Eutopia.
Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 26, enero 2025, pp. 105-123
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.26.2025.6345
Estado y agricultura familiar: interpelar las racionalidades y situar lo comunitario en Río Negro, Argentina
State and family farming: challenging rationalities and situating the communal in Río Negro, Argentina
Carolina Lara Michel. Universidad Nacional de Río Negro/IIDyPCa/CONICET, Bariloche.
cmichel@unrn.edu.ar. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8244-2715
Pablo Linietsky. Universidad de Buenos Aires/Instituto de Geografía/Facultad de Filosofía y Letras, CABA.
pablolini@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0008-8731-3988
Recibido: 14/08/2024 Aceptado: 12/10/2024
Publicado: 01/01/2025
Resumen
En este artículo, nos proponemos reflexionar sobre los modos en que el Estado condiciona, produce o releva a los sujetos de la AF en Patagonia norte para realizar intervenciones en el mundo rural, prestando atención a los desplazamientos de sentido que se producen en este proceso. Para ello, indagamos en dos herramientas de planificación para la representación y diseño de los territorios: los censos agropecuarios y Ley Ovina. Ponemos en tensión estas herramientas a partir de testimonios de los miembros de una comunidad mapuche y pastoril de la Línea Sur. Como resultado, evidenciamos la performatividad del Estado al construir sujetos a la medida de la intervención de las políticas de desarrollo rural, así como la capacidad comunitaria de subvertir órdenes estatales presentes y pasados. Concluimos que el Estado debe reconsiderar lo comunitario como dimensión de análisis e intervención.
Palabras clave: comunidad, pastoralismo, norpatagonia, desarrollo
Abstract
In this article, we propose to reflect on the ways in which the State conditions, produces or relieves the subjects of the Family Farming in northern Patagonia to carry out interventions in the rural world, paying attention to the displacements of meaning that occur in this process. To achieve this, we investigate two planning tools for the representation and design of territories: agricultural censuses and the Sheep Law. We critically analyze these tools in light of testimonies from members of a Mapuche pastoral community in the steppe region. Our findings highlight the State's performative role in constructing subjects that fit the objectives of rural development policies, as well as the community's ability to resist and reinterpret both current and historical state orders. We conclude that the State must reconsider the community as a vital dimension of both analysis and intervention.
Keywords: community, pastoralism, northern patagonia, development
Introducción
Mançano Fernándes tuvo que remontarse a la década del ‘80 en Francia para evidenciar un problema respecto de la categoría de la agricultura familiar (AF). Buscaba responder por qué para algunos gobiernos y pensadores, el agricultor familiar no podía ser campesino. Allí encontró que el paradigma del capitalismo agrario impone (tanto en gobiernos de derecha como de izquierda) un modo de definir a la AF en que este sujeto está integrado al mercado, utiliza paquetes tecnológicos modernos y produce commodities para el agronegocio (Mançano-Fernándes 2009). Para este autor, que se apoya en el paradigma de la cuestión agraria, el sujeto de la AF no dejó de ser campesino, sino que pasó a ocupar una nueva posición en el modelo de desarrollo en el que se encuentran completamente subordinado al agronegocio (o a la actividad extractiva de turno), produciendo en el interior de la lógica capitalista.
Nosotros evidenciamos un problema similar, pero en el vector opuesto. Los actores sociales que vamos a presentar, comúnmente enmarcados en las políticas del desarrollo rural, no parecen ajustarse a la categoría de la AF. Esto nos invita a evaluar si realmente existe una AF, si solo es para el Estado una categoría sujeta a intervenciones bajo un paradigma del capitalismo agrario, y cuál es la relación entre la institucionalidad y los sujetos en cuestión. Nos preguntamos: ¿a quiénes financian las políticas de desarrollo rural? ¿Financian a los productores para producir alimentos y su autonomía socioeconómica o financian su subordinación al sistema agroindustrial concentrado?
Para esto, viajamos a la Patagonia. Pensar en y desde la Patagonia remite a la idea de frontera (Navarro-Floria 2023). Con esto hacemos referencia a una relación adentro-afuera respecto de una centralidad que sostiene el ejercicio político y cultural de los grupos sociales. La Patagonia fue presentada a lo largo de la historia como espacio a ser descubierto y lugar de progreso hacia un nuevo destino. Por lo tanto, esta frontera es un imaginario compuesto de mapas repletos de monstruos (Vargas 2017; Michel y Núñez 2019), iconografías o idearios en los que se busca una construcción del lugar (Bachelard 1965; Navarro-Floria 2006).
La Norpatagonia, asumiendo que la mayor parte de este territorio se trata de la estepa, ha sido marginalizada o bien invisibilizada por la región cordillerana, rica en paisajes hegemónicos y actividades extractivistas y de exportación de la región de los valles irrigados y petrolíferos (Navarro-Floria y Nicoletti 2001). Pensar desde la estepa, desde el “desierto”, o la Línea Sur de Río Negro, implica reconsiderar cuáles son las premisas que posibilitan ciertas actividades e incluso la vida. Se trata de condiciones extremas climáticas y de estrés hídrico, de dificultosa accesibilidad y de baja inserción logística. Y, sin embargo, como veremos, no se vive como un drama distante de otras realidades.
La Línea Sur es un segmento entre dos extremos, pero también es un corpus histórico, antropológico, una unidad productiva. Es un espacio de invención habitado en su mayoría por productores de la AF conocidos localmente como crianceros, caracterizados por la producción ganadera de rumiantes menores, cuyo principal producto es la lana con destino al mercado internacional y, en menor medida, la carne para el mercado interno o el autoconsumo (Müller 2007). Sus establecimientos suelen también incluir huertas, frutales, gallinas, bovinos y equinos (Michel et al. 2020).
