Eutopia.
Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 26, enero 2025, pp. 46-64
ISSN 13905708/e-ISSN 26028239
DOI: 10.17141/eutopia.26.2025.6341
Estrategias de la Agricultura Familiar en el Ecuador. Estudios de caso en contextos de agronegocio y migración.
Family farming strategies in Ecuador. Case studies in agribusiness and migration context.
Alejandra Chaves . Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Departamento de Economía, Ambiente y Territorio.
machaves@flacso.edu.ec ORCID: https://orcid.org/0009-0000-8797-2336.
Martha Guerra. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Departamento de Economía, Ambiente y Territorio.
meguerra@flacso.edu.ec, ORCID: https://orcid.org/0009-0004-8843-2891.
Gladys Yaguana . Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Departamento de Economía, Ambiente y Territorio.
gnyaguana@flacso.edu.ec . ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5159-1846.
Recibido: 15/08/2024 Aceptado: 14/10/2024
Publicado: 01/01/2025
Resumen
Este artículo analiza las estrategias de reproducción implementadas por las familias en contextos de agronegocio y migración en dos provincias del Ecuador. El objetivo fue discutir la relevancia de la categoría analítica, Agricultura Familiar (AF), que incluye desde agricultores cercanos al nivel de subsistencia hasta productores capitalizados, para el análisis de los territorios rurales. La información fue recolectada a través de un trabajo etnográfico en los cantones: Pedro Moncayo, Cayambe y Nabón. Para el levantamiento y análisis de resultados, se utilizó un enfoque territorial dialéctico centrado en los procesos de des-reterritorialización. Los principales hallazgos muestran interacciones recíprocas y contingentes entre las dinámicas de los territorios rurales y las prácticas familiares. Estrategias como la producción agroecológica, los emprendimientos florícolas, la intensificación de actividades no agrícolas o la migración, son formas en las que los hogares buscan mantener sus modos de vida. En este sentido, consideramos que la categoría AF es válida, pues las actividades y la toma de decisiones se realizan en el seno de una familia que valora las difíciles condiciones de producción, los riesgos, las aspiraciones de las nuevas generaciones, así como el afecto y el apego que sienten por el territorio en el que habitan.
Palabras clave: Estrategias de reproducción, agricultura familiar, emprendimientos florícolas, producción agroecológica, migración, des-reterritorialización, Ecuador.
Abstract
This article analyzes the reproduction strategies implemented by families in agribusiness and migration contexts in two provinces of Ecuador. The objective was to discuss the relevance of the analytical category, Family Farming (FF), which includes farmers close to the subsistence level to capitalized producers, for the analysis of rural territories. The information was collected through ethnographic work in the cantons of Pedro Moncayo, Cayambe and Nabón. A diachronic territorial approach focusing on processes of de-territorialization was used for the analysis of results. The main findings show reciprocal and contingent interactions between the dynamics of rural territories and family practices. Strategies such as agroecological production, flower-growing enterprises, the intensification of non-agricultural activities or migration are ways in which households seek to maintain their ways of life. In this sense, we consider the FF category to be valid, since the activities and decision-making are carried out within a family that values the difficult production conditions, the risks, the aspirations of the new generations, as well as the affection and attachment they feel for the territory in which they live.
Keywords: Reproduction strategies, family farming, flower-growing enterprises, agroecological production, migration, de-reterritorialization, Ecuador.
Las discusiones en torno a la agricultura familiar (AF) en las últimas décadas han cobrado importancia tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas. En el centro de los debates se plantea el papel que tiene en la consecución de la soberanía alimentaria, a partir de su potencial para reducir el hambre y la pobreza rural, generar empleo y fortalecer la capacidad organizativa, así como para brindar respuestas resilientes ante el cambio climático. Si bien, estos acercamientos han abierto un abanico de perspectivas, el énfasis en aspectos coyunturales de: mercado, competitividad o tecnología, en contraste con elementos estructurales como el acceso a la tierra y al agua o las interrelaciones sociales (Martínez 2013), a menudo terminan por invisibilizar a parte de los sujetos sociales y la diversidad de prácticas que la conforman.
En este sentido, es necesario dejar atrás las visiones tradicionales que han caracterizado a la AF como una forma de producción agrícola opuesta a la capitalista, basada únicamente en lazos de reciprocidad y resistente al mercado, y pasar a comprenderla en la complejidad de las relaciones e interacciones territoriales y globales en las que actualmente se desenvuelve. Por lo tanto, es necesario observar a la AF desde una perspectiva multidimensional y dinámica, que logre aprehender las particularidades y similitudes de la gama heterogénea de productores que van desde campesinos cercanos al nivel de subsistencia hasta productores capitalizados (Craviotti 2014).
Para este fin, es necesario examinar los elementos básicos de su conceptualización como son: la relación flexible entre el trabajo familiar y la unidad productiva (Martínez 2013), los vínculos no-económicos (Narotzky 2010 y Polanyi 2017) y su relación con el mercado (Tepicht 1984). Pero, además las especificidades que dependen del contexto sociohistórico, cultural, ecológico y geopolítico, en el cual la AF refuncionaliza su identidad para disputar la construcción y control del territorio tanto material como simbólico en una dinámica que muchas veces es desigual e inequitativa (López, Robertsdotter y Paredes 2017; Cruz-Morales, Trujillo-Díaz y García-Barrios 2020).
A partir de la década de los noventa, el contexto Latinoamericano estuvo marcado por la expansión del capitalismo, la modernización y la reestructuración neoliberal. Esto, a su vez, impactó en la eliminación de las distancias geográficas, aceleración de las transacciones económicas y de la comunicación, dominio de las corporaciones transnacionales, y desregularización y privatización de los mercados de productos, trabajo y tierra, así como la implementación de modelos de desarrollo que no responden a las realidades locales, dando como resultado intensas transformaciones en los territorios rurales (Ospina, Hollenstein, y Latorre 2020; Bonano 2003) y en las estrategias de reproducción de los hogares relacionados con la AF.
