Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Políticas y
Acción Pública Vol.11 N.° 2, noviembre 2024, pp. 94-117
ISSN 13909193/e-ISSN 26619075
DOI:10.17141/mundosplurales.2.2024.6261
El aluvión de 2022 en una comuna de Quito. Urbanización, vulnerabilidad y políticas interespecies
The flood of 2022 in a commune of Quito. Urbanization, vulnerability and interspecies policies
Angélica Ordóñez Charpentier. Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, EHESS (Francia). Docente-investigadora, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.; angelica.ordonez@uasb.edu.ec
.Recibido: 17/05/2024 - Aceptado: 01/08/2024
Resumen
En el presente artículo se analiza el aluvión ocurrido en enero de 2022 en la comuna Santa Clara de San Millán, ubicada en Quito, Ecuador. El objetivo es reflexionar acerca de las políticas públicas dirigidas a enfrentar los desastres naturales, las cuales deberían reconocer la interacción entre ambiente, animales y humanos. Además de considerar a todo desastre como producto de las condiciones sociales y de las desigualdades estructurales, se debate teóricamente sobre la manera en que se despliegan los desastres, el rol de la desigualdad y la construcción de la vulnerabilidad. De esta manera, se propone imaginar, a partir de un enfoque interespecies, nuevas formas de habitar la ciudad que asuman –desde la justicia ambiental– los riesgos urbanos exacerbados por un contexto de degradación ecológica y de cambio climático a nivel mundial.
Palabras clave: aluvión; ambiente; desastres; desigualdad; interespecies; urbanización; sostenibilidad; vulnerabilidad.
Abstract
This paper aims to analyze the landslide that unfolded in January 2022, at La Comuna de Santa Clara de San Millán (Quito, Ecuador). The main objective is to reflect on public policies directed to cope with disasters that consider the interaction between environment, animals, and humans. This text argues that a disaster is the result of structural inequalities and social conditions. It presents a theoretical debate on how disasters unfold, the role of inequality, and the construction of interspecies vulnerability. It proposes to imagine, from an interspecies perspective, new forms to inhabit the urban place that include environmental justice in a context of global ecological degradation.
Keywords: landslide; environment; disasters; inequality; interspecies; urbanization; sustainability; vulnerability.
Introducción
Las intensas lluvias registradas en el Distrito Metropolitano de Quito a principios de abril de 2024 ocasionaron al mediodía del día 2 de ese mes un aluvión en las quebradas de El Tejado, Rumipamba y La Pulida. Entre las consecuencias hubo una persona fallecida, cuatro heridas, 21 evacuadas y 68 afectadas. Este movimiento de masa se repitió en el mismo sector del devastador aluvión del 31 de enero de 2022, que dejó 29 muertos, 52 heridos, 12 desaparecidos y 160 familias afectadas en la comuna Santa Clara de San Millán. En el año 2024 la cantidad de precipitaciones registradas en Quito superó en casi el doble las de 2022. Sin embargo, la afectación y la respuesta municipal frente a estos dos aluviones fue sustancialmente distinta.[i]
En este artículo, además de considerar que todo desastre tiene como elemento constitutivo condiciones sociales que lo precipitan, se analiza el aluvión de 2022 en la comuna Santa Clara de San Millán para reflexionar acerca de las políticas públicas dirigidas a enfrentar desastres que reconozcan la interacción entre ambiente, animales y humanos. Es decir, se propone pensar nuevas formas de habitar la ciudad desde el enfoque interespecies, con el fin de enfrentar la desigualdad y la vulnerabilidad en un contexto de cambio ambiental.
En el texto se exponen los hallazgos de un estudio realizado entre septiembre de 2022 y abril de 2023 en la que se indagó sobre la relación entre la vulnerabilidad en contextos urbanos, los desastres socionaturales y las relaciones interespecies. Además, se problematizan teorías sobre la desigualdad al momento de enfrentar los desastres y sus consecuencias. La investigación, de carácter cualitativo, hace énfasis en el contexto sociohistórico y en el análisis de las experiencias de sus actores y desde sus puntos de vista. Con el diseño, de carácter exploratorio, se pretendió caracterizar la visión de la vulnerabilidad interespecies.
La elección de la población partió de un mapeo de actores previo para identificar grupos involucrados en el desastre dentro de la comuna. En este proceso, se definieron los aspectos del fenómeno social, y los individuos, grupos y organizaciones que resultaron directamente afectados (incluyendo personas y animales). Todo esto para garantizar su inclusión en la investigación y, eventualmente, en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. Los actores se identificaron considerando grupos que buscaron resolver un problema con base en demandas, en la discusión y en el alcance de un consenso. Los actores clave son los pobladores afectados, las organizaciones civiles y las autoridades locales. Para seleccionar a las personas entrevistadas de cada grupo de actores se hizo un muestreo intencional de casos políticamente relevantes, es decir, se escogió a personas que intervienen directamente en la acción y que pueden aportar riqueza testimonial (Izcara 2014).
Las técnicas de recopilación de información que se emplearon fueron las entrevistas abiertas, la observación y el análisis documental. Los testimonios que se exponen en el texto pertenecen a las entrevistas a dos autoridades municipales, a dos moradoras de la comuna y a tres rescatistas de animales. Durante el proceso de investigación se solicitó un consentimiento informado, se mantuvo la privacidad y la confidencialidad y se evitó revictimizar a las personas afectadas para minimizar los riesgos de quienes aceptaron participar en el estudio. El acceso a la información oficial fue parcial porque cuando tuvo lugar el desastre las páginas web municipales se encontraban desactualizadas o presentaban enlaces que no funcionaban. Más aún, hasta el fin de la investigación (abril 2023) hubo escasa información municipal de acceso público y esta fue una limitante en el hallazgo de datos básicos.
Para el análisis se realizó una codificación y categorización. Se identificaron líneas temáticas centrales en las entrevistas basadas en las nociones conceptuales usadas en la investigación. Así, se indaga en la construcción social de los desastres, para lo que se recurrió a conceptos como calibración; facilitación y marginación, los cuales ayudan a entender el manejo intencionado de los efectos de los desastres, basados en la injusticia ambiental y en la desigualdad social. Como elementos para la reflexión, se proponen la construcción de una sostenibilidad interespecies y la perspectiva “una salud”, además de asumir en la elaboración de políticas públicas que la vulnerabilidad de personas, animales y ecosistemas se interconectan y que no se pueden entender por separado.