En este espacio se cruzan racionalidades diversas entre el Estado y los productores familiares ganaderos. Desde que, a fines del Siglo XIX, se conquista militarmente, los procesos de producción de subjetividad estatal quedaron fuertemente afincados en la construcción de imaginarios espaciales (Navarro-Floria y Nicoletti 2001; Navarro-Floria 2006). Desde el punto de vista de la estatalidad, los sujetos no son preexistentes. Al igual que en una investigación penal, en que deben producirse las pruebas a partir de la evidencia, para aplicar una política pública, las leyes construyen los sujetos de su propia regulación.
Lo antes mencionado también se puede observar en los distintos paradigmas del desarrollo, en tanto imponen un modo de intervención rural (capitalismo agrario, cuestión agraria) (Mançano-Fenandes 2009; Manzanal 2014) que presupone una racionalidad asociada. En la persecución de dichos modelos, el Estado construye un sujeto acorde, estructurado o poseedor de la racionalidad asumida como resultado de la performatividad estatal. Es en este proceso que detectamos un desacople entre la racionalidad y los sujetos. Pero, además, los significados de un concepto están ligados a los usos que se les otorgue en diferentes ámbitos y contextos discursivos. Es decir, las conceptualizaciones y clasificaciones utilizadas en las instancias estatales o académicas, al entrar en contacto con las realidades concretas y las prácticas de los actores involucrados, se ven atravesadas por interpretaciones y usos situados. De este modo, en el marco de la ejecución de un programa o una política, existe un ejercicio de mediación y negociación efectuada por técnicos, funcionarios y destinatarios que necesariamente ofrece matices a las definiciones y categorizaciones operativas formales y académicas (Craviotti 2014; Guiñazú 2017).
Nos proponemos reflexionar por los modos en que el Estado construye a los sujetos de la AF en Patagonia norte para realizar intervenciones en el mundo rural, prestando atención a las racionalidades en juego en este proceso. Para ello, indagamos en unas de las principales herramientas para la representación y diseño de los territorios: los censos nacionales agropecuarios (CNA) y Ley Ovina como política de desarrollo rural. A su vez, tomamos el caso de estudio de El Chaiful y la comunidad mapuche Nehuen-Co como referencia que subvierte órdenes estatales presentes y pasados a partir de lo comunitario y de sus mujeres.
La comunidad Nehuen-co está integrada por 20 familias que viven entre Ing. Jacobacci y El Chaiful, en la Línea Sur de Río Negro, Argentina (mapa 1). Nuestro contacto con estas familias comenzó en el 2018 y desde aquel entonces venimos compartiendo visitas a campo, festividades, rogativas. En cada uno de estos encuentros tomamos entrevistas, observaciones participantes, filmaciones. Estos elementos son los que utilizamos en este artículo como material para observar saltos epistemológicos en el intento del Estado de intervenir en la AF y el mundo rural.
Mapa 1. Ubicación del paraje El Chaiful en la provincia de Río Negro, Argentina.
Fuente: Elaboración propia
Agricultura familiar, una categoría en devenir
En los últimos años, la AF en América Latina no sólo se consolidó como sujeto de políticas públicas, sino que tomó forma de categoría de aplicación en el marco de las leyes regulatorias de dichas políticas públicas. A partir de esa transformación, se realizaron numerosas intervenciones estatales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos actores. Los efectos de las intervenciones han sido objeto de análisis en diversos artículos científicos que abordaron desde cuestiones conceptuales-metodológicas, desafíos del sector y el impacto de las políticas públicas (Manzanal et al. 2014; Soverna 2016; Villarreal 2018; Urcola 2019).
Es una categoría que lleva más de 30 años de uso, sin embargo, aún se encuentra en construcción. Para algunos autores se debe a que, por un lado, se la concibe como sujeto de derechos en sentido amplio (dado que es una forma de vida y cultura) y, por otro, como sujeto de programas de carácter socioeconómico (Schiavoni 2010; Manzanal et al. 2014). Aún más, tal como introdujimos, es un concepto que para otros autores y decisores políticos rompe con la idea del campesinado, dando lugar a un nuevo sujeto, el agricultor familiar (Mançano-Fernandes 2009). Pero ¿a qué se debe semejante polisemia en este concepto?
Un factor interesante que identificamos como modificador en la racionalidad del sujeto de la AF desde el Estado surge en la Europa de la posguerra, especialmente en Francia. Allí, la industrialización de la agricultura se llevó a cabo sobre una base de fuerza de trabajo y capital mayoritariamente familiar, promovida por el Estado y centrada en explotaciones medianas. Esto impulsó la profesionalización de la agricultura y estructuró al campesinado en términos técnicos y sindicales (Schiavoni 2010).
Desde esta perspectiva de modernización agraria, se promovía la transformación de las sociedades tradicionales (agrarias o rurales) en sociedades modernas (industriales o urbanas). Este cambio implicaba la transición de la hacienda a la empresa agropecuaria y de la comunidad campesina a la producción familiar (Bengoa 2003). Así, se desplazaba la comunidad como unidad de análisis por el productor y su unidad productiva, es decir, la explotación agropecuaria (EAP) (Urcola 2019).