Así, a nivel territorial, por ejemplo, la presión e intensificación en el uso de los recursos naturales por parte del agronegocio y la expansión del sector minero y petrolero provocaron impactos demográficos, sociales, económicos y ambientales (Ospina, Hollenstein, y Latorre 2020), que para la AF se traducen en procesos de des-territorialización, caracterizados por la minifundización de la tierra, empobrecimiento rural, proletarización de su mano de obra, pérdida y contaminación de sus recursos naturales e, incluso, incremento de la migración de su población más joven (Rebaï 2018; Martínez 2005). No obstante, frente a estos desafíos, los hogares ponen en marcha una serie de estrategias, que a la vez que modifican sus sistemas de producción, todavía les permiten mantener un relativo control territorial o re-territorializarse.
En el caso de Ecuador, las tensiones territoriales son evidentes al comparar la composición demográfica y los niveles de pobreza de áreas urbanas y rurales. Así, según los datos censales de 2022, el país tiene una población de 16,9 millones de habitantes, de los cuales, el 63% viven en áreas urbanas y el 37% en áreas rurales. Para el año 2023, el índice de pobreza por ingresos a nivel urbano fue de 18,4%, mientras que, a nivel rural fue de 42,2%. Si se considera la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), ésta se ubicó en el 21% en el área urbana y en el 52% en el área rural (INEC 2023a; 2023b).
En lo que respecta a la AF, las cifras demuestran limitaciones, debido a que el 64% de las unidades de producción agropecuaria (UPA) son menores a cinco hectáreas (ha), con el control de apenas el 6,53% de la superficie (Houtart 2016). La tierra dedicada a la AF generalmente es de baja calidad y los productores no cuentan con los insumos, el riego, financiamiento o acceso a mercados para obtener buenos rendimientos u ofrecer su producción en condiciones justas, respectivamente. Además, existen zonas en las que la AF debe hacer frente a la expansión del agronegocio y la agroindustria que disputan el dominio de sus territorios (Laforge y Caller i Salas 2016).
A pesar de las dificultades que enfrenta, la AF en el Ecuador genera alrededor del 70% del empleo rural agropecuario (MAG 2020) y aporta con el 7% del Valor Agregado Bruto (VAB) Agrícola (MAGAP 2016). Así también, es responsable de la provisión del 60% de alimentos para consumo interno, pero también de productos para el mercado global, que se dirigen a mercados especializados como es el caso del cacao o el café (FAO 2022; Artacker y Daza 2020; MAGAP 2016) y las flores.
En este artículo, tomando en cuenta el contexto y la complejidad de la AF en el Ecuador, nos cuestionamos sobre las transformaciones y continuidades territoriales en las que se desarrolla, así como, las prácticas que despliegan las familias para mantener o mejorar sus medios y los modos de vida de sus territorios. Partimos desde una perspectiva territorial sustentada en la propuesta de Haesbaert (2021) sobre la des-reterritorialización. Este concepto nos permite evidenciar la fluidez del proceso por el cual las poblaciones rurales transitan entre el control de la gestión territorial (re-territorialización) o su pérdida (des-territorialización) frente a fuerzas desiguales e inequitativas que desestructuran el espacio físico, las relaciones agrícolas, económicas, culturales y/o socio organizativas. De esta forma, es posible comprender las dinámicas contradictorias y/o ambivalentes que hacen del territorio una entidad en constante construcción, entre la dominación y la resistencia (Martínez-Godoy 2020; Haesbaert 2021).
El análisis se hace a partir de tres estudios de caso, que forman parte de investigaciones doctorales, desarrollados en las provincias de Pichincha (cantones Pedro Moncayo y Cayambe) y Azuay (cantón Nabón). Para este documento se presenta una caracterización a partir del análisis de datos locales y censales del período 1990-2022 (INEC 1990; 2001; 2010; 2022) y de los resultados de la fase etnográfica, en donde se observó a familias dedicadas a la agricultura en escenarios de agronegocio y migración.
En el caso de Pedro Moncayo, mediante muestreo no aleatorio se seleccionó 12 familias que aplican diferentes estrategias ligadas a la producción agroecológica. La información detallada se obtuvo a partir de un proceso etnográfico, 14 entrevistas a profundidad aplicadas a productores, líderes y funcionarios del Gobierno Municipal, visitas de observación en las tres ferias agroecológicas y en la elaboración de canastas, y 17 entrevistas a consumidores.
En cuanto a Cayambe, el levantamiento de información que se presenta, corresponde a las etnografías ejecutadas en tres comunidades indígenas del cantón y la convivencia con ocho hogares productores. A la par, se ejecutaron 17 entrevistas a profundidad a miembros de las familias, autoridades municipales y líderes comunitarios, complementadas con la observación en asambleas comunitarias centradas en su organización y la defensa de los emprendimientos florícolas familiares.
En Nabón, se realizó un levantamiento etnográfico con cinco familias indígenas en la comunidad de Zhiña y cinco familias mestizas en la cabecera cantonal de Nabón. Se aplicaron 23 entrevistas a profundidad a los miembros de las comunidades, líderes y autoridades locales, una encuesta a 63 estudiantes de tercero de bachillerato en dos instituciones educativas, y observación en espacios de comercialización, eventos y reuniones de organizaciones locales.
Las unidades de análisis fueron las estrategias de reproducción social, comprendidas como el conjunto de prácticas que despliegan los hogares que hacen AF en diferentes contextos, con el fin de satisfacer ciertas necesidades y ampliar, mantener o fortalecer su posición (Bourdieu 2011) dentro del territorio (Haesbaert 2021). Por su parte, las unidades de observación en Pedro Moncayo fueron los hogares que hacen agricultura familiar agroecológica en un contexto territorial de exportación florícola. En Cayambe, los hogares dedicados a la producción y/o comercialización de flores cortadas para exportación y en Nabón, los hogares indígenas y mestizos que realizan agricultura familiar en un contexto migratorio.
