 %), seguidos por el norte (23,7 %) y por el centro (23,6 %). Los que venden artesanías se localizan en su mayoría en áreas urbanas, principalmente en el centro (36,1 %), seguramente por ser más turístico, seguido por el sur (30,3 %) y por el norte (24,1 %). Llama la atención que el 47,2 % de los comerciantes de productos eléctricos se localicen en el sur y que el 29,1 % de los que comercializan bisutería y bazar se localizan en Tumbaco.

Tabla 4. Desagregación por sector de comerciantes de no perecibles (%)

Fuente: Elaborada por el autor con base en el Municipio de Quito (2022).

 

Desde la perspectiva de la composición de los comerciantes al interior de cada sector, se observa que los vendedores de no perecibles, entre ellos ropa, confecciones y zapatos predominan en el sector norte con el 66,1 %, seguido por el sur con el 63,9 % y el centro con el 57,3 %. El segundo grupo de comerciantes de no perecibles con mayor peso es el de bazar y la bisutería donde las áreas rurales son predominantes: Valle de Los Chillos con el 58,2 %, Tumbaco (39,8 %), norte rural (39,6 %) y otras parroquias rurales (36,5 %) y no tanto en las parroquias urbanas (tabla 5).

 

Tabla 5. Desagregación en cada sector de comerciantes de no perecibles (%)

Fuente: Elaborada por el autor con base en el Municipio de Quito (2022).

 

Las preferencias de localización de los comerciantes de la calle en cada una de las áreas de la ciudad, de algún modo dan cuenta de las características de las preferencias del consumo de sus habitantes y confirman la relevancia de la alimentación fresca y preparada en las distintas zonas. También de la importancia de la ropa, confecciones y zapatos, bienes que en buena parte provienen de la manufactura e industria nacional. Todo ello demuestra el aporte del comercio de la calle a la ciudad y a la sociedad, puesto que genera ingresos para trabajadores por cuenta propia (derecho al trabajo). Aquí las mujeres juegan un factor clave pues comercializan bienes provenientes del agro y de la manufactura predominantemente nacional, ofertan bienes y servicios alimenticios frescos que satisfacen en buena parte la demanda de diversos sectores del distrito donde los más pobres son mayoría.

 

Conclusiones

Si el censo de 2021-2022 registró más de 17 000 comerciantes de la calle, que probablemente sean más puesto que no todos se registran, ya que ello les genera obligaciones principalmente tributarias con el Municipio y muy pocos, por no decir ningún beneficio, y de ellos cerca del 60 % son mujeres y el 75 % jefes o jefas de hogar, da cuenta de la magnitud de la actividad y de su contribución a miles de hogares en situación de vulnerabilidad en Quito. Además, que el 75 % de los bienes perecibles que se comercializan sean frutas y verduras o alimentos preparados y que el 57 % de los no perecibles sean ropa, confecciones y zapatos y artesanías, la mayor parte provenientes de pequeños talleres, manufactura y pequeña industria, demuestra el aporte que hacen a la satisfacción de necesidades básicas de decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos y a una parte del sector productivo.

El comercio informal forma parte de la tradición de la ciudad, pero su crecimiento corresponde mucho a la incapacidad del Estado y del sector privado de proporcionar a la mayoría de la población el derecho a trabajar, lo que los lleva a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Entre ellos se encuentran los comerciantes de la calle, quienes realizan su actividad en condiciones muy precarias y son catalogados por el Estado y por la cultura oficial como defecto y una herencia del pasado que no permite salir de la pobreza y del atraso, por lo que deben ser eliminados, minimizados o por lo menos ocultados.

Pero la informalidad no va a desaparecer, forma parte de la estructura económica en la que conviven modos de producir ancestrales con los modernos. La economía urbana informal, y dentro de ella el comercio informal, a pesar de que es parte de esa estructura, históricamente ha sido negada y excluida. Las nuevas políticas públicas deberían integrar este tipo de economía en lugar de perseguirla y de retirar de las calles a quienes la practican. Lo ideal sería que esta actividad se transformara en comercio formal, pero no en espacios cerrados donde quienes la lleven a cabo queden confinados y ocultos.

La nueva política pública debe reconocer la importancia económica, cultural y social del comercio informal; debe organizarlo en el espacio público y aglomerarlo en lugares adecuados que formen parte de la trama urbana. También resulta importante dotarlo de servicios y de mobiliario ligero, desmontable y estéticamente acorde con el paisaje de la ciudad, que a la vez dignifique el trabajo. El comercio de la calle es histórico, pero a la vez compatible y funcional con el presente de la ciudad, especialmente se le incluye en la planificación urbana (macro y micro) y en el sistema económico y comercial. Para ello se debe dotar a los comerciantes de servicios de calidad en espacios de socialización y de cultura que además de mejorar la calidad de vida, acrecienten el patrimonio de la ciudad.