En Argentina, si bien se intentó imitar dicho proceso, su implementación difirió a partir de los efectos que tuvo en la región el Consenso de Washington, de 1989. En aquel momento de Argentina, se intensificaron las políticas neoliberales a nivel nacional iniciadas en 1970. Estas modificaron el régimen de acumulación, desregulando la economía y reservando al Estado un rol subsidiario de promotor y asesor de negocios privados y de asistencialismo hacia quienes quedaban fuera del modelo (Lattuada et al. 2015). Dentro del sector agropecuario, aumentó la escala empresarial, la concentración de la tierra y el poder económico (Murmis 1993), mientras que el 50% de las explotaciones agropecuarias del país se encontraban en riesgo de abandonar la actividad productiva (INTA 1993). Esta década se caracterizó por entender al productor de la AF como “pobre rural” y no como sujeto de desarrollo. Las políticas públicas para el sector, se destinaron a paliar la pobreza rural (Manzanal 2014). Asimismo, se profundizaba el desplazamiento de la intervención en la comunidad campesina como unidad de análisis, por la del productor y su unidad productiva (Urcola 2019).
Hacia fines de 1990, se hicieron evidentes las fisuras de la concepción del modelo de desarrollo agropecuario vinculado a la modernización agraria, ante el incumplimiento de la promesa de solucionar las principales problemáticas de los países en desarrollo (Lattuada et al. 2015). A nivel general, la desigualdad, la pobreza y la contaminación del ambiente aumentaron, y la distribución de la tierra comenzó a concentrarse cada vez más (Manzanal 2009).
Progresivamente, a principios de los 2000, comienza a consolidarse un nuevo modo de entender al desarrollo rural. Entra en agenda y se lo prioriza. Esto deriva en que se reconstruye la cartera de préstamos, se agiliza la gestión y el desempeño de los programas, se renuevan los instrumentos, se amplían sus montos y se diversifican sus fuentes de financiamiento (Lattuada et al. 2015). Al mismo tiempo, se dio una ruptura conceptual en el entendimiento de los sujetos de derecho que son agentes del desarrollo de un país. Este cambio también provocó que los sujetos anteriormente denominados como “de subsistencia” o “pobres rurales” comenzaran a enmarcarse en la categoría política de la AF. Sin embargo, esto no revirtió el desplazamiento de la intervención estatal hacia la EAP, ocurrido en años anteriores.
Finalmente, la categoría de la AF se vinculó más con un modo de hacer y su relación con el mundo rural que con lo estrictamente familiar (Lattuada et al. 2012), diferenciándose así del empresariado. Esto aglutinó a ciertos sujetos cuyas lógicas de acción económica, social y política difieren de las del empresariado o agentes agroindustriales (Urcola 2019). Por lo tanto, podemos concluir que la categoría se define más por su oposición a las lógicas agroindustriales que por una definición ontológica.
Agricultura familiar, una categoría imposible en la planificación territorial
Hecho este recorrido por la categoría de la AF, resulta interesante reflexionar sobre la dificultad que se viene detectando para actualizar las herramientas de planificación, a partir de la redefinición que atravesó el concepto. Proponemos pensar que esta dificultad no tiene que ver exclusivamente con una demora en los procesos institucionales sino también, con una condición imposible en las aproximaciones epistemológicas utilizadas. Asimismo, se relaciona con las consecuencias no previstas de las políticas públicas y la intervención estatal en general. Como explica Guiñazú, retomando la tradición foucaultiana de los dispositivos de poder, hay una dimensión performativa de las políticas públicas en el sentido del poder del discurso para producir y promover aquello que está enunciando. El lenguaje reviste una tecnología, que en el caso de una Ley o Censo estatales toma la forma de categorías que están creando realidades socioculturales (Guiñazú 2017). En este caso nos preguntamos, ¿cuáles son esas realidades que están siendo creadas? Por este motivo, consideramos que la exploración de dos herramientas de planificación (CNA y Ley Ovina), a partir de testimonios y observaciones de los propios actores sociales, puede colaborar a dilucidar estos interrogantes.
Los Censos Nacionales Agropecuarios[i]
Los CNA son una de las herramientas clave de los Estados para recolectar datos sobre la actividad agropecuaria, pero también actúan como mecanismos performativos moldeando categorías de sujetos en el ámbito rural. Sólo pueden medir lo que sus indicadores recortan. A través de la categorización y clasificación de los productores y sus prácticas, los censos contribuyen a la construcción de una narrativa estatal sobre quiénes son los "agricultores" o "productores" y qué prácticas son valoradas o desestimadas. Esto, en última instancia influye en el diseño de políticas públicas y, por lo tanto, es necesaria su problematización a la luz de sus efectos en la categoría de la AF en Norpatagonia.
En los últimos años, distintos autores analizaron a los CNA en Argentina, resaltando el esfuerzo que implica para el Estado el desarrollo de un evento de tal magnitud y la relevancia de la información recopilada. Sin embargo, también evidenciaron distintos problemas. Por ejemplo, realidades subrepresentadas, categorías ausentes y un diseño muestral a partir de un enfoque modernizante de la agricultura (Michel et al. 2020). Si entendemos que el CNA tiene efectos sobre los sujetos productivos ¿de qué modo impacta el enfoque modernizante en nuestro espacio de estudio? ¿Cuáles son las realidades que están siendo invisibilizadas? Para abordar estas cuestiones es importante aclarar algunas definiciones que el CNA establece antes de realizar el relevamiento censal:
a) La unidad de organización de la producción es la EAP.
b) Debe tener una superficie no menor a 500 m2
c) Debe producir bienes agrícolas, pecuarios o forestales con destino al mercado (INDEC 2008, 2018).
d) Quedan excluidas aquellas explotaciones que producen bienes para el autoconsumo y que nunca destinan excedentes para su comercialización.