Para observar los procesos de des-reterritorialización se utilizó un enfoque territorial dialéctico, que permitió dar cuenta de la mutua influencia entre estructura y acción social (Favareto et al. 2015) que da como resultado trayectorias situadas: individuales, familiares, sociales y territoriales a través de diversas escalas espaciales y temporales.
Los territorios en estudio
El cantón Pedro Moncayo se ubica en el nororiente de la provincia de Pichincha. Ocupa una superficie de 333 km², con altitudes desde los 1.735 a 4.269 msnm. Tiene una población de 40.483 habitantes, de los cuales el 67,9% son mestizos y el 29,6% indígenas. La población es 32% urbana y 68% rural. La cabecera cantonal, Tabacundo, se ubica a 51 km hacia el norte de Quito (capital de Ecuador). La división político-administrativa comprende una parroquia urbana y cuatro parroquias rurales.
El cantón Cayambe está ubicado en la zona norandina de Ecuador, a 75 km de Quito. Tiene una superficie de 1.198 km², con una orografía variada y altitudes que están entre 2.600 msnm en los valles y los 5.790 msnm en sus elevaciones. Cuenta con una población de 105.267 habitantes de los cuales el 62,4% son mestizos y el 35,4% indígenas. El 42% de la población es urbana y el 58% rural. La división político-administrativa está constituida por dos parroquias urbanas y seis rurales.
Estos dos cantones, además, están atravesados por los límites del territorio ancestral del pueblo indígena Kayambi y sus formas de gobierno comunitario y autónomo, interfaz que les confiere particularidades a nivel de prácticas y organización social.
El cantón Nabón está ubicado en la provincia del Azuay, a 69 km al sur de la ciudad de Cuenca. Tiene una superficie de 643 km2. Se trata de un territorio geográficamente accidentado entre los 1.600 y 3.500 msnm. Con una población altamente dispersa de 14.776 habitantes de los cuales el 61,3% son mestizos y el 38,13% indígenas del pueblo kichwa Cañari. El 9% de la población es urbana y el 91% rural. El territorio se organiza en torno a un municipio con cuatro parroquias y cuatro comunas indígenas que gestionan su espacio social y político alrededor del Cabildo.
Figura 1. Ubicación de los estudios de caso
Fuente: Elaboración propia en ArgGIS Pro
Pedro Moncayo, producción agroecológica en un contexto de agronegocio florícola
En el marco de la globalización y de las políticas neoliberales de las dos últimas décadas del siglo XX, el territorio de Pedro Moncayo se percibió propicio para el agronegocio florícola entre otros aspectos por su ubicación geográfica, la calidad del suelo, la existencia de agua y de mano de obra. En el cantón, la floricultura de exportación empieza en 1980 con la Empresa “Flores Mitad del Mundo” (GAD Pichincha 2015). Desde entonces, comienza una serie de cambios principalmente en lo económico, demográfico y productivo, pero también en lo paisajístico y social del territorio.
En lo económico, el punto de interés de los gobiernos pasa a ser la actividad florícola como alternativa de ingresos y de desarrollo. En lo demográfico, se produce un fenómeno inmigratorio desde distintas provincias del país, ya que la floricultura es una actividad altamente demandante de mano de obra, disminuye la emigración y se incrementa la tasa de crecimiento poblacional, en especial en el período 1990-2001 que fue del 4,43%, mayor que el crecimiento provincial y nacional, y se atribuye a la atracción laboral generada por la floricultura. En lo productivo, el avance de la floricultura en la zona del Pueblo Kayambi (en la que está incluido el cantón Pedro Moncayo), reemplaza parcialmente cultivos de cereales, producción lechera y crianza de animales menores.
En cuanto al paisaje, las transformaciones han sido evidentes porque el cultivo de flores se realiza bajo invernadero. También porque en Pedro Moncayo desde los años 1990 se ha localizado una gran parte de la producción florícola de Ecuador (Municipio de Pedro Moncayo 1995; Latorre, Hollenstein y Alvarado 2023). En el período 1990-2010, en este cantón se ubicó en promedio el 24,83% de la extensión de flores de exportación del Ecuador. Estas flores en su mayoría han sido rosas (hasta el 85%) y el resto claveles, gypsophila y flores de verano (Municipio de Pedro Moncayo 1995).
En el ámbito social, si bien la floricultura genera empleos con ingresos básicos y bajas tasas de desempleo (3% en 2010), su crecimiento en la última década del Siglo XX y en la primera del Siglo XXI, no contribuyó a disminuir la pobreza en el territorio. En 2010, la pobreza por NBI, fue más alta que el promedio provincial y nacional (tendencia que se ha mantenido en el tiempo). En el referido año 2010, la pobreza por NBI fue 71,9%, mayor que el valor de pobreza por NBI provincial que fue 33,5% y más alta que la pobreza por NBI nacional que fue 60,10%. En 2022, la pobreza por NBI cantonal fue 38,3% y siguió siendo mayor que el promedio provincial (15,9%) y nacional (31,4%). Otro fenómeno social y productivo ha sido el cambio en la condición de los trabajadores del cantón que se hicieron más dependientes de los ingresos percibidos por el trabajo asalariado florícola. En el periodo 1990-2010, el trabajo asalariado pasó de 45% a 77%, y disminuyó el trabajo por cuenta propia de 40% a 20%.
Para los pobladores de Pedro Moncayo, la actividad florícola por lo general no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida en el territorio. Por el contrario, ha sido el origen de varios problemas, como: “abandono de la producción agrícola, inmigración, problemas de vivienda e inseguridad, más abandono de los hijos, explotación por parte de los dueños de las haciendas, desarticulación de las Organizaciones y las familias” (GAD Pichincha 2015, 25). Sin embargo, también ha sido el impulsor indirecto de la organización de los agricultores, a finales de 1990 e inicios del 2000, por la “defensa del agua” y posteriormente en torno a la producción agroecológica de alimentos en la primera y segunda década del presente siglo.