Urbanización y ambiente
Los deslizamientos de tierra debido a las lluvias causan miles de muertes anualmente. La mayoría de estos eventos ocurren en Asia, Sudamérica y Centroamérica. Además de muertes de personas y animales, estos fenómenos producen daños en las infraestructuras y en la subsistencia de las comunidades afectadas (Dixon, Smith y Pietz 2022). El cambio climático, junto con la urbanización no planificada y la falta de acceso a la vivienda adecuada, incrementan la prevalencia de los deslizamientos de tierra y sus consecuencias (Fidan et al. 2024).
En la actualidad los eventos climáticos son más severos y ocurren con mayor frecuencia. Además del calentamiento global y del cambio climático, experimentamos la extinción masiva de especies, la contaminación atmosférica, del suelo y del agua, la oxidación de los océanos, la pérdida de hábitats y de biodiversidad y la sobrepesca, entre otros fenómenos que atentan contra la vida de todos los seres del planeta.
El cambio ambiental global es un problema sociopolítico relacionado con la economía capitalista, cuyas industrias, como uno de sus múltiples efectos, emiten gases de efecto invernadero (GEI) y provocan toda una serie de consecuencias negativas para el entorno, para los ciclos biogeoquímicos y para los seres vivos. El modo de producción capitalista agudiza problemas estructurales entre los que sobresalen la pobreza y la inequidad en todas las escalas, los que a su vez agravan conflictos los socioambientales (Castree 2022). Existe una diferencia en los patrones de emisión de GEI entre poblaciones y regiones y por ello en las responsabilidades ambientales. Es decir, los cambios biogeológicos y la producción económica se vinculan a la esfera de lo político de forma desigual.
En esta época del capitaloceno,[ii] en la que el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza, se regulan las relaciones entre trabajo, reproducción y condiciones de vida en función de la acumulación de capital (Moore 2017). El concepto de naturaleza que gobierna el capitalismo la define como externa, susceptible de ser fragmentada, racionalizada y cuantificada al servicio del crecimiento económico. En el siglo XXI la naturaleza se ha convertido en una estrategia de acumulación capitalista de manera más contundente (Smith 2007, 773), pues continúa siendo absorbida en el capital y circula a través de los circuitos económicos. Lo inverso también ocurre: el capital circula a través de la naturaleza (Moore 2017, 774).
En un contexto de eventos climáticos severos, frecuentes e impredecibles, se desencadena un mayor número de desastres de creciente letalidad. En el caso de los aluviones, su ocurrencia se concentra alrededor de áreas montañosas en regiones tropicales. El número promedio de fatalidades por estos fenómenos es mayor cuando un aluvión se produce de forma natural[iii] que cuando es de origen antropogénico (Fidan et al. 2024).
Los procesos de urbanización tienen su origen en un desarrollo desigual que se asocia a los patrones disímiles de crecimiento metropolitano que reproducen fenómenos entre los que se encuentran la segregación por raza y clase, la desinversión pública, la expansión de la mancha urbana, la competencia interurbana por financiamiento y las inequidades dentro de las ciudades. El desarrollo desigual es destructivo porque amenaza los sistemas sociales y ambientales básicos que se necesitan para la reproducción de la vida. Uno de los efectos más contundentes de los ciclos históricos del desarrollo desigual es la disminución de protecciones contra desastres de todo tipo y el consiguiente incremento del riesgo. Esto implica que se traslada el manejo del riesgo desde los Gobiernos hacia los ciudadanos, es decir, se privatiza.
Los procesos de urbanización están marcados por las crisis. En ellos se configuran espacios de lucha de intereses opuestos, los cuales pugnan por interpretar, regular e intervenir el espacio (Gotham y Greenberg 2014, 9). Las crisis son producto de vulnerabilidades con origen en el capitalismo neoliberal, concatenadas con desequilibrios y eventos contingentes. Bajo el neoliberalismo las políticas urbanas ignoran una serie de principios por ser considerados ajenos al mercado –democracia, igualdad, justicia social y protección ambiental– (Gotham y Greenberg 2014, 13).
Los riesgos y los peligros ambientales afectan de forma distinta a las clases sociales. Unos grupos pueden ubicarse en lugares con pendientes inestables, pero cuentan con la infraestructura necesaria para prevenir un desastre, mientras que otro grupo ubicado en el mismo espacio verá los peligros transformarse en desastres debido a su situación de vulnerabilidad social. En este contexto, los grupos racializados y empobrecidos están más expuestos a los efectos de los riesgos socioambientales. Es decir, las cargas y los beneficios ambientales no se distribuyen de manera justa y equitativa.
La injusticia ambiental estudia la vinculación del medio natural con los ejes de desigualdad, entre los que se encuentran la etnia, el género, la clase social o la especie. Una mayor exposición al riesgo es el resultado de las relaciones de poder existentes en la sociedad (Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos 2015). Las políticas públicas locales o nacionales pueden afianzar las desigualdades existentes generadas por procesos sociales.
La distribución de bienes y de males ambientales, además de afectar a la población humana, también incide en todos los seres vivos que habitan la biosfera. Los animales son más susceptibles a los riesgos y se ven más afectados por los desastres (De Paula y Anthony 2021). Los efectos del cambio climático y de la degradación ambiental han incrementado la vulnerabilidad de todos los animales a las sequías, a la escasez de comida y a la carencia de refugio. Por otro lado, la urbanización extendida también se relaciona con la pérdida de hábitats de animales silvestres y con la propagación de incendios generados en la urbe. En el capitaloceno la vulnerabilidad de los animales no humanos ha crecido exponencialmente (De Paula y Anthony 2021, 229). La mayor cantidad de fenómenos climáticos y sus impactos sobre humanos, animales y el ambiente evidencian la necesidad de considerar en conjunto a estos tres elementos en el manejo de un desastre.
Discusión teórica
Los desastres se despliegan en el espacio y en el tiempo, empujados por presiones económicas, sociales y políticas que operan a nivel local, regional o global. Un desastre ocurre cuando un número significativo de personas vulnerables experimentan un peligro y sufren daños severos o disrupción de su subsistencia (Wisner et al. 2004). Desde el enfoque de la ecología política, los desastres están caracterizados por el riesgo, la exposición de las personas ante un peligro y por la vulnerabilidad que surge frente al propio riesgo, el cual se agudiza debido a un contexto socioeconómico, histórico y de factores que se expresan en la vida cotidiana (Oulahen et al. 2019). El riesgo equivale a la vulnerabilidad multiplicada por la amenaza. Así, analizarlo implica estudiar los procesos sociales que generan condiciones para que un evento climático, por ejemplo, se convierta en un desastre (Campos-Vargas, Toscana-Aparicio y Campos 2015).