En este sentido, es importante aclarar que el CNA trabaja con un universo compuesto por unidades definidas según la forma en que operan en términos productivos (Tort 2018).
A través de la forma en que se mide en los CNA, se visibilizan por sobre todo, a las producciones con destino al mercado agroexportador, reforzando la idea de espacios homogéneos y monoproductivos (González-Bollo 2007; Michel et al. 2020). Esto implica que, aquellas producciones con salida al mercado internacional se relevan comparativamente con un mayor número de variables en los cuestionarios censales, obteniendo mayor información por sobre otras producciones con salida al mercado interno. Resulta interesante evidenciar lo que está ausente en los formularios censales específicos de Norpatagonia. No se encuentran variables ni elementos que den cuenta de prácticas o producciones nativas (plantas, animales, prácticas culturales) por fuera de lo estrictamente mercantilizado. Por ejemplo, cuando se pregunta por las razas en ovinos se relevan aquellas exóticas como la raza Merino y la Corriedale, que responden a productos destinados al mercado agroexportador. Sin embargo, la raza Criolla o Linka, de gran importancia en los pequeños productores y para las mujeres Mapuche, no se incluye (Reising et al. 2010; Lanari et al. 2012). En cuanto a los caprinos no se pide especificación de raza, mostrando un menor valor productivo en comparación al ovino o a otras producciones, donde se solicita un mayor detalle de cada variedad. Llama la atención que no se pregunte por la raza Angora, siendo Argentina uno de los principales exportadores mundiales de fibra Mohair y que esta producción se encuentra en manos de productores crianceros (Michel y Núñez 2020). Estos sesgos, abren la pregunta de si es el tipo de mercado lo que se releva, el tipo de productor o ambos.
La Norpatagonia y específicamente el centro-norte de Neuquén se caracteriza por la trashumancia, una práctica productiva y una forma de vida móvil entre tierras bajas en invierno y altas en verano (Easdale et al. 2016) Por ser una actividad antigua, llama la atención su falta de registro en los censos. Esto también se vincula a la forma geográfica de censar por espacios anidados (Provincia>Departamento>Radio censal), lo que provoca que una EAP esté fija en un lugar y que los movimientos estacionales de este tipo de producción no sean visibles. Si bien en Río Negro no encontramos estrictamente trashumancia, sí evidenciamos formas de vida y producción móvil entre el campo y el pueblo, tal como hace M.L. en El Chaiful e Ing. Jacobacci: en mayo libera al carnero en su campo y lo deja a su suerte y se va a la ciudad con los corderos, los perros y las gallinas volviendo al campo en septiembre.
En estos mismos testimonios, se revela que otra de las producciones que están presentes, pero no relevadas son las variedades de papas andinas, maíces andinos o criollos y variedades de ajos. Esta exclusión deja afuera buena parte de la producción apoyada en la estructura familiar, en particular de las mujeres, que hereda el carácter marginal desde la cual fue medida y valorada históricamente. Estos datos reflejan la invisibilidad que enfrentan las producciones llevadas a cabo por la AF, un aspecto que debería ser considerado al analizar su reconocimiento por parte del Estado nacional en los años anteriores.
En este punto nos encontramos con que algunos de los problemas arriba descritos fueron percibidos por el Estado. La SAGPyA en conjunto con el IICA observaron que había un problema en la operativización de la categoría de la AF que se traducía en una dificultad a la hora de generar políticas diferenciadas. Por ello, encomendaron un estudio que a través del CNA 2002 elaboró nuevas tipologías (Obschatko et al. 2006.) Partieron de la base de considerar
como pequeño productor (PP)[ii] a aquellos que llevan adelante tareas productivas en la EAP de manera directa y no emplean trabajadores extrafamiliares remunerados de forma permanente. A su vez, establecieron límites de extensión tanto de tierra como de capital, considerando las distintas regiones en las que se divide el país para el registro censal. Por lo tanto, el Estado operó ya no al nivel de relevamiento censal, sino de tipología de productores. Lo interesante de analizar esta definición es que está subordinada a los datos que ofrecen los censos (Paz y Jara 2014) que, como ya vimos, tienen un sesgo en el relevamiento de producciones y prácticas productivas específicas de la AF.
Ante la pregunta por cómo se identificaban en términos productivos, diferentes integrantes de la comunidad Nehuen-Co respondieron como “pequeño productor” o “pequeño ganadero”. Sin embargo, esas fueron respuestas ante entrevistas individuales. En una reunión de la comunidad, cuando vuelve a aparecer la pregunta, la Lonko explica lo siguiente:
Nosotros nos reconocemos como pequeño productor o pequeño ganadero, pero en realidad yo me pregunto si está buena la palabra pequeño… ¿por qué considerarnos pequeños? Porque la comunidad te hace progresar. Y veo muchos cambios en la producción animal, pero también mejoramos la vivienda, cuestiones de agua, los invernáculos. Se mejoró para el humano y para el bienestar animal. Lo humano y lo animal son muy importantes. Esto es gracias a estar organizados. A la ayuda que buscamos como comunidad (C.L productora, El Chaiful, octubre 2022).