En la actualidad, existen cuatro organizaciones activas, cuyos miembros se dedican a la producción agroecológica en especial de hortalizas, pero también de cereales como maíz, trigo y cebada; leguminosas como habas, arveja, chocho y fréjol; tubérculos andinos entre los que sobresalen papa y melloco; aguacate y otras frutas. Estas Organizaciones son: La Asociación de Productores Agroecológicos La Esperanza (ASOPAE), legalmente reconocida en 2015; la Asociación de Productores Agroecológicos El Buen Vivir de Pedro Moncayo, reconocida en 2016; la Asociación de Productores Agroecológicos de Pedro Moncayo, pertenecientes a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Cochasquí-Pedro Moncayo (UCCOPEM), organización de segundo grado reconocida desde 1984; y, la Asociación Sacha Potrero en proceso de legalización. En su mayoría están integradas por mujeres, en un 69 a 85%, excepto la Asociación Sacha Potrero en que el 90% son hombres, y conforman el Consejo Cantonal de Productores Agroecológicos de Pedro Moncayo.
Debido al contexto territorial florícola de exportación en que se ubica la producción agroecológica de Pedro Moncayo, los agricultores/as familiares aplican varias estrategias a nivel familiar o de hogares, de comercialización, organizativo e institucional, que facilitan su permanencia en el tiempo. Esto a pesar de la limitada disponibilidad de capital económico y escasa tenencia de tierra, características de los territorios rurales de la Sierra con alta minifundización. Las propiedades pequeñas, menores de 5 ha, corresponden al 78,91% de las UPA, y ocupan solo el 19,54% de la superficie agropecuaria (IEE SIGAGRO 2010 en IEE 2013).
La aplicación de estrategias familiares de los agricultores/as agroecológicos encuentra su base en el conocimiento sobre la agricultura familiar diversificada y en los saberes y prácticas que les han sido transmitidos de generación en generación. Otro aspecto, muy importante, es la disponibilidad de tierra, aun en pequeña extensión, adquirida en su mayoría por compra o herencia y pocas veces por préstamo de los familiares (sin que eso implique una producción al partir) y el acceso al riego. Estos elementos que son parte del capital cultural y económico (Bourdieu 2011), respectivamente, constituyen el punto de partida de los agricultores/as que han optado por la producción agroecológica.
Las estrategias a nivel de hogar se afianzan en la diversidad que permite la agricultura agroecológica constituida en Pedro Moncayo en su mayoría por cultivos hortícolas asociados, es decir, dos o más cultivos en la misma parcela, en extensiones que van desde 200 a 2.500 m2. Otras fortalezas son el cultivo de leguminosas como la arveja, o de cereales como el maíz que se cultiva asociado con habas, cebada y algunas matas de quinua o papa, o por el cultivo de maíz asociado con fréjol de chacra, y la inclusión de hierbas aromáticas y medicinales. Los cultivos en asocio y la complementariedad de algunos sistemas productivos mediante la crianza de animales menores (cuyes, chanchos, ovinos) e incluso de animales mayores (bovinos) en UPA de mayor extensión, así como, la inclusión de frutales o sistemas agroforestales (árboles y cultivos que crecen en un mismo espacio) distinguen a la producción agroecológica del monocultivo florícola.
En la parte laboral, la producción agroecológica por su diversificación permite el trabajo de varios miembros de la familia, incluso de la familia extendida. La contratación de mano de obra se da eventualmente cuando la mano de obra familiar no es suficiente. En la agroecología existe cierta especialización del trabajo familiar en función de su complejidad. En este sentido, actividades como la preparación del suelo para la siembra, deshierbe y control de plagas es realizada en su mayoría por los hombres (esposos o hijos), mientras que en las labores de cosecha y sobre todo en la comercialización participan más las mujeres. Sin embargo, la disponibilidad de mano de obra familiar se ve amenazada por la captación de sus miembros por las empresas florícolas o la implementación de sus propias plantaciones, lo que crea tensiones al interior de los hogares, tanto en la producción como en el uso de los recursos.
En cuanto al financiamiento, las estrategias (que son familiares y organizativas) están en los ingresos que genera la venta de hortalizas, frutos, granos o harinas y en especial en la venta de animales. Esto determina que los espacios productivos agroecológicos de mayor extensión, y a la vez más diversificados, sean más prósperos. Otra estrategia es el trabajo pluriactivo fuera de la unidad agroecológica, lo que les permite tener otra fuente de ingreso y dedicarse al trabajo en la parcela agroecológica en los tiempos libres, por lo general el fin de semana. A nivel organizativo les es posible obtener recursos mediante la participación en proyectos de instituciones como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Las estrategias a nivel de mercado son la venta de productos frescos con manejo postcosecha, o con valor agregado en el caso de las harinas de trigo, haba, la máchica o el tostado que se expenden en las ferias agroecológicas, y la entrega de canastas, especialmente en Quito, elaboradas según pedido. En los dos casos, se maneja presentación y peso para lograr la satisfacción de los consumidores y un mejor ingreso para el agricultor/a agroecológico. Otra estrategia es la venta de comidas tradicionales en los locales de la feria, lo que se conoce como “la gastronomía”, por lo general a cargo de las mujeres, para obtener una mayor ganancia a partir de sus cultivos y animales.
La persistencia de los agricultores/as familiares agroecológicos de Pedro Moncayo, se ancla en la organización y en las estrategias para generar enlaces con otros actores internos y externos para comercializar la producción mediante ferias y canastas agroecológicas. También, en la solidaridad derivada de la tradicional minga y de la normativa, estatutos, reglamentos y ordenanzas, así como, en la reciprocidad del “prestamanos” para las actividades de cosecha, y en el trueque o intercambio de productos.