En la actualidad, la acumulación desastrosa del capital (Smith 2007) tiene de trasfondo el auge de la ideología neoliberal. Esta ideología, que se ha implementado en distintas escalas y con diferente intensidad desde las últimas décadas del siglo XX, manifiesta escepticismo frente a la planificación gubernamental a largo plazo y a la elaboración de políticas para eliminar las desigualdades sociales. Además, se reemplaza la idea de bien público por la de responsabilidad individual y el compromiso en todos los niveles de Gobierno se dirige a ayudar al crecimiento y a la prosperidad del sector privado en detrimento de la obra pública. En este contexto, la vulnerabilidad aumenta.
Para entender la forma en la que opera la injusticia ambiental y espacial, Timothy Collins sugiere la existencia de una dialéctica entre facilitación y marginación. La marginalización de un grupo poblacional alude a que las desigualdades sociales limitan sus opciones de subsistencia, llevando a la degradación de paisajes y a la ocupación de espacios donde existen más peligros y disminuyendo sus habilidades para lidiar con el cambio ambiental (Collins 2010, 259). Frente a la marginalización de una población existe la facilitación de otra, donde facilitar connota procesos mediados institucionalmente que permiten a grupos geográficamente poderosos minimizar las externalidades negativas y apropiarse de externalidades ambientales positivas en lugares particulares (Collins 2010, 265). Sin embargo, las externalidades negativas y positivas de un lugar concreto no siempre son fácilmente separables.
Existen mecanismos institucionales que permiten a las elites externalizar sus riesgos y apropiarse de las recompensas a expensas de intereses sociales más amplios y de la integridad de los ecosistemas. Estos mecanismos permiten que las geometrías socioambientales de poder redistribuyan, exporten y concentren riesgos entre individuos, grupos, lugares y ecosistemas en distintas escalas. En efecto, el mercado y el Estado tienen responsabilidad en la producción de geografías desiguales y en la transferencia de riesgos a poblaciones concretas (Collins 2010, 283).
Los desastres no son eventos puntuales, sino que se despliegan a lo largo del tiempo. Existen desastres ambientales lentos, crónicos y espacialmente difusos e imperceptibles que demandan mejorar la infraestructura para enfrentarlos (Chahim 2022). Sin embargo, en América Latina se recurre a dosificar los desastres en lugar de resolver los problemas estructurales que los causan. Es decir, se produce una calibración que se transforma de manera dinámica, estratégica y material de los problemas ambientales de acuerdo con el nivel de tolerancia de las personas que sufren el desastre. Estos umbrales de tolerancia no son fijos, sino que cambian según el poder político y la cohesión de la población, su memoria colectiva y su percepción (Chahim 2022, 23). La calibración de los desastres demuestra que estos no se previenen, sino que se redistribuyen en función de las relaciones de poder que rigen a las poblaciones.
Con la idea de la calibración se plantea que los arreglos de tecnología y del ambiente se diseñan para obtener efectos políticos. Además, controla las materialidades de los procesos y los flujos ambientales de forma transitoria y no ofrece soluciones de forma permanente ni a largo plazo. La calibración se usa mientras el desastre se desarrolla en el contexto de las capacidades de infraestructuras desbordadas. En ese sentido, expresa una forma de gobernar más allá de las capacidades existentes, de manejar poblaciones o de mantener el control en un desastre que el Gobierno local no tiene (o nunca tuvo) la capacidad de prevenir (Chahim 2022, 23). En esta calibración las poblaciones más afectadas son las más vulnerables, o sea, aquellas en las que se acumula la distribución desigual de los peligros (Faas 2016).
Estudiar la vulnerabilidad social ayuda a comprender que el desastre es más que un evento porque relaciona a las personas, su ambiente, las fuerzas sociales, a las instituciones y los valores culturales que los sostienen o desafían (Oliver-Smith 2004). La vulnerabilidad social revela las tensiones fundamentales que existen en nuestras relaciones socioambientales, pues evidencia la causa de los desastres y el tipo de relación sociedad-entorno. O sea, el tipo de elecciones que hacemos acerca del mundo en el que vivimos y la manera en la que nos relacionamos con otros (Oliver-Smith 2013). Añadimos a este argumento que el término “otros” incluye a todos los seres vivos con quienes cohabitamos el espacio.
En ese sentido, afirmamos que la vulnerabilidad de los animales, de los humanos y de los ecosistemas está interconecta y es interdependiente (Stoddard y Hovorka 2019). En consecuencia, la vulnerabilidad sería el grado en el que un sistema animal-humano-ambiental experimenta un daño debido a la exposición a un peligro, sea por una perturbación o por estrés. Se sugiere un enfoque triple animal-humano-ambiente que sirva de herramienta para analizar el contexto y las condiciones en que los animales viven diariamente, para evaluar la forma en que estas condiciones aumentan su vulnerabilidad a los peligros y con el fin de medir las consecuencias directas de la vulnerabilidad animal y su capacidad adaptativa interdependientes con humanos y con ecosistemas. Además, se propone que los animales sean considerados agentes, es decir, seres capaces de influir en una situación, con un rol importante en las vidas humanas y en su subsistencia y que todos los seres vivos sean respetados bajo una misma consideración ética (Stoddard y Hovorka 2019,154).
De ahí que el dilema entre salvar vidas humanas o no humanas en el manejo del desastre muestra la creencia de que las personas están primero y separadas de las consideraciones animales. En consecuencia, en la mayoría de desastres todo lo que implica rescate animal ha tenido una importancia secundaria (De Paula y Anthony 2021, 230). Sin embargo, la seguridad humana y la de los animales se retroalimentan durante un desastre porque existe un lazo humano-animal ineludible fraguado por la evolución (Thompson et al. 2015).
Un enfoque innovador para orientar el rescate en situaciones de desastre es el de “una salud”, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que busca generar un equilibrio sostenible entre la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Este enfoque reconoce que “la salud de las personas, animales domésticos y salvajes, las plantas y ecosistemas están estrechamente relacionados y son interdependientes” (FAO 2024, párr. 1) y debe acompañarse de una ética del cuidado (Anthony y De Paula 2022).