Inmediatamente después, otro miembro de la comunidad argumentó que, en realidad, ellos están acostumbrados a nombrarse como productores, porque también así los llaman los técnicos de los organismos de intervención. “¿Por qué me iría a molestar con que me llamen productor?”, se preguntó (S. M productor, El Chaiful, octubre 2022). Esta reflexión pone de manifiesto cómo las etiquetas y categorías impuestas por el Estado pueden ser apropiadas por los propios sujetos, quienes las utilizan a su favor en el contexto de su interacción con los organismos estatales.
En esta misma línea, Guiñazú explica sobre el Registro Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI) en donde la agencia indígena “ha sabido tensionar y disputar espacios de participación y ha desplegado diferentes agentividades, con el objetivo de moldear las formas de relacionamiento y reconocimiento propuestas estatalmente” (Guiñazú 2017). Esto puede ser visualizado también en la comunidad Nehuen-Co en la disputa con las políticas de desarrollo rural.
En 2007, en el marco del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF) (Res. Nº 255, 2007), habilita el Registro Nacional Para la Agricultura Familiar (ReNAF), que buscó generar un relevamiento que incluyera a estos sujetos productivos, reconociendo en este proceso las limitaciones del CNA. El ReNAF tenía como objetivo constituirse en una herramienta para la ejecución de políticas específicas dirigidas a la AF. Aportaría información actualizada y diferenciada por categorías para mejorar la promoción de políticas hacia el sector en todo el país. Su unidad de análisis ya no fue la EAP, sino el “Núcleo Agricultor Familiar” (NAF) (Tsakoumagkos y Soverna 2019). Esta herramienta, se la puede entender como una “innovación técnica en la medida que resulta de la gestión asociada entre el Estado y las organizaciones sociales, nucleadas en el Foro de la Agricultura Familiar” (Schiavoni, 2013, 52).
El ReNAF propuso que podían inscribirse en este registro familias/hogares de productores agropecuarios, forestales, pescadores y/o con actividades artesanales, agroindustriales o turísticas cuando estas utilicen recursos de origen agrario, sin importar si el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque o si se trata de la actividad principal o una secundaria del hogar (Res. N°255, 2007). Para operativizar esta definición se establecieron varios indicadores: destino de la producción (autoconsumo, mercado), lugar de residencia (predial, extrapredial rural, urbana), ingresos extraprediales (% del total de ingresos), ingresos netos (estratificados en base al costo de la canasta básica, con un tope de 15 canastas básicas mensuales), mano de obra familiar (en trabajo, gerenciamiento y administración, o comunidades aborígenes) y empleo de mano de obra complementaria (transitoria y/o permanente con un tope de 3 trabajadores permanentes).
Sin embargo, aunque el ReNAF buscó ampliar el reconocimiento de la AF, no se llegó al nivel de implementación que sí tienen los CNA. Su metodología no es por barrido, con lo cual muchos productores continúan sin ser registrados. En esta línea, Paz y Jara (2014) dan cuenta de que, en la práctica, en el ReNAF se registraron automáticamente a los productores beneficiarios de programas del Estado, mientras que los no beneficiarios sólo se registraron de manera personal y voluntaria. Esto muestra que no se trata de un censo sino de un relevamiento muestral, ya que hay una parte del sector que no ha sido registrada. También se desprende la importancia del papel de los técnicos y demás mediadores del Estado en la visibilidad del sector y en su reconocimiento como AF. De este modo, “…los mediadores (tales como técnicos, ONG, iglesias) continúan siendo un factor clave en la (re) construcción y redefinición de las identidades de los sujetos del agro argentino” (Paz y Jara 2014, 84)[iii]. Este punto resulta interesante porque el papel de los mediadores cobra un rol principal, no sólo en el trabajo de relevamiento de los sujetos productivos, sino en la decodificación e interpretación de las definiciones institucionales (Schiavoni 2012).
Por otro lado, González y Manzanal (2018) dan cuenta de distintas organizaciones de AF que han sido críticas con el FoNAF y su modo de funcionamiento o de implementación de iniciativas como el ReNAF. Estas organizaciones se preguntan si los integrantes del FoNAF constituyen una genuina representación de la AF. Consideran que el hecho de formar parte de una estructura estatal puede inhibir la autonomía socioeconómica de la AF comprometiendo sus futuras demandas y acciones. Un ejemplo lo da el Movimiento Nacional Campesino-Indígena (MNCI) que descree de esta situación y considera que el FoNAF se convirtió en una entidad “paraestatal”, que coacciona a las organizaciones del sector para que se integren al Estado.
Otro de los problemas del ReNAF, es la temporalidad de la información ya que, siendo un registro estático, no tiene un mecanismo de actualización. Por lo tanto, habiéndose iniciado en 2009, la calidad de la información se deteriora a medida que pasa el tiempo. Además, el formulario cambió cinco veces desde su inicio, con lo cual la información no es del todo comparable y no puede ser incorporada a una base de datos unificada. Esto también imposibilita la construcción de tipologías de AF, lo que en un principio dio origen al registro (Tsakoumagkos y Soverna 2019). Por este motivo, los autores refieren que:
Con sus limitaciones, el Censo Agropecuario es hasta ahora la única herramienta que permite construir una imagen que abarque el país con datos relevados para un mismo momento, con las mismas variables y una única metodología para obtener los datos correspondientes (Tsakoumagkos y Soverna 2019, 14).
La propuesta del ReNAF fue clave en tanto evidenció el problema de observar solo la EAP como unidad de análisis. Este problema lo observamos también en varios momentos de los testimonios recolectados con la comunidad Nehuen-Co, tanto individual como grupalmente. En estos, surge de manera recurrente la importancia que tiene la comunidad “para sostener la vida en el campo” (M.L productora, El Chaiful, febrero 2023).