A manera de conclusión, se establece que en Pedro Moncayo la agricultura familiar, desde las dos últimas décadas del siglo XX, ha experimentado dinámicas de desterritorialización y reterritorialización. El primer proceso, por la implementación del agronegocio florícola desde 1980 y su posterior expansión a partir de los años 1990, que dejó fuera a los agricultores familiares por razones coyunturales y estructurales. Mientras, la reterritorialización se manifiesta por la siempre presente agricultura familiar, en particular por la producción agroecológica iniciada en la primera y segunda década del siglo XXI, actividad que coexiste con la floricultura de exportación, en un contraste productivo de monocultivo florícola y de agroecosistemas alimentarios diversos.
Cayambe, un territorio modulado por el agronegocio florícola
En el caso de Cayambe, al igual que en Pedro Moncayo, el capitalismo globalizado se tradujo en la incrustación del agronegocio florícola, destinado a la producción y comercialización de flores cortadas para exportación en mercados de alto valor, a partir de monocultivos en extensiones de 2 a 20 ha, y dentro de los cuales, la población campesina indígena cumple el rol de mano de obra asalariada. La presencia de este actor extraterritorial, debido a las características propias de la producción como de los inversores que llegaron a la zona, potenciaron una serie de transformaciones semejantes a las expuestas en el caso anterior.
El principal cambio fue la conversión de su estructura productiva, la cual pasó de producir para el mercado local a orientar su producción por y para los mercados globales. Consecuentemente, se produjo una masiva proletarización de los jóvenes de hogares campesinos-indígenas, debido a que la floricultura requiere una gran cantidad de mano de obra en comparación con otros modelos de agronegocio. Esto se refleja en un importante crecimiento del trabajo asalariado en la agricultura, que pasó de representar el 37% de la población ocupada en 1990 al 83% en 2022.
La creación de empleo local ayudó a frenar la emigración de los jóvenes y atrajo a trabajadores nacionales e internacionales. Entre 1990 y 2001, la población creció a una tasa del 3,6%, superando la tasa nacional del 2,1%. Aunque en la actualidad, el crecimiento poblacional se ha desacelerado debido a una transición demográfica, Cayambe continúa siendo un polo de atracción poblacional. La disponibilidad de empleo asalariado, además, alimentó los discursos institucionales y empresariales sobre el progreso, desarrollo y alivio de la pobreza gracias a la presencia del agronegocio.
Si bien la pobreza por NBI, entre 1990 y 2022, se redujo del 86,65% al 39,80% en la población total y del 97,43% al 47,90% en la población rural, esta disminución no responde únicamente a su incidencia, sino a una serie de dinámicas en torno a otras actividades y actores territoriales como, por ejemplo, los encadenamientos productivos relacionados con la producción lechera. Sin embargo, la persistencia de la pobreza de las zonas rurales, demuestra que el impacto del agronegocio sigue siendo limitado e inequitativo, lo cual deviene en el fenómeno denominado por Castel (2014) como el “trabajador pobre”. Esta categoría describe la paradoja entre el aumento de la población asalariada y el mantenimiento o aumento de la pobreza, evidenciando la incapacidad de los hogares asalariados para cubrir sus necesidades.
Estas condiciones estructurales constriñen sus espacios de acción, debido al fracaso de los medios de vida existentes, las transformaciones en las subjetividades sobre las relaciones sociales, económicas y de consumo, y la profundización del minifundio (según el catastro municipal para 2022, el 95% de las UPA son menores a 5 ha). Como resultado, desde mediados de la década de 2010 se ha generado un proceso de inserción directa de los hogares campesinos en la floricultura, a través de los “emprendimientos florícolas” que se multiplicaron desde 2020 como respuesta a los impactos coyunturales de la pandemia del COVID-19.
La investigación evidencia que los emprendimientos florícolas son el resultado tanto del despliegue de la agencia de estos hogares y, en algunos casos, la acumulación de capital económico y cultural a través del trabajo asalariado florícola, así como de las condiciones estructurales que los empujan a “reinventarse” permanentemente para ganarse la vida. Estas explotaciones familiares se dedican a la producción y/o exportación de flores cortadas, en extensiones de entre 1.000 m² hasta 2 ha y se ubican en los predios rurales de territorios, bajo sistemas de autogestión comunitaria indígena. Su principal objetivo es la generación de ingresos para satisfacer las fluctuantes necesidades de sus hogares, para lo cual despliegan una serie de estrategias que oscilan entre la adaptación y la resistencia.
A nivel de los hogares, las principales estrategias desplegadas se relacionan con el aumento de su capacidad económica (tierra y financiamiento) y capacidad cultural (conocimiento). Con el fin de evitar la normativa comunitaria, que restringe a cada socio a un máximo de 5.000 m² de producción florícola, los hogares emprendedores registran tierras adquiridas por medio de la compra o que ya poseen, a nombre de otro familiar (socio de la comunidad). De este modo, logran expandir su cultivo y cumplen, aunque sea de forma engañosa, con la normativa local.
Por su parte, el conocimiento previo en floricultura no es indispensable para iniciar en este negocio. Esto se explica por una densa red de expertos, en las diferentes ramas necesarias, que se han conformado a nivel comunitario como resultado de la experiencia acumulada previamente en el trabajo florícola. Estos expertos ofrecen sus servicios a precios accesibles, sustentados en los lazos de solidaridad comunitaria.
Por otro lado, el conseguir financiamiento se convierte en uno de los mayores desafíos, dado que los montos requeridos ascienden a $12.000 dólares por cada 1.000 m² de cultivo y a $20.000 dólares para la implementación de un área de postcosecha. Entre las estrategias para obtenerlo, están el uso de los ahorros generados previamente en el trabajo asalariado florícola u otras fuentes, así como la venta de sus medios de vida, principalmente del ganado lechero.