La ética del cuidado se refiere al sentimiento moral más básico y a la fuente de nuestro sentido de responsabilidad respecto a los otros. Esta ética incorpora un acompañamiento atento y un compromiso por y con los otros, al tiempo que promueve el desarrollo de virtudes morales: confianza, fortaleza comunitaria o fiabilidad en la gestión de lo animal (Anthony y De Paula 2022, 181). La ética del cuidado permite el surgimiento de una solidaridad relacional que sería la comprensión de nuestro lugar social respecto a los otros de manera formal, interpersonal o comunal y las formas en las que los humanos son influidos por relaciones pasadas o presentes por estructuras de riesgos, vulnerabilidad o marginalización. La solidaridad relacional involucra la atención de las necesidades de los más vulnerables y sistemáticamente desaventajados (Anthony y De Paula 2022, 183).
Sumando el enfoque de “una salud” y la ética del cuidado, se proponen seis principios para la inclusión de los animales en el tratamiento de un desastre. El primero es salvar vidas y mitigar daños, el segundo proteger y respetar a los animales considerando estándares veterinarios, el tercero identificar a personas y animales con mayor vulnerabilidad en un lugar determinado, el cuarto permitir y potenciar el trabajo de cuidadores, rescatistas y comunidad a través de la educación y del intercambio, el quinto sería procurar una justicia distributiva y de reconocimiento para visibilizar a los animales y el sexto priorizar el profesionalismo veterinario y de salud pública (De Paula y Anthony 2021, 247).
Por último, el enfoque interespecies es una forma de entender el mundo en tanto interacción entre especies tomando en cuenta las perspectivas de múltiples poblaciones (Locke 2017). Un enfoque interespecies establece que los animales son parte de un ensamblaje que constituye lo multinatural. También se asume que todos los seres vivos emergen, habitan y existen en comunidades interespecies, porque la vida no se sostiene en aislamiento (Van Dooren, Kirksey y Münster 2016). Los espacios son interespecies porque en ellos se interconectan humanos y otros organismos (Oliver 2021). Desde este punto de vista hay una crítica inherente a la idea del excepcionalismo humano que lo situaría en una escala superior al resto de animales.
Para resumir, una investigación basada en una ética interespecies va a resaltar la interacción humana con el resto de los animales, ecosistemas y seres vivos. Desde esta ética se asume que los seres vivos realizamos alianzas y lazos, aunque la visión antropocéntrica no lo reconozca (Van Dooren, Kirksey y Münster 2016, 4). Transitar hacia este tipo de investigaciones reconoce la agencia y la subjetividad que expresan los animales no humanos y se convierte en un elemento clave de la generación de políticas públicas urbanas para la prevención de desastres.
Quito y sus quebradas
En el Distrito Metropolitano de Quito se registra un aumento de la temperatura en 1,1 °C y un incremento del 13 % en el promedio anual de precipitaciones entre 1960 y 2010. Además, se han intensificado los eventos climáticos extremos: entre 2005 y 2018 se registraron 1576 episodios de este tipo. Esto pone en situación de riesgo a la población de la ciudad y también la infraestructura y la provisión de servicios públicos. En la actualidad, el rango extremo de precipitaciones en Quito está entre los 60 y 70 mililitros por hora. Las proyecciones estiman que se podrían superar los 100 mililitros diarios si las tendencias actuales de cambio climático se mantienen o se agravan (Pabón y Zambrano 2022, 239).
Históricamente, las fuentes de agua de Quito provenían de la cadena montañosa del Pichincha. Para la ciudad, tres quebradas eran los principales canales de distribución: Ullaguangahuayco (quebrada de Jerusalén), Pilishuayco (quebrada de El Placer) y Huanacauri (quebrada de El Tejar). Desde el periodo colonial las lagunas y ciénagas fueron desecadas y solo algunas se mantuvieron para uso doméstico y de agricultura (Luzuriaga 2013, 31-34). Las quebradas marcan la intrincada topografía de la ciudad: son arroyos de montaña con fuerte pendiente que pueden llegar a tener crecidas violentas durante las precipitaciones más intensas, pero solo las importantes tienen un escurrimiento permanente. Frente a esta realidad geográfica, rellenar las quebradas fue una de las “soluciones” para lidiar con la escorrentía (Luzuriaga 2013, 43).
Así, en el transcurso del siglo XIX se impulsó desde el municipio políticas que alentaban el relleno de las quebradas. En el siglo XX se rellenaron las quebradas “arterias de la ciudad”. La ciudad se transformó, pues el relleno de quebradas y la desecación de lagunas permitió la expansión de la urbe hacia terrenos antes no habitados. Las quebradas sirvieron de alcantarillas naturales por donde el agua drenaba y desde principios del siglo XX las tres grandes quebradas que atraviesan Quito han sido el destino de las aguas servidas de la ciudad (Luzuriaga 2013, 44).
Uno de los mayores problemas del sitio urbano se relaciona con el reemplazo del sistema natural de drenaje de las quebradas por una red de alcantarillado que no tiene el tamaño adecuado para evacuar el agua que baja torrencialmente cuando la lluvia es intensa (Luzuriaga 2013, 46). Es que, además de regular la escorrentía, las quebradas son sitios que cumplen con funciones ecológicas y socioambientales: recargar acuíferos y ríos o la estabilización de taludes. Estas son hábitat y corredores ecológicos, fuentes de plantas silvestres y también lugares espirituales (Cuvi 2022).
Los límites físicos de la ciudad de Quito han frenado (parcialmente) su expansión longitudinal hacia las laderas del volcán Pichincha en la parte occidental, sin embargo, siguen produciéndose asentamientos en barrios no regularizados. Estos suelen carecer de servicios básicos y de una construcción adecuada de viviendas, están localizados en los márgenes, incluso a más de 3000 metros de altura. Estos lugares, entre ellos los asentamientos en las laderas del Pichincha, son zonas de riesgo por su excesiva pendiente o por ser espacios inundables (Gómez y Cuvi 2016, 110). En tiempos de precipitaciones extremas la cantidad de agua lluvia sobrecarga y tapona el sistema de alcantarillado, satura los suelos por la escorrentía que se produce en la superficie y en lugares de pendiente pronunciada se producen movimientos de masa con flujos de lodo y agua (Gómez y Cuvi 2016, 111).
Reconociendo la importancia de las quebradas y de los taludes en la prevención de desastres y en la reproducción de la fauna y la flora, en las ordenanzas municipales 171 y 172 se establece que las quebradas vivas constituyen áreas de intervención especial y de recuperación, en el marco del Sistema de Áreas Protegidas y Corredores Ecológicos. Adicionalmente, en la Resolución C-350 se declara patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico al sistema de quebradas de Quito. Así, se establece que la secretaría encargada del ambiente, en coordinación con secretarías a cargo de la seguridad y la gobernabilidad, del ordenamiento territorial y de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS), promoverán actividades de manejo, conservación, uso, recuperación y restauración de las quebradas (Concejo Metropolitano de Quito 2012).