También refieren que, desde que están organizados tienen nuevos gastos, ya que ahora poseen un galpón de la Comunidad[iv]. Para afrontar sus egresos lo que hicieron fue sortear cinco corderos:
Hicimos una rifa, vendimos más de 200 números a $100, con esa plata nosotros nos manejamos para los gastos porque ahora tenemos gastos con el galpón, tenemos la luz, bajarle el agua, todo eso y bueno con eso nos manejamos y así ¿Viste? Cada vez que tenemos gastos hacemos esas cosas, y todavía nos queda para hacer rifas, así que ahora tenemos pensado hacer una rifa para diciembre, para el 25, para recaudar más… más fondos para pagar los gastos de la comunidad. Así que en ese sentido venimos trabajando por ahí de esa manera, para no pedir a la comunidad, porque por ahí no todos estamos en condiciones de colaborar. (E.C. productor, El Chaiful, octubre 2019).
Diferentes registros reflexivos que aparecen en los testimonios dan cuenta del modo en que la dimensión comunitaria se constituye como la interfase para poner en relación necesidades particulares con recursos de diferente naturaleza. Tal es el caso de E.C., quien rememora el cambio de paradigma que implicó contar con la personería jurídica para viabilizar los boletos de seña, trámite que individualmente era inviable:
por empezar lo que más importaba era lograr la personería jurídica, que eso no es fácil. y después bajar un proyecto que era historia para nosotros, bajar un proyecto y que nos lo den todo, era algo nuevo, más para allá, para el paraje, y después ya te digo, se dieron muchas cosas más cómo renovar los boletos de seña, que era un trámite larguísimo para nosotros. Ya teniendo un lonko, los papeles iban a Viedma y al otro día ya estaban renovados, no había ni una traba más porque ya era una persona más… viste, que estaba registrada para hacer dichos trámites. (E.C. productor, El Chaiful, octubre 2019).
Esto se vincula directamente con la dimensión de la representatividad y acumulación política que, a su vez, es un elemento que determina el modo en que consideran sus herramientas disponibles. La lonko [v] explica que la demanda política es conducente sólo cuando es colectiva:
yo disconforme no estoy, ehh. Por ahí les he dado gracias a ellos que han confiado en lo mínimo que yo hago que no es solamente para mí, sino que es para todos, por qué cuando sale algo es para el beneficio, es para todas las familias que estamos en la comunidad, porque antes estábamos desorganizados y por ahí vos vas y golpeas una puerta y si estás solo, vas te cansas y no logras, no conseguís nada, más en los años como la ha pasado el pequeño productor. (C.A. productor, El Chaiful, octubre 2019).
Por último, como es de esperar, no sólo se trata de estrategias y cálculos políticos. Comunidad es la madeja en que la reproducción de la vida se anuda con los procesos de devenir identitarios. La hija de la Lonko, exponente de la generación más joven de la Nehuen-Co y central para el éxito de las burocracias que requirió la personería jurídica, explica los matices:
Somos familia, pero, además de eso, el trabajar organizados y en conjunto también fue lo que nos benefició mucho. y más allá que uno dice comunidad mapuche es valores, es cultura mapuche, que también como objetivo se planteó de mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el campo, y por ahí eso, uno dice somos todos pequeños productores y cuesta y mucho la verdad. (E.S. productora, El Chaiful, octubre 2019).
Retomando al CNA en relación con los testimonios de la comunidad Nehuen-Co, es evidente que esta herramienta no sólo invisibiliza producciones y prácticas productivas y culturales, también oculta sujetos y desconoce el rol fundamental de lo comunitario que es, justamente, lo que hace sostenible a la vida en este territorio. En este punto la comunidad es mucho más que producción. Es facilidad burocrática, son nuevos gastos, nuevos modos de administración, es el comienzo de un “nosotros”, es unidad y mejora de la calidad de vida. Parecería necesario retomar a lo comunitario como unidad de intervención. Sobre este último punto operó la Ley Ovina.
La Ley Ovina
La Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina (más conocida como Ley Ovina) es una política de desarrollo rural que se promulgó en el 2003 (Res. N°114, 2003) por pedido explícito del empresariado lanero de la Patagonia ante la crisis social, económica y ambiental de los 90’ en Argentina (Michel y Easdale 2023). Al transformarse en una política de escala nacional, su aplicación se amplió al resto de las provincias. En 2006, por solicitud explícita de los productores de la AF al coordinador de la Ley Ovina a nivel provincial, se decidió incorporarlos como beneficiarios de los fondos en la provincia de Río Negro. Este aspecto operativo se materializó en la práctica en esta provincia, muchos años antes que en la reglamentación de la Ley (Michel y Easdale 2021). Fue recién en el 2012 que se introdujeron oficialmente los cambios en la normativa nacional, para poder incorporar a los productores de la AF como sujetos beneficiarios de fondos. Además, se los incorporó a la Unidad Ejecutora de la Ley a nivel provincial. Esta unidad era el espacio clave de toma de decisiones para el financiamiento de proyectos y productores. Desde ese entonces comenzaron a tener voz y voto dentro de esta normativa.