La obtención de créditos constituye, en gran medida, el método más común de capitalización económica. Sin embargo, debido a los altos niveles de quiebra de los emprendimientos, las instituciones financieras han comenzado a denegar los préstamos. En respuesta, los hogares recurren a tácticas ambiguas, declarando que los fondos se destinarán a inversiones tradicionales, como la compra de ganado.
Este endeudamiento familiar, que duplica o triplica los montos de crédito comúnmente solicitados para otras actividades productivas, aumenta su vulnerabilidad debido a la baja capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras resultantes. Lo cual, deviene en que los hogares entren en una lógica de autoexplotación y/o en la inserción o mantenimiento de uno de los miembros de la familia dentro del trabajo asalariado, comúnmente florícola. A nivel del cultivo, además, se implementan diversas estrategias de ahorro, como modalidades flexibles de contratación laboral, reducción de gastos en materiales para infraestructura y ajuste en la compra de agroquímicos y fertilizantes. Sin embargo, la práctica de ahorro más común es la omisión del pago de regalías a los obtentores por las diferentes variedades de flores, especialmente rosas. Esto ha generado un conflicto latente entre los hogares emprendedores y el aparataje dominante local e internacional de este agronegocio.
Paralelamente, se despliegan otras prácticas que conjugan los conocimientos técnicos con la trayectoria productiva de la zona. Por ejemplo, el uso de abonos provenientes de los animales que forman parte del sistema productivo de la familia extendida, el compostaje del follaje que sale de las plantaciones, el uso de suero de leche como fertilizante y diferentes preparados naturales para el control de plagas.
Aunque la implementación de los emprendimientos y la producción son desafíos significativos para los hogares, los más complejos surgen al vender sus productos en los mercados de alto valor. Los hogares dedicados exclusivamente a la producción establecen relaciones comerciales locales, a través de la venta de su cosecha a hogares exportadores de sus comunidades o de comunidades vecinas, su selección se realiza en función de las relaciones de parentesco, confianza y del precio más alto ofrecido.
Por su parte, las exportadoras familiares, que se relacionan directamente con los mercados internacionales, deben desplegar estrategias más complejas. Una de ellas es disponer de una cartera de clientes, la cual depende de las habilidades para establecer conexiones mutuamente confiables, además de, capacidades para gestionar eficientemente los procesos logísticos y de cobranza. Para este fin, algunas cuentan con clientes que han conocido a lo largo de años en el trabajo asalariado florícola, mientras que, otras acuden a intermediarios o brokers para asegurar un mercado. La interrelación con los clientes, a su vez, requiere habilidades comunicativas entre las partes interesadas, a menudo en un idioma diferente al del hogar emprendedor. Los miembros más jóvenes de la familia suelen asumir esta tarea, utilizando plataformas y herramientas de traducción para mantener una comunicación fluida.
Ahora bien, llevar a cabo esta actividad también requiere de estrategias organizativas, las cuales ponen en marcha los vínculos de confianza y reciprocidad propias de las lógicas comunitarias indígenas. El caso más destacado es la organización que se ha establecido entre los hogares, sus asociaciones, parte de sus comunidades y la Confederación del Pueblo Kayambi. Esta cohesión ha enfrentado las presiones informales y jurídicas desde las empresas privadas o el Estado por el cobro de regalías para los obtentores.
La complejidad de estos arreglos evidencia que el mundo de vida de estos hogares no se mueve solo bajo una racionalidad de costo-beneficio, sino que transita por diferentes lógicas, afectos, historicidad e inequidades. Este negocio representa para las familias una oportunidad para demostrar sus capacidades, constantemente minimizadas desde una mirada racializada. Por otra parte, constituye la oportunidad para generar mejores condiciones de vida para sus hijos, quienes pueden aspirar a estudiar en universidades privadas y acceder a opciones profesionales más prometedoras que las que tuvieron sus padres. No obstante, también está presente el deseo de que sus hijos puedan alejarse de las actividades agrícolas y, en algunos casos, incluso del territorio.
La dinámica de des-reterritorialización que ha enfrentado la AF en la zona de Cayambe genera un constante movimiento entre la resistencia y la dominación, en el cual, la resistencia no siempre marca una ruptura tajante con la contraparte dominante, en este caso el agronegocio florícola. Así, la emergencia de los emprendimientos florícolas revela los matices de la reapropiación del espacio por parte de los hogares campesinos que experimentan una inclusión precaria caracterizada por la inseguridad, la vulnerabilidad y la incertidumbre.
Nabón, un territorio atravesado por la migración
En Nabón, la migración nacional y al extranjero se ha constituido desde mediados del siglo XX en una de las estrategias para asegurar la reproducción social y de los medios de vida de familias mestizas e indígenas dedicadas a la producción agrícola. Esto se debe, en parte al escaso acceso a la tierra. Para el año 2000 en Nabón, el 73,6% de las UPA tenían menos de 5 ha y accedían sólo al 11% de la superficie total, mientras que el 0,3% de las UPA tenían más de 200 ha y ocupaban el 51% de la superficie (INEC 2000). A estas últimas pertenece el territorio comunal indígena que accedía a 15.000 ha, la mayor parte con restricciones para uso agropecuario, por lo cual, solo unas 3.000 ha se repartían entre 1.455 familias, es decir tenían acceso a un promedio de 2 ha por familia (OFIS, UCIA, y PRODEPINE 2001).
El minifundio impide en muchos casos, hasta la actualidad, la obtención de recursos para mantener unas mínimas condiciones de vida. Así, en 2001, la pobreza por NBI a nivel urbano fue del 60% y la rural de 97,6%. En 2022, la pobreza urbana fue de 15,9% y del 76,8% la rural. La pobreza rural en Nabón en todos los casos siempre ha superado los indicadores nacionales. La reducción de la pobreza en Nabón se ha dado principalmente a nivel urbano, producto de la dinamización de la economía local a partir de las remesas, sin embargo, la pobreza rural persiste.