En este punto, es pertinente preguntarse si la información existente sobre la importancia de las quebradas, el mayor riesgo frente al aumento de precipitaciones, las ordenanzas municipales de protección, el mantenimiento de quebradas y la vulnerabilidad existente de los asentamientos en las laderas del Pichincha fue usada para prevenir el aluvión de 2022. Dicho de otro modo, ¿de qué forma se producen los aluviones y qué maneras hay de prevenirlos?
La definición de aluvión más usada proviene de David Cruden (1991, 27), quien establece que se trata del “movimiento de masa de rocas, tierra o escombros que descienden bajo una pendiente”. Mientras que todos los deslizamientos de tierra tienen múltiples causas, el movimiento ocurre cuando la fuerza de gravedad empuja en dirección descendente. Los deslizamientos pueden ser causados por lluvia, terremotos, erupciones volcánicas y otros factores que hacen que la gradiente de una cuesta sea inestable. Está ampliamente comprobado que una cantidad copiosa de precipitaciones incrementa la vulnerabilidad ante la amenaza de un aluvión. Con herramientas de mayor afinación tecnológica se puede determinar el umbral de lluvia en términos de duración e intensidad[iv] que podría iniciar un proceso de inestabilidad en una pendiente (Salciarini y Tamagnini 2015).
Además, una zona que ha sufrido un deslizamiento es más susceptible de sufrir otro en el futuro, por eso un registro histórico puede ayudar en su predicción (Murillo-García y Alcántara-Ayala 2015). Si a este hecho histórico de ocurrencia previa se le añade un análisis de las condiciones topográficas, geológicas y morfológicas del terreno, la predicción de los deslizamientos se hace más efectiva (Murillo-García y Alcántara-Ayala 2015, 182). Es importante que para prevenir los deslizamientos se usen una serie de medidas que combinan la tecnología, los registros históricos y la participación comunitaria.[v]
En síntesis, todo asentamiento bajo las laderas del Pichincha es vulnerable frente al riesgo de movimientos de masa. La historia de la ciudad muestra una política municipal de relleno de las quebradas, sumada a la deforestación de zonas altas de la montaña (con fines de construcción) que interactúa con fenómenos de altas precipitaciones para producir continuos movimientos de tierra. Para comprender la manera en que se articula la teoría sobre deslaves y la presencia de quebradas en Quito, a continuación, se presenta el contexto de la comuna Santa Clara de San Millán, afectada por un aluvión en 2022.
El aluvión en la comuna Santa Clara de San Millán en 2022
La Ley de Organización y Régimen de Comunas de 1937 (modificada en 1973, 1975 y 2004) en el primer artículo establece que una comuna es “todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad (…) con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad” (Jácome 2019, 111). Con esta ley se reconoce la propiedad colectiva de los recursos y su usufructo. El reconocimiento de las comunas respondía a la visión de inferioridad que existía respecto a los pueblos indígenas. La visión gubernamental establecía que estos grupos necesitaban evolucionar para ejercer la ciudadanía y se les adjudicaron espacios exclusivos en los que se pudiera ejercer control sobre ellos. En ese contexto, con el paso del tiempo las comunas se convirtieron en una anomalía rural en la ciudad, una vez que fueron absorbidas por la mancha urbana.
Santa Clara de San Millán, ubicada en las laderas del Pichincha, fue reconocida legalmente por el presidente Eloy Alfaro el 26 de julio de 1911 (Argüello 2015) y en 1942 se ratificó su condición de comuna (Jácome 2019). En 1976 el Municipio de Quito construyó la avenida Mariscal Sucre, más conocida como Avenida Occidental, la cual dividió a la comuna en la parte baja (más urbanizada) y la parte alta, con prácticas agrícolas y menores servicios básicos (Jácome 2019, 118).
La comuna se encuentra entre los barrios La Gasca y Las Casas, pero se presume que sus límites eran más amplios y que podrían haber abarcado los alrededores de la Iglesia de Santa Clara (en la calle Marchena y la Avenida 10 de agosto) y en la parte occidental de las faldas del Pichincha en dirección a Mindo (Argüello 2015). Esta comunidad ha experimentado, a lo largo de más de un siglo, desplazamientos territoriales (Argüello 2015, 8). Su marco legal de comuna “reconoce a este territorio como asentamiento indígena con derecho a la administración autónoma de su territorio” (Argüello 2015, 9). De esta forma la esta comuna reivindica su identidad y su derecho a existir con sus prácticas y su historia dentro de la ciudad (Argüello 2015, 98).
La idea de lo urbano para impulsar la modernidad y dejar atrás la comuna (otrora rural), fue uno de los argumentos para impulsar en la década de 1970 la disolución de estas formas de organización territorial. En 1986, luego de años de lucha y de resistencia, se logró el acuerdo ministerial que buscaba la disolución de la comuna Santa Clara de San Millán. En esa acción se estableció que ninguna comuna se podía poner a la venta para impulsar la propiedad individual (Jácome 2019, 131).
A pesar de los intentos de eliminar las comunas, en la actualidad esta forma de organización social y territorial se encuentra en zonas rurales, urbanas y periurbanas debido a la expansión de las ciudades (Cuvi 2022). En 2013 existían 73 comunas en el Distrito Metropolitano de Quito, 21 eran ancestrales y 52 fueron conformadas a partir de la ley de 1937. De las comunidades ancestrales, 3 se encuentran en el área urbana y 19 en sectores periurbanos. Debido a la demanda creciente de proyectos de construcción de viviendas se está intentando desaparecer aquellas que se ubican en zonas periurbanas (Cuvi 2022, 94).
En el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) se reconoce y se garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas derechos colectivos entre los que se encuentran conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, las cuales serán inalienables, inembargables e indivisibles. Además, estas tierras están exentas del pago de tasas e impuestos.
Cronología del desastre
El aluvión de 2022 no es el único ocurrido en ese sector. El 25 de febrero de 1975 se produjo un fenómeno de este tipo desde la quebrada de Pambachupa que afectó la avenida La Gasca hasta La Mariscal y dejó dos fallecidos y cinco heridos. Además de las razones geológicas y climatológicas, la explicación cronológica y causal del aluvión de 2022 se conecta con el ordenamiento territorial del Distrito Metropolitano de Quito y con elementos ambientales y políticos.