La Ley Ovina contempla dos modalidades para el financiamiento de proyectos: aportes reintegrables y aportes no reintegrables. En la provincia de Río Negro los productores de la AF solicitaron, en su mayoría, aportes no reintegrables (Michel y Easdale 2023). Estos fondos son otorgados por el Estado sin requerir su devolución. Sin embargo, para poder solicitarlos, es necesario que los productores pertenezcan a alguna organización, como cooperativas o comunidades. Esta condición podemos interpretarla como una forma de control interno sobre los fondos, dado que los proyectos no necesariamente se dirigen a fines comunitarios, sino que prevalecen los proyectos prediales o individuales, pero con la necesidad de pertenecer a una organización.
Este requisito a veces fue un problema. Por un lado, porque no todos los productores quieren integrarse a una organización y por otro, porque muchas veces las organizaciones encuentran contradictorio con sus principios el hecho de incorporar miembros únicamente por motivos económicos o de proyectos.
En el contexto de la Ley Ovina y su impacto en la performatividad de los sujetos productivos en Río Negro, resulta interesante considerar la perspectiva de los agentes del Estado. A pesar de que desde 2012, la AF se conceptualizó como un actor clave en el desarrollo, algunos funcionarios aún parecen distanciarse de esta aproximación. La siguiente cita ilustra esta disyuntiva:
En Río Negro el 60% de la superficie está dedicada a la ganadería ovina y no porque lo elijan, porque sea una opción sino porque son campos que no tiene otra opción, es ganadería ovina y no mucho más, a diferencia de otras provincias u otros lugares que tenés otras opciones. (Coordinadora de Ley Ovina en Río Negro, Bariloche, 2017).
En línea con lo anterior, una funcionaria responsable de la implementación de la Ley Ovina a nivel nacional comparte una perspectiva similar:
La idea [con Ley Ovina] fue sostener en Patagonia, que no hay muchas oportunidades productivas, la actividad y también fomentarla y desarrollarla. Lo que buscamos con esta Ley es que el productor pueda subir un escaloncito más (funcionaria nacional responsable de la implementación de Ley Ovina, Buenos Aires, 2017).
Por otro lado, en relación con la mirada de productores en el impacto de esta política pública, el responsable de la Sociedad Rural de Bariloche nos comenta que, para él, la Ley tuvo impacto positivo solo en los primeros cinco años. Este productor recibió un beneficio por fondo rotatorio de la Sociedad Rural de Bariloche. Al respecto manifestó: “Me sirvieron, pero no me dieron independencia, fue como mantener a un enfermo en estado vegetativo” (Entrevista Productor, Zapala, mayo 2018). Resulta significativa la mirada de este productor que valoró sólo los primeros años de la Ley Ovina, período en el que no existía la posibilidad de destinar fondos a la AF. Aquí aparece una disputa de poder que da cuenta de que, si una política se destina a un sector, debe ser excluyente de otro o, más aún, se profundiza la dicotomía entre productivismo y desarrollo rural en términos de diferenciación identitaria.
Esta misma línea de mutua exclusión se puede ver en la mirada de otros técnicos de esta Ley:
Originalmente [Ley Ovina] tenía un enfoque más productivista pero hoy va más apuntado al desarrollo rural. Originalmente se pretendía eso, hoy también, pero la realidad que nos encontramos de este lado hoy es más de desarrollo rural, no sé si está bien o mal. Yo creo que es por el tipo de productor que tenemos, es por el perfil y el tipo de productor. Hoy los proyectos apuntan a eso, a que el productor esté en el campo, mejorar la calidad de vida, que pueda sacar agua con una bombita y pueda darle de tomar a los animales, pero también pueda tomar él decentemente. (Coordinadora de Ley Ovina en Río Negro, Bariloche, 2017)
Es interesante advertir en estos testimonios que, mientras los técnicos mediadores observan este espacio limitado a la ganadería ovina, la comunidad Nehuen-Co está constantemente desarrollando y diversificando sus opciones productivas. Durante las visitas a campo fue fácilmente observable la variedad de producciones que incluyen gallinas ponedoras, chivos, huertas, frutales, vacas y caballos.
En relación con las chivas, L (criancera entrevistada) nos comenta que las cría para leche y queso, principalmente. Sobre esto, E (criancera entrevistada) recuerda que años atrás incluso solían elaborar dulce de leche de chiva. En cuanto a las huertas, también nos explica que antiguamente las llamaban quintas y eran, en muchos casos, compartidas y trabajadas por dos o más familias vecinas. Luego, como muchos miembros de las familias tuvieron que migrar para ir a la escuela, cada campo quedó con poca mano de obra y las quintas se vinieron abajo. Sin embargo, lo que más solían producir eran papas y ajos. Actualmente, con recursos de proyectos de intervención, construyeron invernáculos más chicos en los que hay lechuga, pepinos, zapallitos, espinaca, tomates, albahaca, entre otros.
También, algunas de las mujeres de la comunidad fabrican fitocosméticos a partir de plantas que crecen en sus propios territorios y los intercambian por otros productos o los venden como forma de obtener un ingreso complementario. El ingreso monetario de la venta de la lana o pelo se da una o dos veces al año. Por lo tanto, contar con otras opciones productivas colabora con la sostenibilidad familiar.