Esta situación consolida procesos de migración interna de tipo pendular. En el caso de los hombres hacia las plantaciones de banano, cacao y caña de azúcar en la costa ecuatoriana; hacia zonas de extracción minera y petrolera en el oriente y hacia las urbes de Cuenca, Machala, Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas para el trabajo como obreros de la construcción. En el caso de las mujeres hacia Cuenca para trabajos domésticos (OFIS, UCIA, y PRODEPINE 2001; GADM-Nabón 2022a).
Desde finales de los noventa e inicios del 2000 en el contexto de la crisis financiera del país, la migración al extranjero, muchas veces ilegal, se volvió una de las principales estrategias económicas. La migración fue inicialmente de hombres jóvenes, en especial indígenas, y que a partir de la pandemia del COVID-19 involucra a familias enteras, tanto indígenas como mestizas. Según la información censal, a nivel cantonal, entre 2010 y 2022 migraron 656 personas, de las cuales nueve de cada diez pertenecían a las áreas rurales y se dirigían a los Estados Unidos, de éstos, siete de cada diez eran jóvenes de entre 15 y 29 años.
Esta dinámica ha provocado un lento crecimiento de la población, con tasas de 0,55% entre 2001 y 2010 y de -0,06% entre 2010 y 2022. Entre 2001 y 2022 la población se redujo de 15.121 a 14.776 habitantes. Además, se generó un proceso de feminización de la población, que se evidencia en la existencia de 84 hombres por cada 100 mujeres y en el paso de la jefatura femenina del hogar del 33% en 2001 al 39% en 2022. Así como, el envejecimiento de la población, que se expresa en la existencia de un 34% de la población que se halla entre los 30 y 65 años y tan solo un 24% entre los 0 y 14 años.
Estos elementos impactan en la estructura de la ocupación. Entre 2001 y 2022 la población ocupada de más de 15 años se redujo de 5.065 personas a 4.625, es decir, hubo una contracción global de un 9%, pero en el caso de la población joven, entre 15 y 29 años, ésta se redujo en un 23%. Mientras que, en la ocupación por rama de actividad, el 69% de la población se dedicaba a la agricultura en 2001, y en la actualidad solo lo hace el 20%. En cambio, se ha incrementado la población dedicada al comercio, la construcción y los servicios, con porcentajes que representan el 10%, 17% y 30%, respectivamente.
En cuanto a las remesas que recibe el cantón, han pasado de $108.000 dólares en 2007 a $16,4 millones de dólares en 2023, con un promedio de $420,7 dólares por remesa (BCE 2023). Las remesas tienen impactos a nivel de las agriculturas familiares, sus montos y temporalidad varían de acuerdo con las oportunidades de empleo en el lugar de destino. Esta situación, condiciona el mantenimiento o no de la AF en el territorio. Si es el caso de un migrante exitoso, que llegó a su destino y consiguió trabajo, la familia puede prescindir de la AF u otra actividad productiva y volverse dependiente de este ingreso. Las remesas generalmente no se reinvierten en la producción, sino que se destinan al consumo cotidiano, suntuario y la construcción o adecuación de viviendas.
En el caso de hogares en los cuales los miembros migrantes han sido deportados, fallecen durante el trayecto o no tienen oportunidades laborales en el país de destino, la AF continúa siendo, aunque sea de forma marginal y transformada, una estrategia esencial para el sostenimiento de la vida. Así, la información recabada en campo demuestra que dentro de los hogares existe una reorganización de sus dinámicas familiares, productivas y socio-organizativas.
A nivel familiar, la migración de los hombres recarga el trabajo de las mujeres y de otros miembros de la comunidad en torno a los cuidados de los que se quedan (hijos, hermanos, sobrinos, nietos, personas de la tercera edad o personas con capacidades especiales) en ámbitos como la salud, la alimentación, la educación, entre otros. En el plano productivo, el trabajo pasa a ser desarrollado por las mujeres, personas de la tercera edad, niños y adolescentes. Situación que redunda en la reducción de las superficies de cultivos tradicionales como la papa, el maíz y otros cereales en beneficio de los pastos para ganadería de leche y animales menores, el cultivo de huertos agroecológicos intensivos y la producción bajo invernadero, actividades menos intensivas en el uso de mano de obra.
Parte de las ganancias de la producción, se destinan a la compra de insumos y se maximiza el uso de recursos propios, como la integración de restos de cosecha y estiércoles para los nuevos ciclos productivos. Además, se mantienen presentes las prácticas de reciprocidad comunitaria a través del trabajo solidario y el trueque. Una de las peculiaridades en cuanto a la redistribución de la producción, es el envío de productos tradicionales como cuyes, quesillo, maíz, harinas, tortillas de trigo, etc., a los migrantes establecidos en los lugares de destino, a través de couriers. Estos productos construyen vínculos transnacionales que mantienen vivos los afectos con las personas y el territorio.
En el plano financiero, las familias pueden recurrir a la solicitud de créditos para la producción, los cuales finalmente son utilizados para la migración de algún miembro de la familia. Las deudas pueden ser solventadas si la migración fue exitosa, caso contrario, el peso recae sobre unidades productivas empobrecidas, lo que puede generar incluso la pérdida de sus medios de vida como tierra o animales.
A nivel de prácticas comerciales, las familias se articulan a la provisión de alimentos frescos y preparados a nivel local, en ferias semanales que se desarrollan en los centros poblados parroquiales y comunales, además del mercado cantonal. Existen familias que ofrecen hortalizas a domicilio, para lo cual, recorren las calles del centro poblado con carretillas dos o tres veces por semana. Algunos jóvenes y mujeres dan valor agregado a productos lácteos a través de la elaboración de quesos y yogures. Parte de la producción excedente, se vende a intermediarios que la llevan al mercado mayorista (feria libre) o se incluye en canastas para entregas a domicilio en la ciudad de Cuenca.