Existen experiencias en Quito donde el comercio de la calle en lugar de ser perseguido y retirado del espacio público abierto, más bien fue ordenado e incluso equipado para ocuparlo. Fue durante la administración del alcalde Rodrigo Paz (1988-1992) que incluso se dictó una ordenanza en ese sentido y muchas calles del centro histórico fueron ocupadas por comerciantes que contaban con un mobiliario ligero, desmontable y estéticamente acorde a esa parte de la ciudad. En esos casos no privatizó el espacio público, sino que, al tener equipamientos ligeros y desmontables, en las horas de no actividad comercial eran espacios públicos que podían ser ocupados por la ciudadanía. De ese modo, el comercio de la calle siguió brindando el servicio, formando parte del sistema de comercialización de la ciudad y respetó el derecho al trabajo. Por supuesto que quienes podían realizar esas actividades contaban con el permiso y el apoyo municipal. Fue la una de las pocas veces en que el Municipio fue un aliado de los comerciantes de la calle, quienes, a su vez, se comprometieron a mantener el espacio público abierto limpio, ordenado y libre cuando no laboraban.

Además, se comprometieron a hacer respetar el uso del espacio público y a informar a las autoridades cuando otros comerciantes querían ocuparlo sin permiso. En esos casos el Municipio ofrecía otras opciones. Ello no significó que no existieran problemas y conflictos, puesto que la calle de por sí es un espacio en disputa, pero al menos redujo el nivel de conflictividad. Mientras el Estado y la sociedad no brinden oportunidades de trabajo a la población, los conflictos sociales se producirán la mayoría de las veces en las calles, pues son el único lugar al que pueden acudir los desocupados a generar actividades lícitas que les permitan buscar ingresos para sostener a sus familias.

El derecho a la ciudad desde la perspectiva del trabajo por cuenta propia y el comercio informal, reconoce su derecho al empleo y también su aporte a la ciudad, pero mediante la organización, regulación y control no solo del Gobierno local y de sus fuerzas de seguridad, sino también de la comunidad, entre los que se incluyen los mismos comerciantes de la calle y sus organizaciones para preservar el derecho de todos a la ciudad. La apropiación del espacio colectivo por parte de todos, le da la condición de espacio público y es a partir de él que se debe organizar lo urbano y no a partir del espacio privado y del mercado que en la actualidad es quien define la organización de la urbe, quedando el espacio público como lo residual.

Para ello es indispensable contar con una institucionalidad y unas políticas públicas urbanas y sociales sólidas con las que se puedan procesar los distintos intereses que no siempre son compatibles, privilegiando el interés de la mayoría y principalmente de los más vulnerables. A partir esto será posible ir construyendo armonía, integración y convivencia pacífica, en la que siempre habrá tensiones.

Con respecto al centro histórico de Quito se debe anotar que se trata de un espacio público particular con mucho simbolismo, pues contiene patrimonio tangible e intangible con el que buena parte de la sociedad se identifica por su pasado, pero también por el presente. Históricamente ha sido un sitio de encuentro y de ritualidad, aunque también de conflicto y de confrontación política y social a nivel local y nacional al tratarse de la capital. Quito no es solo de los quiteños, es de los todos los ecuatorianos, ahí están depositados los símbolos del poder político nacional.

El comercio informal desde el inicio fue parte sustancial de ese espacio, contribuyó a la creación del patrimonio tangible e intangible al ocupar espacios públicos que han devenido en lugares de encuentro en los que se transmiten saberes, tradiciones, creencias, conocimientos y comportamientos entre generaciones de manera oral, artística, ceremonial y mediante escritos que se expresan en oficios artesanales, ates, comidas tradicionales, remedios curativos, etc. En la economía informal urbana están presentes, además de la obtención de un rédito económico (ganancia) para los que se dedican a ella, las “viejas” lógicas económicas: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio, sustentadas en estructuras institucionales concretas basadas en vínculos de parentesco, de vecindad o de pertenencia a agrupaciones de carácter religioso o social cuyos miembros practican la reciprocidad.

En definitiva, se trata de construir una política pública que dignifique, revalorice y proteja a la economía urbana informal y especialmente el comercio informal o de la calle. También se precisan políticas integrales que asuman todos los elementos planteados y que a la vez proporcione recursos materiales y financieros para que estas actividades se conviertan en parte de la identidad de la ciudad. Para ello, se requieren ordenanzas, planificación urbana, espacios públicos exclusivos, servicios, mobiliario, infraestructura y presupuesto.

 

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Notas