Dos concejales en funciones en el momento del aluvión denunciaron la falta de mantenimiento de las quebradas por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) y de la EPMAPS. Además, días antes del aluvión se realizaron movimientos de tierra y cortes de árboles relativos a la construcción del proyecto Urkupamba. El día del aluvión no hubo presencia de bomberos, ni del Gobierno local o nacional. Once concejales impidieron la fiscalización de la gestión (u omisión) del alcalde. En síntesis, se reclamó que no se pudo investigar en profundidad las causas del aluvión. Los denunciantes aseguraron que la inestabilidad política en la que estaba sumida la alcaldía en ese entonces dificultó las acciones preventivas y paliativas oportunas.
Así, a pesar de la existencia de una normativa relativa a la protección del sistema de quebradas de Quito, no se llevaron a cabo acciones de prevención ni de mantenimiento de estas, ya fuera por descoordinación institucional o debido a pugnas políticas que se estaban suscitando en el municipio meses antes del desastre. Estas luchas de poder político que parecen inocuas no solo llevan a la inacción y a la omisión municipal, sino que desencadenó de un desastre que pudo evitarse.
En un desastre los escenarios de evacuación son complejos. A las pérdidas humanas hay que añadir las muertes de animales, sobre todo de compañía, que fueron arrastrados por la corriente de agua y fango del aluvión. En el caso de los animales de compañía, existen afectos hacia ellos, pues se les considera parte de la familia. Este apego se hace más evidente en un desastre, con reportes de sufrimiento prolongado por parte de los humanos cuando pierden sus animales. Los estudios también revelan que no existe preparación, planificación o discusión familiar sobre la necesidad de considerar a los animales en una emergencia. Sin embargo, al momento de realizar la evacuación hay familias que asumen riesgos personales y que se niegan a dejar sus viviendas (o regresan al sitio del desastre) porque no quieren abandonar a sus animales (Taylor et al. 2015).
Por ello, los refugios habilitados para personas afectadas por el desastre deben contemplar la inclusión de animales de compañía en las instalaciones. Además, en el momento posdesastre se debe facilitar el tratamiento de animales heridos y su adopción en otras familias (Hesterberg, Huertas y Appleby 2012). En América Latina no existen registros claros sobre la cantidad de hogares interespecies y en situación de vulnerabilidad frente a un desastre. Algunos estudios han determinado que las personas con menores recursos económicos son más proclives a abandonar a los animales si su seguridad personal se ve afectada. A nivel público es necesario levantar esta información y la evidencia debe ser considerada por los equipos de rescate.
En la ciudad de Quito la Ordenanza Metropolitana 19 señala en su artículo 16 la existencia de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), la cual diseña e implementa protocolos de actuación en rescate y asistencia de animales en casos de catástrofes y de emergencias, en coordinación con los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), los ministerios competentes y las organizaciones veterinarias (Concejo Metropolitano de Quito 2020). En los artículos 36, 37 y 38 se detallan las acciones coordinadas, el plan de implementación a ser emitido por la Secretaría Metropolitana de Salud y la capacitación de voluntarios especializados por parte de veterinarios profesionales (o en formación) y personas de la sociedad civil con experiencia en la gestión de riesgos (Concejo Metropolitano de Quito 2020).
De acuerdo con las entrevistas realizadas, luego del aluvión de 2022 directivos de la UBA y de organizaciones civiles en favor de los animales afirman que no hubo una coordinación competente y sinergia en las acciones para salvar más vidas. Según el veterinario encargado y la directora de la UBA, luego de ocurrido el desastre se contactó a la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies (AMVEPE) para trasladar a diferentes clínicas a los animales heridos. Los albergues permitieron la presencia de animales de compañía junto con sus familias, se entregó alimento para animales de compañía y se acogió a animales que carecían de tutores para cuidarlos y ponerlos en adopción. Dos meses más tarde la UBA realizó una campaña de esterilización a 375 perros y gatos de la comuna. La UBA asegura que actuó en coordinación con los Bomberos y con la Secretaría de Seguridad y cuestionó la intromisión de grupos rescatistas que, por carecer de experiencia, entorpecieron este trabajo.
Por su parte, tres entrevistados de organizaciones rescatistas afirmaron que la UBA no realizó el trabajo que debía, pero sí se llevó el crédito de las acciones de rescate. Estas organizaciones señalan que las campañas de esterilización del municipio no son suficientes para la cantidad de animales abandonados que existen y que tampoco llegan a los lugares que más lo necesitan. Dos rescatistas señalan un elemento clave: en Quito la urbanización cada vez se acerca más a los sectores rurales (y muchas veces a territorios protegidos), por lo que en estos espacios confluyen a la par las problemáticas urbanas y rurales.
En el aluvión de 2022 las organizaciones rescatistas actuaron con fondos provenientes de donaciones y acudieron a estudiantes de veterinaria de la Universidad Central del Ecuador para atender a los animales heridos. Señalaron que la comuna es un área con gran cantidad de perros comunitarios y abandonados. En el momento del desastre el aluvión desplazó a perros cientos de metros, por lo cual la búsqueda de animales heridos y de sus tutores fue compleja.
Pese a todos los animales fallecidos y accidentados,[vi] los voluntarios señalan que este desastre fue menos devastador que el terremoto de 2016 con epicentro en Manabí, donde dos de estas organizaciones también actuaron. Unos días después del aluvión de 2022, ocurrió otro en La Maná (Cotopaxi) y semanas después se produjo uno en Alausí con catastróficas consecuencias. Los rescatistas señalan que la atención y los recursos se mantienen en la capital del país y que hay menos atención y dinero cuando los desastres se producen en otras provincias.
Discusión: nuevas formas de habitar
Para analizar lo ocurrido en el aluvión de 2022 en la comuna Santa Clara de Millán se recurre al concepto de calibración, planteado por Dean Chahim (2022), y que es la forma de administrar y dosificar los desastres hacia distintos grupos, de acuerdo con el capital político de la población afectada. Así, el desastre provocado por el movimiento de masa venía calibrándose de forma deliberada por la ausencia de mantenimiento y por la omisión en los trabajos de prevención. En situaciones de injusticia ambiental, los funcionarios evalúan el nivel de protesta o de cobertura mediática que puede tener una decisión u otra. Los barrios más empobrecidos tienen menor capacidad de negociación política y van a ser los receptores de mayores cargas ambientales. En suma, la calibración no previene los daños, sino que los guía, dosifica los impactos y difumina los efectos en el espacio y en el tiempo para mantenerlos imperceptibles. Para evitar las protestas, la calibración establece que los problemas ambientales son crónicos, diluyendo el descontento que podría generar un desastre colosal (Chahim 2022, 31).