En el plano organizativo, existen asociaciones de productores de hortalizas y fresas que participan en ferias agroecológicas de la ciudad de Cuenca, a través de su articulación con organizaciones de segundo grado que tienen acuerdos con los gobiernos municipal y provincial. Entre los limitantes a nivel de la comercialización están las largas distancias que se deben recorrer hacia los mercados, la falta de transporte y vías en buen estado, situaciones que dificultan y encarecen la producción familiar.
A nivel comunitario, las remesas se utilizan para el pago de peones, que suplen la ausencia de los migrantes en mingas, o el pago de multas. Además, se realizan donaciones para la construcción de infraestructura como sistemas de riego, adecuación de parques, caminos, iglesias, entre otros. Existe también una activa participación económica de los migrantes en las festividades comunitarias y religiosas de sus lugares de origen, a lo largo del año.
La migración al extranjero, en la actualidad ya no es solo una estrategia de supervivencia, sino una aspiración de futuro para un importante número de jóvenes. Según una encuesta aplicada en dos instituciones educativas, el 81% de los jóvenes de tercero de bachillerato en una institución urbana y el 97% de los estudiantes de una institución rural, quieren migrar cuando terminen sus estudios. Los objetivos son diversos y están entre ellos la reunificación familiar, encontrar empleo, estudiar y dejar atrás las duras condiciones del trabajo agrícola.
Finalmente, se puede decir que el movimiento simultáneo entre migrar o quedarse, entre producir o dejar de hacerlo, entre la inversión suntuaria o productiva de las remesas, evidencia un proceso permanente de des-reterritorialización. Este proceso reconfigura los espacios físicos y simbólicos de las familias y el territorio de Nabón, en un esfuerzo permanente por mantener su modo de vida y el de las siguientes generaciones.
Conclusiones
La Agricultura Familiar, como dimensión analítica, continúa siendo relevante para comprender las trayectorias de estos hogares que aún mantienen un modelo de organización de la producción en torno a la familia, estén o no completamente insertos en el mercado. No obstante, esta categoría no puede ser comprendida de forma estática, sino en su versatilidad y heterogeneidad, resultado de la interrelación entre diferentes proyectos de desarrollo locales y globales, así como con otros actores con los que coexisten en el territorio.
Por lo tanto, un acercamiento a la vida cotidiana de estos agricultores familiares, a través de estos tres estudios, nos permite percibir las transformaciones y continuidades de la agricultura familiar, que oscilan entre la relativa adaptación y la resistencia para generar agriculturas familiares diversas. También, para comprender las problemáticas persistentes y emergentes que deben enfrentar los agricultores/as a partir del despliegue de una serie de estrategias contradictorias y ambivalentes. Estas conjugan prácticas no-económicas como la reciprocidad, la solidaridad y el comunitarismo, con prácticas completamente insertas en la producción mercantil y los patrones de consumo del capitalismo globalizado.
La complejidad de los fenómenos sociales contemporáneos en los que se desenvuelve la AF, requieren de análisis situados que presten atención a la forma en que los hogares y sus miembros se articulan y experimentan diferentes escalas (globales, nacionales, locales, individuales) y la forma en que construyen respuestas a las problemáticas que enfrentan.
Los ámbitos del hogar, la organización y el mercado son escenarios privilegiados para este análisis dado que estas tres dimensiones constituyen, simultáneamente, espacios de cooperación y conflicto para la reproducción social de estos actores territoriales. Los casos expuestos, muestran cómo el hogar es el núcleo de la toma de decisiones sobre la vida de sus miembros, la creación de capacidades, así como el espacio donde se deciden las formas de producción, las relaciones que se establecen y los mecanismos para dar o no continuidad a sus sistemas de producción.
Por su parte, los vínculos con los mercados se presentan como espacios de relación y cooperación entre los distintos actores, pero también como espacios de competencia interna y con otros actores en la disputa por el control territorial. Los mercados permiten relaciones a distinta escala, entre productores y consumidores de distinto status social. También, funcionan como espacios en los que se materializa la reciprocidad mediante la práctica del intercambio de aquellos productos que no han sido vendidos o que son complementarios para quienes realizan el intercambio.
La organización permite a la familia articularse a redes territoriales para mejorar o ampliar su capital social, cultural y económico. Las relaciones de confianza facilitan la circulación de conocimientos tradicionales, científicos y expertos que aportan al mejoramiento de sus sistemas de producción, pero también posibilitan el acceso a recursos productivos y financieros que no se conseguirían de forma individual. Desde la organización, las relaciones de solidaridad y de complementariedad impactan los espacios territoriales. La minga, como mecanismo de trabajo colaborativo, puede reconfigurar los paisajes a través de obras de infraestructura, pero también fortalece lazos fraternos y crea comunidad. Sin embargo, la organización también puede ser el espacio de disputa por el poder y el prestigio que ofrece el liderazgo a otras escalas territoriales.
Finalmente, una perspectiva territorial dialéctica de la AF permite comprender las formas en que las familias a través de sus prácticas, sus identidades y su cultura enfrentan los procesos de des-reterritorialización. En el proceso, redefinen sus formas de existencia y reinventan sus estrategias productivas para persistir en territorios insertos en las dinámicas de los capitales globales, pero también evidencian su capacidad de impactar en el entorno y en las estructuras que ponen en riesgo su continuidad futura.
Agradecimientos
Las autoras del presente artículo agradecemos a la FLACSO por el apoyo económico y académico para nuestra formación doctoral y la investigación de campo. De manera particular a la Dra. Myriam Paredes y Dra. Sara Latorre por su acompañamiento como tutoras a lo largo de todo el proceso. Además, nuestra gratitud para las familias que nos permitieron compartir su espacio y su tiempo para acercarnos a sus realidades cotidianas e hicieron posible el trabajo que ahora presentamos.
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