Perfilando en este recorrido a los mediadores que intervienen entre las políticas públicas y su aplicación en el territorio, redefiniendo u obviando las nociones de la AF en el camino, encontramos que la lonko de la comunidad ocupa un lugar similar, pero en otra ubicación, es decir, en lo que para el Estado es el sujeto de aplicación. Sin embargo, mientras los mediadores arriba descritos actúan en base a una racionalidad productiva, la lonko orienta su pensamiento y acción del siguiente modo, rebasando lo meramente productivo:
Al principio fueron noches de desvelo para mí. Pero de a poco me fui adaptando, me digo que no me tengo que acelerar, que tengo que esperar. Todo lleva tiempo, cuesta, no es fácil. Un proyecto, por ejemplo, la gente va y te dice: y, ¿qué pasa con esto? y yo no tengo respuesta, hay que esperar. Pasan alrededor de 6 o 7 meses más y vuelven y te dicen: ¿qué pasó con esto? hay que seguir esperando… (C.A. productora, El Chaiful, octubre 2019).[vi]
Conclusiones
En este artículo analizamos dos herramientas de planificación -los CNA y la Ley Ovina- que actúan como mediadores entre el Estado y el territorio y las contrastamos con el trabajo de campo realizado durante más de cinco años con una comunidad mapuche en la Línea Sur de Río Negro. A partir del recorrido realizado podemos concluir que tanto los CNA como la Ley Ovina funcionan como dispositivos de poder que, si bien buscan representar y atender las realidades del mundo rural, presentan limitaciones y sesgos que impactan en la realidad de los sujetos rurales y en su propia subjetividad.
Sin embargo, nos interesa remarcar que no se trata de un Estado todopoderoso definiendo la vida de los sujetos sino de procesos mucho más abiertos en que hay momentos de reconocimiento de dicha performatividad y momentos de asunción acrítica. En este sentido, el sector de la AF ha sabido desplegar diversas estrategias para tensionar órdenes históricos y disputar espacios de participación e incidencia en el Estado nacional. Detectamos que la historia de la comunidad Nehuen-Co, tiene varios momentos de pragmatismo en que incorporan los instrumentos estatales como una táctica medios-fines para alcanzar sus objetivos, con una consciencia compartida de las categorías que giran en torno de los dispositivos de poder, entrando y saliendo de las distintas nominaciones que les han otorgado a lo largo de la historia.
Esto se puede observar en la Ley Ovina que pudo transformarse e incluir a la AF como beneficiaria de sus fondos. Esto en buena parte por la disputa que realizó el sector de la AF (Michel y Easdale 2023) pero también por el contexto de oportunidad de la época con fuerte apoyo a las políticas de desarrollo rural (Lattuada et al. 2015). Asimismo, se le pudo otorgar un lugar central a lo organizativo como gestor de los fondos públicos. Sin embargo, lo que observamos es que persiste en los mediadores (técnicos y funcionarios) una mirada que piensa al territorio desde sus carencias y limitaciones productivas.
Por ello, planteamos una pista que puede arrojar luz a esta encrucijada. Se vuelve necesario retomar a la comunidad como escala de intervención y dimensión de análisis.
Como desarrollamos, el desacople entre lo que se propone el modelo de desarrollo rural y la AF se produce al no contar con un enfoque que integre a las comunidades como una agencia viable para la aplicación de las políticas públicas. Sin embargo, interesa en ese sentido la comunidad no sólo como una escala intermedia entre las familias y el empresario o los agentes agroindustriales. Más bien se trata de entender a las comunidades como una dimensión particular cuya singularidad es la de tener sus propias singularidades. Esta redundancia se vuelve razonable cuando revisamos el modo en que la Nehuen-Co resolvió de manera muy particular los desafíos, deseos, objetivos e identidades que se le fueron presentando y deviniendo.
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Notas
[i] Parte de los resultados expuestos en esta sección fueron presentados en la tesis doctoral de la Dra. Carolina Lara Michel titulada “Imaginarios geográficos del espacio pastoril árido y semiárido de Norpatagonia. Un análisis desde las herramientas de planificación estatal para el desarrollo (2003-2015)” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
[ii] La categoría de “PP” fue actualizada en una reedición del documento que, además de agregar un nuevo tipo con mayor capitalización, cambió el término por “agricultores familiares” (Obschatko, 2009).
[iii] Respecto de la figura de mediador, Villarreal da cuenta que "hasta antes de la década de 1990 asumían el papel de mediadores en el territorio los políticos locales (...) o los representantes de la iglesia católica. Durante los '90, y debido a que los políticos fueron perdiendo credibilidad y legitimidad, las ONG que actuaban en el territorio (...) fueron ocupando el rol de mediadores entre los pobladores locales" (2010, p. 203). A esto, González (2016) incorpora que en la actualidad nuevamente el rol de mediador es asumido por las instituciones estatales
[iv] La comunidad indígena Nehuen-Co atravesó diferentes instancias organizativas desde la mera copresencia de vecinos y lazos parentales en el mismo paraje El Chaiful, pasando por diferentes asociaciones cooperativas hasta la conformación legal de la comunidad indígena reconocida por el Estado argentino como tal. Actualmente la comunidad posee una serie de infraestructuras y dinámicas socioproductivas entre las que se encuentra un galpón, un terreno urbano, una prensa para fibra animal, espacios de reuniones y un aceitado sistema de representación y comunicación de actividades. Esos recursos materiales suelen ser una referencia y usarse para actividades y necesidades más allá de la comunidad Nehuen Co, impactando en la región. Muchos de los miembros de la Nehuen Co participan de distintas cooperativas de trabajo para la venta de la fibra animal, tramando un complejo mapa de actores y redes.
[v] Lonko” o “Longko” refiere a la máxima autoridad de la comunidad, considerado como cacique (Petit 2017).
[vi] Testimonio de la lonko que se puede observar en el siguiente video: https://vimeo.com/483215964