El concepto de calibración evoca otras elaboraciones teóricas, entre ellas la marginación y la facilitación, desarrolladas por Timothy Collins. Estos postulados teóricos sintetizan la idea de la distribución desigual de riesgos, de beneficios y de cargas ambientales sustentada en decisiones políticas afianzadas en dogmas neoliberales o en la discriminación y la explotación estructural de una población. Además, la capacidad de organización, de protesta y de negociación que tiene el grupo que sufre los efectos de un desastre se debilita y se anula en contextos de segregación urbana.
Existen poblaciones más vulnerables frente a las amenazas, entre ellas la animal. Un texto fundamental en la propuesta de una ciudad inclusiva con los animales es “Zoöpolis”, de Jennifer Wolch, quien imagina un futuro urbano ecosocialista, feminista, antirracista y antiespecista.[vii] En este nuevo espacio urbano el derecho a la ciudad es interespecies, no atañe únicamente a los humanos. Las prácticas, políticas y la ética de cuidado hacia los animales y hacia el entorno necesitan “renaturalizar” las ciudades e invitar el de los animales regreso a estas. Este proceso es uno de reencantamiento de la ciudad, es la creación de una Zoöpolis (Wolch 1996, 30).
Para desarrollar esta agenda de políticas públicas interespecies es necesario analizar los impactos de la urbanización de la ciudad capitalista en los animales, la manera en que los residentes se comportan con los animales, las adaptaciones ecológicas de los animales a las condiciones urbanas y las políticas y prácticas que se generan alrededor de los animales urbanos. El objetivo de este análisis es comprender las consecuencias para los animales de la urbanización capitalista en una economía globalizada (Wolch 1996, 31).
La distribución desigual de los riesgos, la vulnerabilidad diferenciada y la calibración gubernamental de los desastres requieren la práctica de una sostenibilidad interespecies que alcance las diversas necesidades, cambiantes, interdependientes e inseparables de todas las especies del presente mientras se mejora la habilidad de las futuras generaciones de todas las especies para alcanzar sus propias necesidades. La sostenibilidad interespecies se basa en asumir que las necesidades de una especie no se pueden alcanzar de forma independiente porque la vida y el bienestar dependen de una serie de relaciones complejas modeladas por la agencia y por el potencial transformativo de todos los involucrados –aunque la agencia y el potencial se manifieste de formas distintas– (Rupprecht et al. 2020).
La transición hacia nuevas formas de habitar implica la ruptura de paradigmas angulares en la sociedad. Señala la necesidad de reflexionar sobre el modelo neoliberal y las consecuencias en los procesos urbanos y de desastres. Además, implica pensar que la ciudad sostenible no puede existir sin remediar las desigualdades: sean económica, de acceso a la vivienda adecuada o de inclusión social y cultural interespecies. La vulnerabilidad ante los desastres no desaparece únicamente por una adecuación de la infraestructura, sino mediante la inversión pública que afiance el acceso universal a todos los bienes sociales.
Por último, existen diversas poblaciones excluidas que han experimentado históricamente discriminación, explotación y exclusión. Entre ellas, las animales, que aún carecen de reconocimiento como agentes indispensables en la vida de la ciudad. Las políticas públicas dirigidas a nuevas formas de habitar tendrán que enfrentar las barreras del especismo para alcanzar ciudades inclusivas, sostenibles y menos desiguales.
En el presente artículo se constató que en 2022 la comuna no recibió la atención municipal para prevenir el desastre. Además, se trata de un territorio relativamente desatendido en cuanto a sus necesidades básicas pues hay numerosas viviendas no adecuadas con personas y animales viviendo en situaciones de precariedad. En efecto, el empobrecimiento económico les ha obligado a construir y a reconstruir de modos inseguros.
Las laderas del Pichincha siguen siendo un espacio de interés comercial, como lo demuestra la pugna por aprobar la construcción del Cenizario de Urkupamba en un sector de riesgo donde toda edificación es vulnerable. Si a esto se suma la degradación ambiental y la práctica de relleno de quebradas (y su falta de mantenimiento), la población queda altamente expuesta a peligros causados por procesos de cambios ambientales globales. Todos estos elementos expresan la estratificación socioespacial que caracteriza a Quito y que se revela en su desigualdad e injusticia ambiental en el momento del despliegue de un desastre.
Si bien la afectación de este desastre tuvo consecuencias en áreas que van más allá de la comuna, esta investigación se enfocó en estudiar los efectos del aluvión en un espacio que ha sido disputado políticamente y donde habitan personas de origen rural e indígena, históricamente excluidas. En las entrevistas a las pobladoras de la comuna se evidenció la idea de que es un sector menos atendido porque la ley exime de impuestos a quienes forman parte de esta organización territorial. En ese sentido, el impacto del desastre en la comuna podría mostrar que las políticas de riesgos no operan de forma homogénea, sino que su aplicación diferenciada (por calibración o marginación) profundiza las existentes desigualdades sociales, ambientales y espaciales.
A partir del análisis documental realizado, se evidencia que las políticas existentes, las normas, las leyes y protocolos que incluye una sinergia interinstitucional, son adecuadas para prevenir y lidiar con desastres. Por una parte, las quebradas (su mantenimiento y restauración) están protegidas bajo las ordenanzas. Los protocolos de actuación frente a desastres y el cuidado de animales de compañía en este contexto son adecuados. La comuna está también protegida y amparada en derechos. La tecnología para prevención de movimientos de tierra existe y se puede implementar a bajo costo.
El conocimiento histórico sobre los aluviones pasados y la organización comunitaria están presentes como factor de prevención. Sin embargo, la débil o nula aplicación de las ordenanzas, leyes y normativas, más la descoordinación institucional, la desinversión estatal en infraestructura y la falta de atención en problemas del cambio ambiental por privilegiar pugnas políticas, hacen que un desastre tenga consecuencias devastadoras y sea experimentado de forma diferenciada. Las desigualdades estructurales y la injusticia ambiental tienen más influencia en la manera en que se vive el desastre cuando no existe acción pública o cuando esta se dirige a la calibración de los desastres.
Conclusiones
La falta de capacidad para enfrentar desastres tiene múltiples razones que se retroalimentan entre sí: austeridad fiscal, crecimiento poblacional, urbanización (sobre todo si es desordenada, abrupta y masiva), ausencia de planificación y los innegables cambios ambientales. La mayoría de las ciudades latinoamericanas, entre ellas Quito, han experimentado los efectos de las políticas neoliberales como la desinversión pública. En la ciudad esto se manifiesta en una infraestructura que no recibe mantenimiento y que se torna obsoleta, insuficiente o vetusta. La segregación residencial no solo implica la localización de una población en sectores carentes de servicios básicos o de infraestructura, también se trata de un espacio afectado por la degradación urbana y ambiental, donde se produce la desmoralización de los habitantes, la ruptura de lazos con los vecinos y la restricción de las actividades colectivas. Todo esto socava la cohesión local, amenaza la movilización colectiva y genera atomismo (Wacquant 2010).
El aluvión de 2022 en la comuna Santa Clara de Millán tuvo un coste altísimo en vidas, en infraestructura perdida, en familias afectadas y en medios de subsistencia destruidos. Si bien la política de embaular o rellenar quebradas se viene realizando desde la época colonial –y es, básicamente, irreversible–, también es verdad que existen otros métodos para el desfogue del agua lluvia, para regenerar ecosistemas en los barrancos y corregir las pendientes susceptibles de deslizarse y reconstruir el tejido comunitario. Además, es indispensable instalar los sistemas comunitarios de alerta temprana de bajo costo en zonas vulnerables (Dixon, Smith y Pietz 2022).
La idea de sostenibilidad interespecies puede ser un paradigma para alcanzar la igualdad distributiva y para superar la inequidad. No obstante, mientras se propongan soluciones de ingeniería para los problemas socioambientales sin la eliminación de la desigualdad, no se podrá construir una verdadera sostenibilidad urbana (Hidalgo, Paulsen y Paulsen 2022).
Las ciudades y la sociedad están construidas sobre la división humano-animal. Sin embargo, la filosofía ha propuesto cuestionar la excepcionalidad humana que lo separa y lo coloca en un lugar superior frente a los animales. Al mismo tiempo, cada vez existe un mayor entendimiento de lo que significa el pensamiento de los animales y la complejidad de su comportamiento. Una ciudad que incluye a los animales busca recuperar la subjetividad de estos como obligación ética y política para comprender las problemáticas que surgen durante los procesos de urbanización.
El riesgo de no tomar en cuenta una sostenibilidad interespecie como concepto analítico o como guía para la elaboración de políticas públicas nos lleva a una realidad en la que las necesidades humanas insaciables, promovidas por el sistema capitalista, amenazan la vida planetaria con el sobreconsumo, la contaminación global, el cambio climático y la reducción de la biocapacidad hasta el punto de impulsar su colapso (Rupprecht et al. 2020, 6).
Las operaciones de rescate animal también sufren los efectos de la desinversión estatal y es en ese contexto que proliferan organizaciones ciudadanas que actúan sobre las omisiones de la acción pública. A pesar de la aceptación tácita de la sintiencia animal en nuestras sociedades, se sigue considerando el rescate animal algo secundario en relación con el humano, en lugar de complementario o interdependiente. Aparte de los programas de esterilización, no hay políticas claras de inclusión de los animales considerándolos agentes en la vida urbana.
La perspectiva “una salud”, acompañada de la ética del cuidado, despliega una solidaridad relacional interespecie que en situaciones de amenaza y de desastres integran intereses mutuos y colectivos. La interconexión entre animales, ecosistemas y humanos demuestra que el bienestar y la sostenibilidad son posibles si se consideran las necesidades e intereses de todos los seres vivos por igual (Anthony y De Paula 2022, 183) y se aplican políticas públicas dirigidas a enfrentar la vulnerabilidad en tiempos de cambios ambientales globales.
La investigación en la que se basa este artículo contó con el apoyo del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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Notas
[i] Aunque en el presente artículo no se pretende establecer una comparación, hay que señalar que en 2022 los pobladores denunciaron la ausencia de atención municipal en las horas críticas del desastre. En 2024, en cambio, además de la presencia inmediata del alcalde, se estableció un Puesto de Mando Unificado operativo que aglutinó a todas las dependencias del Municipio de Quito, a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y a la Prefectura de Pichincha. También se realizó una limpieza de escombros, la evacuación controlada de agua y se establecieron cuatro alojamientos temporales (Quito Informa 2024a).
[ii] El capitaloceno se define como un sistema de poder, ganancia y reproducción en la red de la vida (Moore 2017).
[iii] Los llamados desastres naturales están mediados socialmente. La mención del adjetivo natural para hablar de desastres se refiere a aquellos causados por fenómenos ambientales y exacerbados por desigualdades sociales. En ese sentido, no se puede marcar una división neta entre desastres naturales y sociales. Por claridad, se omiten las comillas para mencionar lo natural y lo antropogénico.
[iv] Para determinar la inestabilidad del terreno se toman en cuenta características topográficas y morfológicas de las pendientes, las propiedades físicas y mecánicas del suelo (grado de saturación, permeabilidad) y el radio entre la duración de la lluvia y las características del proceso de infiltración del agua en el suelo. Las ecuaciones de análisis físico de la propensión de una pendiente a sufrir un deslizamiento de tierra pueden implementarse en códigos de GIS para identificar áreas críticas y desarrollar sistemas de alerta temprana (Salciarini y Tamagnini 2015, 254-263).
[v] La oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres ha promovido el desarrollo de sistemas de alerta temprana de bajo costo y de uso comunitario con el objetivo de salvar miles de vidas.
[vi] No se pudo acceder a ningún dato de los animales comunitarios o particulares afectados. La UBA contabiliza unos, sumados a aquellos atendidos por las organizaciones rescatistas. El número total es incierto. La presidencia de la comuna no tiene un censo de animales que habitan en ese espacio. En contraste, en el año 2024 la UBA acudió a la zona del desastre para buscar animales heridos. Encontraron un perro fallecido y otra perra desaparecida, cuya búsqueda se efectuó con publicaciones en las redes sociales de la institución (Quito Informa 2024b).
[vii] El especismo es la discriminación por pertenencia a una especie. Este concepto plantea que no todas las especies animales tienen el mismo estatus moral, derechos, relevancia o destino en la sociedad humana. En esta jerarquía, el animal humano aparece en la cúspide. Este término fue acuñado por Richard Ryder y Peter Singer en la década de los 70 y ha sido desarrollado en décadas posteriores (Caviola, Everett y Faver 2018).